El ex delegado Héctor Vicario “tiene que ver con trabajos millonarios que contrató y pagó, pero no se ejecutaron”, dice el trabajo periodístico del sobrecosto en las casas del fraccionamiento El Mirador, en donde se gastaron 414 millones y medio por 598 viviendas
Chilpancingo, 7 de septiembre de 2017.- En el noticiero matutino Despierta con Carlos Loret de Mola, en Televisa, dedicaron más de seis minutos al reportaje Constructoras cobran millones por viviendas que nunca hicieron para damnificados en Guerrero.
La información presentada por el titular del noticiero recordó que gobierno federal proyectó la construcción de mil 100 casas para familias guerrerenses damnificadas por la tormenta Ingrid y el huracán Manuel en 2013.
Sin embargo sólo se entregaron 598, pero se apunta que “se gastó como si hubiera hecho más de dos mil”. Por esas irregularidades, hay dos ex funcionarios inhabilitados por diez años cada uno: el ex delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Héctor Vicario Castrejón, y la ex coordinadora de delegaciones de la dependencia, Sheila Karin Ortega Muciño, por negligencia administrativa.
En el reportaje se hace referencia a la construcción del fraccionamiento El Mirador para el que se compró un terreno de más de 30 millones pesos, al que no se le hicieron estudios de impacto ambiental, considerado como una negligencia por el actual delegado de Sedatu, José Manuel Armenta Tello.
En el fraccionamiento El Mirador, cada casa costó 693 mil 144 pesos, cuatro veces más de lo proyectado por el gobierno federal, que estima este tipo de casas en 190 mil pesos.
En ese fraccionamiento se gastaron casi 36 millones de pesos en obra que no se ejecutó, 30 millones 205 mil del terreno, casi 103 millones de obras para minimizar el impacto al ambiente y 245 millones 430 mil pesos para la construcción de viviendas, infraestructura e introducción de servicios. En total se gastaron 414 millones y medio por 598 viviendas.
Es decir, que cada una costó 693 mil 144 pesos, casi cuatro veces más de lo proyectado por el gobierno federal que estima este tipo de casas en aproximadamente 190 mil pesos.
Además de que el proyecto de mil 100 viviendas, se redujo a 598. De esas 32 tienen que ser demolidas. También se gastó en obras millonarias para minimizar los efectos del impacto ambiental.
En julio de 2015, la Sedatu otorgó a la empresa dos contratos para realizar las obras de mitigación de daños por más de 21 millones de pesos y otro por 78 millones, principalmente para muros de contención, se recordó en el reportaje.
Del sobrecosto de El Mirador “tiene que ver, principalmente, con trabajos millonarios que el ex delegado Héctor Vicario contrató y pagó, pero no se ejecutaron”.
Se precisa que la empresa Jumen S.A de C.V. recibió más de 14 millones de pesos como adelanto para la construcción de 252 viviendas, construcción que nunca empezó, pero el representante legal de la empresa argumenta que es imposible devolver el dinero pues se utilizó para la construcción de otro fraccionamiento, también encargado por Sedatu.
También se precisa que los servidores públicos encargados de atender las funciones del Programa Fondo de Desastre Naturales, Fonden, no realizaron la debida supervisión, seguimiento y control a los contratos cancelados o no ejecutados, “lo que se podría derivar en posible daño patrimonial al erario federal”.
En el reportaje se apunta que la misma irregularidad ocurrió con la empresa CASAFLEX, a la que el gobierno federal le dio dos contratos para la construcción de 367 viviendas, en total, recibió 21 millones 560 mil 275 pesos que incluían los adelantos y un pago adicional.
La Sedatu denunció y solicitó el reintegro del dinero pues CASAFLEX no entregó una sola casa, en ese caso la investigación continúa
Texto: Rosalba Ramírez García
Imagen: Cámara de Diputados en Internet
