Ciudad de México, 16 de agosto de 2024. La Fiscalía General de la República afirmó que fue ilegal y clandestino el traslado de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a los Estados Unidos, ya que se realizó en un avión con matrícula clonada, cuyo piloto ocultó la información del vuelo en territorio nacional.
La dependencia hizo 11 pedidos de información al Departamento de Estado de EU sobre el vuelo en el que fueron extraídos del país los presuntos narcotraficantes, pero aseguró que hasta hoy, los estadounidenses no le han proporcionado ningún dato.
La solicitud de información la hizo porque, pese a las diligencias que llevaron a cabo los fiscales de la FGR en el Aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México —lugar del aterrizaje—, hasta hoy la Fiscalía no tiene certeza ni del número de matrícula de la aeronave ni quién es el piloto.
“El artículo 123 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de 5 a 40 años, al mexicano que cometa traición a la patria; señalando también que es responsable de ese delito, el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro País, o trasladarla fuera de México con tal propósito”, dijo la FGR en un comunicado.
“Las pruebas fundamentales para acreditar ese delito se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos de América; y están vinculadas directamente con un vuelo ilegal”.
Lo que sí dijo haber obtenido de fuentes de inteligencia, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), son los datos de la ubicación de la pista cercana a Culiacán de la que partió la aeronave.
EU solicitó a México la cancelación del proceso de extradición de El Mayo y el hijo de El Chapo
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Estados Unidos solicitó a México la cancelación del proceso de extradición de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán debido a que ya se encuentran detenidos en ese país.
Reconoció que a tres semanas de la aprehensión, el gobierno de Joe Biden no ha entregado a México la información que fue solicitada, para conocer los detalles de la salida de los capos y las posibles negociaciones que sostuvieron.
El Departamento de Justicia de EU da 11 días a El Mayo para oponerse a su traslado de Texas a NY
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció oficialmente que pretende trasladar a Ismael El Mayo Zambada de Texas a Nueva York, pero una jueza federal de El Paso aclaró ayer que el presunto capo del Cártel de Sinaloa puede oponerse.
La jueza Kathleen Cardone, de la Corte para el Distrito Oeste de Texas, le dio a Zambada García hasta el 26 de agosto para oponerse o aceptar la moción de la Fiscalía, que hoy mismo le anunció la intención de trasladarlo para que sea procesado en Nueva York.
“El gobierno buscó a la defensa de Zambada para conocer su posición, pero no hemos tenido respuesta”, admitió en su moción el fiscal Jaime Esparza.
Según la jueza, las reglas de procedimiento son claras en el sentido de que el acusado tiene 11 días para oponerse a cualquier moción de la Fiscalía, así que, por ahora, se limitó a “tomar en consideración” la solicitud del gobierno.
Las ventajas de un juicio en Nueva York, para el Departamento de Justicia, son evidentes, pues el juez Brian Cogan conoce a fondo el caso, y ya se cuenta con la experiencia logística y operativa en materia de testigos y jurados que permitió sacar adelante el proceso contra El Chapo.
La acusación contra Zambada en Brooklyn fue actualizada en febrero pasado y abarca un total de 17 cargos por narcotráfico a gran escala de más de 250 toneladas de cocaína exportada por cárteles colombianos como el del Valle Norte, el cártel de Luis Caicedo Don Lucho y el de la familia Cifuentes Villa.
También tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal, comenzando en 1989 e incluso hasta enero de 2024.
En la nueva acusación o indictment en Nueva York, el fiscal federal Breon Peace adelantó que se buscará embargar bienes equivalentes a 14 mil millones de dólares, el mayor monto que se ha expresado en un documento de este tipo contra un narcotraficante mexicano, aunque en la práctica, sólo algunos bienes pueden ser confiscados por las autoridades.
Texto y foto de archivo: Agencia Reforma
