Texto: DPA / Foto: EFE
Washington, DC, 19 de septiembre de 2018. Human Rights Watch instó hoy al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a cumplir con la orden judicial que le insta a readmitir al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), el colombiano Iván Velásquez.
“Una vez más, la Corte de Constitucionalidad ha defendido el Estado de Derecho en Guatemala y ha frustrado los intentos del presidente Morales de entorpecer el trabajo de la CICIG”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW, que instó al mandatario a “cumplir cabalmente” con la resolución judicial.
No hacerlo, añadió, sería razón suficiente para que la Organización de Estados Americanos (OEA) invocara la Carta Democrática Interamericana “con el objetivo de restablecer el Estado de derecho en Guatemala”.
La invocación de la Carta Democrática se hace cuando se considera quebrado el orden democrático en un Estado y puede llevar en último término a la suspensión del mismo en la organización hemisférica.
El presidente Morales lleva más de un año enfrentado a la comisión y a Velásquez, a los que acusa de injerencia en asuntos internos. Hace un año intentó ya sin éxito expulsar al funcionario después de que lo acusara de financiación ilegal de la campaña de 2015, con la que ganó la presidencia.
Este 4 de septiembre, cuando Velásquez se encontraba fuera de Guatemala en un viaje de trabajo, el mandatario anunció que no le permitiría el reingreso. La Corte de Constitucionalidad del país, no obstante, decretó el pasado fin de semana que debe hacerlo. Fue ese mismo tribunal el que hace un año frenó ya la expulsión de Velásquez.
La CICIG fue creada por la ONU y el Estado guatemalteco en 2006 y tanto ella como Velásquez gozan de un amplio reconocimiento internacional. La ONU y su secretario general, António Guterres, han respaldado siempre al funcionario.
El Gobierno de Morales pretende ahora que Guterres envíe una lista de candidatos para sustituir a Velásquez.
“Una vez más, la Corte de Constitucionalidad ha defendido el Estado de Derecho en Guatemala y ha frustrado los intentos del presidente Morales de entorpecer el trabajo de la CICIG”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW, que instó al mandatario a “cumplir cabalmente” con la resolución judicial.
No hacerlo, añadió, sería razón suficiente para que la Organización de Estados Americanos (OEA) invocara la Carta Democrática Interamericana “con el objetivo de restablecer el Estado de derecho en Guatemala”.
La invocación de la Carta Democrática se hace cuando se considera quebrado el orden democrático en un Estado y puede llevar en último término a la suspensión del mismo en la organización hemisférica.
El presidente Morales lleva más de un año enfrentado a la comisión y a Velásquez, a los que acusa de injerencia en asuntos internos. Hace un año intentó ya sin éxito expulsar al funcionario después de que lo acusara de financiación ilegal de la campaña de 2015, con la que ganó la presidencia.
Este 4 de septiembre, cuando Velásquez se encontraba fuera de Guatemala en un viaje de trabajo, el mandatario anunció que no le permitiría el reingreso. La Corte de Constitucionalidad del país, no obstante, decretó el pasado fin de semana que debe hacerlo. Fue ese mismo tribunal el que hace un año frenó ya la expulsión de Velásquez.
La CICIG fue creada por la ONU y el Estado guatemalteco en 2006 y tanto ella como Velásquez gozan de un amplio reconocimiento internacional. La ONU y su secretario general, António Guterres, han respaldado siempre al funcionario.
El Gobierno de Morales pretende ahora que Guterres envíe una lista de candidatos para sustituir a Velásquez.
