La investigadora de la UAG y la activista Marina Reyna Aguilar participan en un encuentro virtual de instituciones con organizaciones civiles, durante el décimo informe periódico de México ante el CEDAW
Chilpancingo, Guerrero, 5 de junio de 2025. La investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Gela Manzano, denunció la omisión, falta de interés oficial y la justificación por usos y costumbres en los matrimonios infantiles, vigentes en Guerrero, en un encuentro virtual de instituciones con organizaciones civiles, durante la sustentación del décimo informe periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés) los días 17 y 18 de junio.
Por su parte, la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, también denunció que la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), antes encargada de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y de verificar el cumplimiento las medidas dictadas en cada entidad federativa, significa retroceso y opacidad en el manejo del mecanismo.
El gobierno de México rendirá cuentas el CEDAW en Ginebra, Suiza, donde defensoras de derechos humanos participan en mesas de trabajo, con un informe sombra, para contrastar la información que reporta el Estado mexicano.
Por ello, se realizó este encuentro, para presentar un resumen del informe sombra, donde participaron decenas de organizaciones de todo el país, sin la presencia de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Sí se presentaron, un enviado del CEDAW e integrantes de las organizaciones civiles, coordinadas por la cátedra Unesco de la UNAM.
La guerrerense Gela Manzano expuso lo relacionado con los matrimonios infantiles y forzados, entre otras prácticas nocivas, que incluyen el embarazo, así como la venta de niñas y adolescentes en México.
Señaló que el matrimonio infantil, que tiene entre sus características la diferencia de edad entre los contrayentes, vulnera no sólo derechos, sino que pone en peligro la vida misma de quienes lo padecen.
“En una emergencia de salud pública y una violación directa a los derechos humanos”. Enfatizó que es una realidad en comunidades de la regiones Costa Chica y Montaña.
Señaló que uno de los problemas por resolver es el no registro o subregistro oficial para documentar los casos de uniones tempranas, para terminar con la naturalización de la violencia hacia las niñas, sobre todo indígenas, que ha sido justificada por usos y costumbres.
Denunció que la práctica está apoyada por las autoridades locales y los gobiernos deberían implementar mecanismos de información y capacitación obligatoria para autoridades comunitarias, a fin de garantizar el cumplimiento de la prohibición del matrimonio infantil, para aplicar sanciones en caso de omisión o complicidad.
Añadió que en la prensa estatal han visto que las niñas que huyen de la explotación, que sufren en los matrimonios forzados, son obligadas a volver con el agresor por autoridades de la localidad.
Entre las propuestas, propone que se garantice la capacitación continua de los funcionarios del Registro Civil y de los síndicos municipales, en materia de derechos humanos.
Además de promover, en coordinación con el Poder Legislativo, una ley general que unifique la prohibición absoluta del matrimonio infantil en todo el país, que se impulsen políticas públicas interseccionales, sobre todo en el sector educativo, para prevenir la venta del matrimonio forzado y otras formas de explotación de niñas y adolescentes.
Recordó a los tres órdenes de gobierno que la omisión también lleva a la complicidad.
Riesgo para las Alertas de Género
En tanto, Marina Reyna Aguilar, también peticionaria de la Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida en Guerrero e integrante de la Red Nacional de Alertistas, consideró que las secretarías de Gobernación, que antes emitía las alertas, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, son las que deberían sustentar el informe de México.
Sin embargo, los trabajos serán encabezados por la nueva secretaria de las Mujeres.
De las alertas que son parte del informe sombra, explicó que, por la creación de la Semujer, se extingue el Instituto de las Mujeres, que las funciones de la Conavim serían ser absorbidas por la nueva subsecretaría de Igualdad Sustantiva.
Advirtió sobre nueve problemas que prevé aparecerán con los cambios en el seguimiento de las alertas decretadas en el país, dos de ellas en Guerrero.
Por ejemplo, indicó que no hubo un proceso transparente ni planificación adecuada de la absorción de la Conavim, ni se garantizó una estructura institucional, con capacidades técnicas y presupuesto, para asumir las funciones que desempeñaba.
“Lejos de garantizar la progresividad de los derechos, ha debilitado la protección estatal, al fragmentar funciones, reducir especialización y genera incertidumbre normativa”, explicó.
Aseguró que tampoco se ha actualizado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el nuevo modelo institucional.
Advirtió que hay una incongruencia con la Constitución y el decreto de creación de la Secretaría de las Mujeres, que compromete la estabilidad del mecanismo de alertas y amenaza con desarticular su implementación.
Texto: Lourdes Chávez
