Corrupción, tráfico de influencias, simulación de los directivos en la solución de los conflictos, así como “trampas legales” y complicidad de abogados litigantes y directivos, hay detrás de los laudos laborales ganados por ex trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobach), que rebasan los 120 millones de pesos, casi el 50 por ciento del presupuesto anual de la institución, que es de 294 millones.
El 18 de mayo, el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado (STPS), Oscar Rangel Miravete, reveló a El Sur que instituciones como el Conalep, el Colegio de Bachilleres y los institutos Estatal de Cancerología y de Oftalmología “están en riesgo de sufrir embargos millonarios a causa de los laudos de ex trabajadores que fueron recontratados de manera irregular”, y que, sin embargo, mantienen sus demandas en contra de esas instituciones.
De las cuatro instituciones que mencionó el funcionario, el caso emblemático es el del Colegio de Bachilleres, al que el propio secretario Rangel Miravete calificó como “foco rojo” porque “ha habido abogados que han cometido fraudes”, dijo sin mencionar nombres.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García, informó que la dirigencia de ese sindicato ha tomado conocimiento sólo de unos 60 casos de ex trabajadores que han demandado y que reclaman el pago de 120 millones de pesos por laudos laborales que han ganado.
Pero aclaró que la cifra es conservadora y que podría ser mucho mayor, porque los trabajadores que no son sindicalizados no notifican a la organización sindical sus demandas, por lo que la deuda del Cobach por los laudos laborales podría rebasar los 200 millones de pesos, aclaró.
El dirigente sindical informó que las demandas laborales se han acumulado porque las autoridades del colegio no procuran la conciliación, aunque dijo que en algunos casos los directivos ya firmaron convenios con los ex trabajadores a quienes les están pagando quincenalmente entre 10 mil y 15 mil pesos.
Explicó que el sindicato sólo interviene -en el caso de los trabajadores sindicalizados- en la primera etapa que es de conciliación, pero cuando no hay arreglo y el trabajador decide irse a juicio, éstos buscan su abogado particular.
Para conocer el número preciso de demandas y el monto de la deuda por los laudos, el reportero buscó el 23, 24 y 25 de mayo al director general del Cobach, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, y al director del Jurídico de la institución, René Castro Barrera, pero se negaron a recibirlo.

Un caso emblemático

Dos de los abogados que llevan el mayor número de demandas laborales de los ex trabajadores del Cobach son Fausto Solís Tavira y Carlos Barbosa Guzmán.
Solís Tavira fue director jurídico del Cobach cuando estuvo al frente de la dirección David Guzmán Maldonado, actual secretario de Planeación y Desarrollo Regional del gobierno del estado. El gobernador era el actual senador del PRI, René Juárez Cisneros.
Tras su despido, al término de la administración estatal, Solís Tavira demandó al Cobach ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y después acudió ante el Juzgado Séptimo de Distrito para interponer un amparo que fue resuelto a su favor en el 2009 e incluso emitió una sentencia en la que pide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ejecute el embargo a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado para que se cubra el adeudo al ex funcionario por 20 millones de pesos, instancia que desacató la resolución.
El año pasado, el Segundo Tribunal del XXI Circuito de Chilpancingo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligue a la SEP a ejecutar el embargo por el laudo laboral en favor del ex trabajador del Cobach, despedido en el 2005.
Sin embargo, la SEP también desacató esta sentencia ejecutoria dictada por la justicia federal.
Fuentes del Cobach informaron que la resolución del incidente de inejecución de sentencia 30/2013, del tribunal en materia civil y de trabajo, estableció la separación del cargo del titular responsable y ordenó consignarlo ante el Juez de Distrito, por la negativa a ejecutar la sentencia que concedió el amparo al ex funcionario por el monto de 20 millones de pesos. El sancionado sería el entonces titular de la SEP, Emilio Chuayffet.
El caso del ex funcionario del Cobach, Fausto Solís, llegó hasta la SCJN luego de que las autoridades de la SEP no acataron la sentencia de ejecutoria de embargo de recursos al gobierno del estado, primero en la administración de Zeferino Torreblanca y luego en la de Ángel Aguirre Rivero, pues desde el 2008 el gobierno del estado se había venido negando a cumplir la resolución del laudo que dictó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo.
La fuente del Cobach confirmó que, finalmente, la dirección general “negoció” y firmó un convenio para el pago del laudo a Solís Tavira, quien, además, fue reinstalado debido a que era otra de sus demandas en el juicio.
Actualmente el abogado cobra el laudo y su salario como trabajador, según la fuente.
El despacho de Solís Tavira también encabeza 21 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de ex trabajadores que fueron despedidos al concluir la dirección de Guzmán Maldonado y a la llegada del gobernador Zeferino Torreblanca.
En todos los casos la autoridad laboral dictó el laudo a su favor, aunque, según la fuente, las autoridades estatales se han negado a acatar algunas de las sentencias.

