En dos años y cuatro meses en el cargo, el ahora ex fiscal Javier Olea Peláez tuvo desencuentros con un antecesor, fue objetado en sus dichos por el gobierno estatal y familiares de víctimas, exhibido por realizar mal el proceso para desaforar y después detener a un diputado acusado de homicidio, y deja sin resolver en pleno proceso electoral los casos de por lo menos 14 asesinatos de aspirantes y precandidatos a cargos de elección popular, cometidos en menos de un año.
El 10 de diciembre de 2015 el Congreso del estado designó a Javier Olea como fiscal por seis años improrrogables que debió concluir hasta el 2021; a su favor votaron 20 diputados del PRI, ocho del PRD, cinco del PVEM, dos del PT y el único del PAN.
El nombramiento se dio entre en medio de señalamientos debido al conflicto de intereses que implicaba su cargo, pues fue el abogado del ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, quien tenía una orden de aprehensión por el homicidio del diputado federal priista Moisés Villanueva de la Luz y su chofer, y como fiscal estaba obligado a detenerlo.
Bajo la defensa de Olea Peláez, Willy Reyes enfrentó un juicio de desafuero en el Congreso, a solicitud del entonces procurador Alberto López Rosas, pero nunca procedió, y terminó su mandato como alcalde y se dio a la fuga. Finalmente fue detenido el 11 de enero pasado.
En la sesión en la que se le tomó protesta a Olea Peláez, el entonces coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, insistió en que existe una averiguación previa contra Olea Peláez en la Procuraduría de Tabasco por peculado y uso de recursos ilícitos, y exhibió el expediente en tribuna.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros adelantó que “los resultados en materia de procuración de justicia serán desastrosos”, y advirtió un retroceso en esa materia.
Mejía Berdeja recordó Javier Olea ha defendido a delincuentes, asesinos, defraudadores y políticos corruptos.
En tribuna, el ahora candidato a diputado federal en el distrito electoral federal 04 dijo que recibió amenazas en el proceso de designación del fiscal, “varias gentes me han dicho: no te metas con Olea, te va a ir mal. Y hay compañeros que me han manifestado que le tienen miedo a Olea”, aseguró.
Durante más de dos años, Ricardo Mejía fue el principal critico de Olea Peláez, durante ese lapso, las fracciones del PRI y el PVEM defendieron el trabajo del ahora ex fiscal y detuvieron o bloquearon en el pleno decenas de exhortos para que atendiera casos particulares o rindiera informes de avances en diferentes casos.
Finalmente lograron que el fiscal compareciera ante diputados en junio de 2017, donde adelantó una serie de acciones como la detención de los asesinos materiales del ex presidente del Congreso Armando Chavarría Barrera, y justificó la falta de resultados por la insuficiencia de recursos materiales y humanos.

Los desencuentros

De los casos más recientes en los que el fiscal fue exhibido fue el del asesinato los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes en Taxco. Javier Olea Peláez se aventuró a presentar una hipótesis de los homicidios y en conferencia de prensa insinuó que el crimen se cometió porque un sacerdote fue vinculado con algún grupo de la delincuencia.
“El sacerdote Germaín Muñiz García, fue fotografiado portando un arma de fuego de grueso calibre, y en otra fotografía en compañía de hombres fuertemente armados, pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte de Iguala”.
Destacó que dichas fotografías “circularon durante mucho tiempo en las redes sociales, de lo que deviene que tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como, la nota que acompañaba a dichas gráficas, relacionándolo con uno de los grupos delictivos de la referida zona”.
Pero a menos de nueve días, y tras la protesta de la jerarquía católica en la entidad, en un comunicado se rectificó lo que dijo Olea el martes 6 de febrero, “se tiene conocimiento que existió un conflicto durante el baile, de diversas personas con el grupo de personas que acompañaban a los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes”.
Entre los casos en los que el fiscal fue evidenciado, fue en un video que se presentó en el noticiario de Televisa En Punto. El ahora ex fiscal señaló que “el Tequilero número uno”, el líder del grupo era el entonces diputado local priista Saúl Beltrán Orozco.

