Luis Daniel Nava

Chilapa

La Operación Relámpago, del 6 de marzo de 1990, puesta en marcha por el gobernador priista José Francisco Ruiz Massieu, para reprimir y terminar con el conflicto poselectoral en 24 municipios, fue documentada por el académico y activista Abel López Rosas.
A 33 años de distancia, el investigador plantea en entrevista, al ahora senador Félix Salgado Macedonio, protagonista de esa época, y a su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “¿Cuál es su compromiso con el esclarecimiento y la aplicación de la justicia de esos actos de represión, de los que el entonces diputado federal fue testigo?”.
Se trata de la investigación titulada Ahora es el pueblo el que tiene el poder: los ayuntamientos populares de Guerrero 1988-1990, con la que Abel López obtuvo el grado de maestro en Historia y Etnohistoria, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 2022.
López Rosas es parte de la Organización Campesina Vicente Guerrero, creada por el finado líder social Ranferi Hernández.
López Rosas es licenciado en Historia por la UNAM. En 2020 presentó la tesis Cuando la lucha es el deber. Esbozo biográfico político de Ranferi Hernández Acevedo (1953-2017), para graduarse como maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En la investigación acerca de los ayuntamientos populares, el investigador contextualiza el conflicto derivado de los resultados de las votaciones locales de diciembre de 1989, desde la lucha cívica y electoral de 1960, la creación del Frente Democrático Nacional y las elecciones presidenciales de 1988.
Algunos protagonistas de esta etapa política y de represión en Guerrero aún hacen vida política, a 33 años de distancia, como el caso del senador por Morena, Félix Salgado, y el priista Rubén Figueroa Alcocer.
También Eloy Cisneros Guillén, en aquella época presidente municipal popular en Ometepec; Saúl López Sollano, ex coordinador regional del PRD, o Adela Román Ocampo, jueza penal y ex alcaldesa de Acapulco.
Del mismo modo aparecen Ranferi Hernández, ese ese tiempo nombrado presidente popular de Ahuacuotzingo, y Guillermo Sánchez Nava, quien era diputado del PRD.
El primero fue hallado asesinado el 14 de octubre de 2017, en Chilapa, junto a su esposa, suegra y ahijado. El segundo se encuentra en estado vegetativo, a causa de una salvaje agresión por parte de brigadistas del PRI y trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, el 11 de enero de 2011.
De noviembre de 1989 a marzo de 1990, el maestro en Historia documentó 21 militantes perredistas asesinados, cuatro personas desaparecidas y una cantidad importante de personas golpeadas, torturadas y encarceladas.
Ante los cuestionados triunfos de los candidatos del PRI y su toma de protesta en enero por el Consejo Estatal Electoral (CEE), los pobladores que estaban en protesta permanente contra lo que consideraron fraude, decidieron conformar ayuntamientos paralelos, llamados constitucionales populares.
Esta figura contaba con el respaldo de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Rosalío Wences Reza; de la nacional de Heberto Castillo, así como de la entonces poderosa figura nacional de oposición: Cuauhtémoc Cárdenas.
El primero se constituyó y ratificó en Coyuca de Benítez, en diciembre de 1989, y enero de 1990. El presidente popular fue Roberto Salinas Herrera.
Para los militantes perredistas la legitimidad estaba fincada en el apoyo del pueblo, en esa asamblea y no en los resultados de la CEE. Contaba con la aprobación de los comités municipales del Frente Cardenista para la Reconstrucción Nacional (FCRN), Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), indica el texto.
Sin ser reconocido por el gobierno estatal, el Ayuntamiento popular se sostuvo con el apoyo de la población. Se celebraron audiencias públicas, se rehabilitó el mercado con el cobro de impuestos y empleó a la población para levantar obras.
En el mismo enero, los ayuntamientos paralelos se instalaron también en Ometepec, Florencio Villarreal, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la región de la Costa Chica; Tixtla, Mártir de Cuilapan, Juan R Escudero y Leonardo Bravo, en la región Centro; Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande; Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala, en la Tierra Caliente; Ahuacuotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec, en la región Montaña; Teloloapan, Cuetzala y Cocula, en la región Norte.
Ya en marzo, luego de una serie de infructuosas negociaciones, falsas promesas y marchas de perredistas por los asesinatos de sus compañeros y manifestaciones en apoyo al gobierno estatal de sus organizaciones, se preparó en el discurso una justificación a la acción represiva por venir.
Hubo dos avisos. La primera por parte del líder estatal del PRI, Rubén Figueroa, quien declaró tres días antes, en una marcha de huestes priistas, que el 6 de marzo “posiblemente” habría una solución en 10 municipios tomados por militantes perredistas y de otros partidos de oposición.
La segunda del líder del Congreso, Israel Soberanis, quien aseguró recibir una carta del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, donde exigía liberar a perredistas detenidos.
Así narra Abel López la operación Relámpago del 6 de marzo de 1990: “El gobernador Francisco Ruiz Massieu dio luz verde para reprimir a los pobladores que sostenían los ayuntamientos populares y desalojarlos de los palacios municipales. Como si se tratara de un enfrentamiento con un grupo armado”.
“El gobierno estatatl llamó Relámpago a la acción policiaca, por medio de la cual la policía antimotines y la policía judicial recuperaron por la fuerza ocho de los 24 ayuntamientos tomados por los militantes perredistas”.
“El operativo fue efectuado entre las 3 y las 6 de la mañana. Participaron 800 elementos coordinados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública de Guerrero, y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial”.
Los ayuntamientos populares desalojados fueron Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R Escudero. Las acciones más cruentas fueron en Ometepec y Florencio Villarreal, indica el texto.
“Eloy Cisneros, presidente popular en Ometepec, declaró que fue torturado por dos días en un penal de Acapulco. La juez tercero penal, Adela Román Ocampo, le informó que se le acusaba de usurpación de funciones y uso indebido de documentos, que cometió al proclamarse presidente popular; fijó una fianza de 50 millones para que pudiera llevar el proceso en libertad”, agrega la investigación.
El mismo día, el gobernador Francisco Ruiz Massieu manifestó: “El estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
El secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero machacó en un comunicado: “Los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales dan por terminadas las acciones ilícitas, como ayuntamientos ‘paralelos’, supuestas policías ‘populares’, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía, así como arrestos administrativos sin justificación”.

El acto de represión política sentó las condiciones para la disolución de los 14 ayuntamientos populares restantes, en algunos, con la entrega de sindicaturas y puestos administrativos a perredistas.
El investigador de la ENAH explica en entrevista, que detrás de la decisión de iniciar la operación también estuvieron los siguientes funcionarios priistas: José Rubén Robles Catalán, procurador de justicia; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
En ese contexto, Félix Salgado era diputado federal, cargo al que llegó en las elecciones de 1988. Participó en las movilizaciones para exigir el reconocimiento del triunfo de los candidatos del PRD en las elecciones locales de 1989 y estuvo presente en algunos de los ayuntamientos populares.
El académico Abel López se cuestiona, a 33 años, cuál es el compromiso del ahora senador Félix Salgado y de su hija Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, con el esclarecimiento y aplicación de justicia de los actos de represión de los que el propio senador fue testigo.
En el ámbito federal, añade, hay una investigación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, un instrumento de la Comisión de la Verdad, decretada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de 1965 a 1990.
“El gobierno federal también tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos represivos, ubicar a los responsables y reparar el daño cometido contra las personas afectadas”, finaliza el investigador en movimientos sociales y armados en México.
El trabajo completo se puede encontrar en la siguiente liga: https://enah.academia.edu/AbelLópez