Irregularidades del patrón y de la autoridad, dice Barbosa

El otro de los abogados, Carlos Barbosa Guzmán, promueve, por su parte, cinco juicios laborales en contra del Cobach. Dos expedientes son el 416/2007 y el 521/2014 por demandas de un solo trabajador, Enrique Vega.
También el 168/2015 de la ex trabajadora Natividad Nicasio, la 9/2016 de la ex trabajadora Petra Escorzia y el 57/2016 de la ex trabajadora María Trinidad.
Consultado con respecto a las declaraciones del secretario del Trabajo, Oscar Rangel Miravete, en el sentido de que algunas instituciones como el Cobach “están en riesgo de sufrir embargos millonarios a causa de los laudos de ex trabajadores que fueron recontratados de manera irregular, aseguró que las irregularidades y las trampas vienen del patrón y de la autoridad laboral, no de los abogados ni de los ex trabajadores que demandan.
El abogado declaró que en todos los casos es el patrón, con la complicidad de la autoridad laboral, el que mediante trampas alarga los juicios pensando en que cuando se llegue el momento de pagar por resolución judicial, ya no estarán al frente de la dirección.
Dijo que los casos que lleva se han retenido por varios amparos interpuestos por la dirección del Colegio de Bachilleres, mientras que la Junta de Conciliación y Arbitraje ha desechado pruebas que, a su vez, son atacados con amparos a los que recurre la representación legal de los trabajadores.
Por ejemplo, Enrique Vega, quien fue despedido cuando era director José Luís Parra Mijangos, en el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, demandó su reinstalación y el pago de prestaciones sociales. En el 2014 fue reinstalado pero ese mismo año fue nuevamente despedido, cuando fungía como director Juan Salgado Tenorio.
Según el abogado Barbosa Guzmán, el despido fue para que dejara el espacio y lo ocupara otra persona con la que el director en turno tenía que cumplir “compromisos políticos”.
Ahora el mismo Enrique Vega promueve dos juicios a la vez en contra del Cobach, el primero fue el 216/2007 en el que demandó su reinstalación y prestaciones sociales, y el segundo el 521/2014, en el que demanda salarios caídos y su reinstalación a consecuencia de su segundo despido.
Mientras tanto, en el juicio 168/2015, Natividad Nicasio demandó una prestación contractual, que consiste en el 50 por ciento de las 40 horas que cubría para su hijo, debido a que ella se jubiló. La prestación está establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Sin embargo la dirección del Cobach pretextó que la propuesta de la trabajadora jubilada no cumple el perfil, “cuando en años anteriores se han hecho negociaciones privadas con trabajadores jubilados a quienes les han entregado las horas sin importar el perfil ni profesión”, aseguró el abogado.
Agregó que las negociaciones avanzan en casos como estos, mientras haya buena relación con la dirigencia sindical.
Pero en este caso explicó que la demanda fue presentada en junio del 2015 y que apenas se va a llevar a cabo la primera audiencia para el ofrecimiento de pruebas, “mientras tanto, las 40 horas que cubría Natividad Nicasio las está cubriendo de manera irregular un recomendado de la dirección”, denunció Barbosa Guzmán.
El abogado rechazó que los laudos acumulados sean por “demandas irregulares”, pues dijo que ninguno de los trabajadores quiere que lo corran en estos tiempos, como tampoco es el que promueve que se prolonguen los casos, por el contrario, él quiere seguir en su empleo o cuando es despedido desea que su asunto se desahogue de inmediato.
Sin embargo, insistió que siempre es el patrón con la complicidad de la autoridad laboral el que prolonga los juicios; el primero recurriendo a amparos para evitar los laudos y la segunda poniendo plazos largos para las audiencias o desechando pruebas para alargar los juicios a petición del patrón.
Dijo que esto ocurre porque los directivos no duran en el cargo y siempre están pensando en que paguen los funcionarios que vendrán después.
Añadió que también hay incapacidad y trampas de los abogados y el jurídico de la institución. Aseguró que hay casos en los que el jurídico ha llegado a la alteración de actas, mientras que la autoridad laboral no cita a propósito a testigos para las audiencias, por lo que son los ex trabajadores a través de sus abogados los que tienen que recurrir a amparos para que la autoridad dé celeridad a los juicios.
“Las irregularidades y trampas las pone el patrón y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no los trabajadores ni sus abogados”, respondió Barbosa Guzmán al secretario del Trabajo, Rangel Miravete.
En este ambiente de crisis en el Cobach por los laudos perdidos, el secretario general del Sutcobach, Ramírez García, declaró que se viene a sumar el hecho de que el presupuesto no aumentó en este 2016 y que la institución sigue trabajando con el del 2015 que es de 294 millones de pesos.
Denunció que todo esto ha venido a afectar las prestaciones de los trabajadores.
Una de ellas es el pago de apoyo a familiares de trabajadores fallecidos o a los jubilados, que asciende a más de 70 millones de pesos. Informó que para el 2016 se requiere de una cantidad similar para esos mismos conceptos.
Asimismo está pendiente la entrega de un bono administrativo para alrededor de mil trabajadores, por concepto de antigüedad laboral, y está pendiente también el proceso de  recategorización.
Otra prestación pendiente es el bono administrativo, que sería de acuerdo con la zona económica.
El dirigente sindical culpó a la dirección de la institución porque dijo que hace falta labor de conciliación con los trabajadores que demandan, pero que también hay casos en los que hay complicidad de los directivos con los abogados que demandan.
“Hay una desatención de las autoridades, dejan que corra el tiempo y que los juicios se prolonguen, bajo la idea de que como no son permanentes en el cargo, cuando los trabajadores ganen los juicios ellos ya no van a estar y les tocará a otros pagar”, dijo.