En el noticiero conducido por Denise Maerker se mostraron imágenes de una reunión del fiscal del estado con representantes de pobladores de San Miguel Totolapan, en el que dice: “Tengo perfectamente la radiografía, y ya les dije, El Tequilero número uno se llama Saúl Beltrán Orozco, punto, pero tiene fuero”.
El diputado local priista con licencia Saúl Beltrán Orozco, nunca fue detenido debido a que el Ministerio Público en representación de la FGE realizó el procedimiento al revés: primero solicitó a un juez la orden de aprehensión contra el legislador con fuero, y después el juicio de procedencia al Congreso para quitarle la inmunidad al político acusado de ser jefe del grupo criminal Los Tequileros de la Tierra Caliente.
Javier Olea después dijo que el agente del Ministerio Público que consignó la averiguación y la juez que libró la orden de aprehensión contra el diputado priista Saúl Beltrán fueron amenazados o recibieron dinero de un grupo criminal contrario a Los Tequileros, a lo que el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, dijo que el Poder Judicial “no es servilleta de nadie”, para que quieran limpiarse las manos con él.
Mientras que entre sus dichos más criticados estuvo el de “vamos a darle pa’ bajo al Tequilero”.
El 23 de noviembre, Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, una semana antes ese grupo había secuestrado a 10 vecinos de esa localidad.
Ahí el fiscal les dijo a los familiares de las víctimas y a los vecinos que la orden que llevaba del gobernador Héctor Astudillo Flores no era detener al líder criminal Raybel Jacobo Almonte, sino “acabarlo, darle pa’bajo” de acuerdo a un video en el que se observa a Javier Olea hablando con los pobladores.
Pero el 28 de noviembre, el gobernador le corrigió la plana al fiscal y negó haber ordenado ejecutar al líder criminal Jacobo Almonte: “no son comentarios que yo le dije que hiciera, pero el fiscal también tiene muy claro que tiene la responsabilidad de detener, procesar en este caso a quienes violenten la ley y, por supuesto, hay que bajarlo de la sierra, no otra cosa. Esa fue la petición que le hicimos”, aseguró Astudillo Flores.
Un mes después Olea Peláez visitó San Miguel Totolapan, y cambió su primera declaración, dijo que la intención de la operación policiaca era “detener” a El Tequilero, no “acabarlo” ni tampoco “darle pa’ bajo”.
Javier Olea reconoció también que la policía ministerial está infiltrada por la delincuencia organizada y que eso lo limitaba en el cumplimiento de su deber, incluso dijo que estaba molesto y que se sentía impotente por eso.
Otra polémica que ocasionó el fiscal fue por el caso de la privación de la libertad y el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, en la que afirmó que se trató de “un crimen pasional”.
La declaración precipitada del fiscal se dio apenas se confirmó que el cuerpo hallado en playa Majahua de Zihuatanejo era de la directora de microzona del IMSS en la Costa Grande, e informó que había dos líneas de investigación: un crimen “pasional” o porque investigaba la pérdida de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco.
Finalmente, el 25 de octubre el fiscal confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco, como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora, y rectificó, dijo que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora Rivas.
El fiscal Olea también se confrontó por sus declaraciones con el ex procurador Alberto López Rosas a quien lo acusó de ordenar el ataque a los normalistas en la Autopista de El Sol ocurrido en diciembre de 2011, donde fueron asesinados dos estudiantes en el desalojo armado.
El 13 de diciembre de 2016, el fiscal arremetió contra el entonces asesor del alcalde de Acapulco Evodio Velázquez, y lo acusó de intervenido para que se integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos, para obtener “protección federal” y manipular las pruebas que existían en su contra.
En consecuencia, López Rosas señaló Javier Olea de violentar sus derechos humanos, por lo que presentó una queja ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) contra el fiscal Olea, en la que exigió al fiscal una disculpa pública y que se retracte de esas acusaciones.
Y en noviembre de 2016 Javier Olea declaró que los empresarios de Zihuatanejo “exageran” en la denuncia que hicieron de inseguridad, porque el problema en la ciudad “no es tan grave”, luego de que el 28 de octubre un centenar de negocios de diversos giros de la zona comercial de Ixtapa y las comunidades costeras más pobladas del municipio –San José Ixtapa, Pantla y El Coacoyul–, cerraron para exigir que los gobiernos federal y estatal bajen los índices de inseguridad que prevalecen.

Recientes homicidios sin resolver

De acuerdo a un recuento realizado por El Sur al menos 14 aspirantes o precandidatos para participar en el proceso electoral 2017-2018 fueron asesinados, entre los que están el del coordinador de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zihuatanejo y precandidato a la alcaldía por el PRD en ese municipio, Homero Bravo Espino, el 2 de marzo.
También los casos de dos precandidatas a la diputación local por el distrito 25 con cabecera en Chilpa, la perredista Antonia Jaimes Moctezuma y la priista Dulce Nayeli Rebaja Pedro.
Otros asesinados son los perredistas Roger Arrellano Sotelo, quien buscaba la candidatura a la alcaldía de General Canuto Neri (Acapetlahuaya); el ex diputado local por el PRD, Eli Camacho Goicochea, que buscaba la alcaldía de Coyuca de Catalán; el ex edil de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, que era aspirante a candidato por el PRD para repetir en la presidente municipal. En Petatlán, fue ejecutado el alcalde Arturo Gómez Serna y se menciona que pretendía la reelección.
También el ex dirigente estatal del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, integrante del grupo Pro AMLO era aspirante a candidato para la diputación federal del distrito 06 en Chilapa por Morena.
Del PRI fue asesinado el 28 de diciembre, el aspirante a la alcaldía de Atoyac, Adolfo Serna Nogueda, y el sábado 30, el ex director de Servicios Públicos Municipales de Zihuatanejo, Marino Catalán Ocampo, que aspiraba a la candidatura por el PRD para alcalde del este municipio.
Por el partido Movimiento Ciudadano, fue asesinado el coordinador regional en Tierra Caliente, y ex candidato a la presidencia de Ajuchitlán, Ángel Vergara Chamú, aspirante a la alcaldía de ese municipio, y el dirigente del mimo partido en Quechultenango, Armando Arturo López Solano, asesinado el 24 de noviembre.