Lourdes Chávez

Chilpancingo

Unos cien representantes de los cuatro pueblos indígenas y afromexicanos se deslindaron de las consultas del Congreso local, y demandaron un nuevo proceso para actualizar la propuesta de reforma integral de sus derechos, que enviaron en el trienio pasado, en una reunión en la explanada del poder Legislativo.
Integraron una comisión para ir a las comunidades a seguir invitando a ciudadanos, liderazgos, organizaciones sociales y de derechos humanos; a la Coordinadora de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como a académicos e investigadores que reivindican sus derechos, rumbo a la organización de un congreso estatal de los pueblos.
Los ciudadanos deliberaron alrededor de cuatro horas sobre los problemas de inseguridad, falta de presupuestos y abandono.
Al final, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, dijo que no existe la posibilidad de retomar la iniciativa de reforma indígena que enviaron a la anterior legislatura, “porque se cerró el ciclo, no se votó, son temas que no se vuelven a analizar, le llaman ir a la congeladora. Se tiene que volver a plantear por un diputado”.
De manera independiente al proceso que están construyendo los pueblos, los llamó a participar en la consulta en materia electoral, de educación indígena y educación inclusiva que tienen en curso los diputados locales, por orden de la corte, de la cual se deslindaron los organizaciones al comienzo de la actividad, con la lectura de un pronunciamiento. Indicó que así se pueden integrar muchas propuestas.
No obstante, en la reunión participaron algunos actores de los pueblos del alto Balsas, que impugnaron la consulta en materia de seguridad y de derechos que realizó hace unos meses la actual legislatura, por una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Uno de los inconformes es el líder social Carlos de Jesús Alejandro, que presidió la mesa de debates, y también es representante indígena de México en el Fondo para el apoyo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, un cargo honorífico.
En el pronunciamiento, varios liderazgos aclararon que acudieron a la primera reunión de trabajo en el Congreso local, “de buena fe, por lo que de ninguna manera aceptaremos se pretenda utilizar como parte de algún protocolo de consulta que esta legislatura aprobó, sin nuestra mínima participación ni opinión”.
Confiaban en que en esta primera reunión se instaurara una mesa y proceso de diálogo permanente, con los representantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Aunque firman el pronunciamiento, no acudieron a la reunión el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachi-nollan, Vidulfo Rosales, y ningún representante de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la CRAC.
Sí estuvieron De Jesús Alejandro, del pueblo me’phaa; Vicente Melquiades Galeana, de las preparatorias populares; Simón Ramos Aburto, director de Edu-cación Indígena de la SEG; Juventino Prado Moreno, de San Luis Acatlán; Víctor Manuel Ortega, de Apango; Victorio Ríos, de Acatepec; Constantino Sánchez Cruz, Adrián Enrique Castañeda, Plutarco García Bello, Juan Carlos Rebaja Pedro, Cristina García Florentino y Yesenia Tonatán Alejo.
Desde el comienzo de la actividad, se perfiló la organización de un congreso estatal indígena y afromexicano, por el promotor comunitario de Tlacoapa y ex integrante del desaparecido Consejo 500 años de resistencia indígena, Luis Zacarías Quiroz.
Señaló la necesidad de una auténtica consulta previa, libre, informada, de buena fe y adecuada, con una representación política indígena al mismo nivel que la Junta de Coordinación del poder Legislativo, nombraba en un congreso estatal de los pueblos.
En consulta, De Jesús Alejandro explicó que los firmantes piden un nuevo proceso de consulta integral. “Esta legislatura hizo la primera consulta indígena obligada por la corte, sobre las reformas de legislaturas pasadas. Muchos la cuestionamos, presentamos recursos de impugnación de la consulta aparente, nosotros decimos, simulada”.
Recordó que la CRAC y Tlachinollan también impugnaron el proceso de consulta para las reformas del artículo 14 constitucional y de la Ley 701, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y dijo que “no nos interesa participar en estos procesos de reformas, que obliga la SCJN a reponer el procedimiento, que además son parches, son retazos a la Constitución. Nos interesa el proceso de reforma integral, que empezamos en la legislatura pasada, en foros regionales, encuentros en todo el estado, muchas reuniones de trabajo, generamos una iniciativa que discutimos con una representación del Con-greso y ahí se quedó congelada”.
Después que Sánchez Esquivel dijo que esa propuesta no se puede retomar, De Jesús Alejandro insistió en que esta reunión puede ser el punto de partida, para discutir y actualizar aquella propuesta, en un nuevo proceso de consulta, y que el Congreso local esté de acuerdo.
Este planteamiento se discutió en una mesa de trabajo el 18 de junio, que convocó el diputado Antonio Helguera Jiménez, donde sí estuvieron Rosales Sierra y representantes de la CRAC.
Confirmó que este domingo no asistieron porque no tienen confianza en los diputados locales, que ha quedado mucho a deber a los pueblos. “Pero el movimiento social no puede renunciar al debate y a hacer cuestionamientos. De algún modo, obligamos y sensibilizamos al Congreso para que realicemos todo el proceso de consulta desde elaborar el protocolo de consulta de manera conjunta, igualitaria”.
Asimismo, dijo que el movimiento de los pueblos aprovecha para reorganizarse y retomar esta iniciativa, “sumando a más actores”.
Confirmó que la asistencia a la reunión aún es poca y se dieron la tarea de socializar con otros actores estos acuerdos, “que de algún modo el congreso debe acompañar, si quieren hacer bien las cosas y saldar la deuda histórica con los pueblos, a partir de una reforma integral a la Constitución”.
La comisión también va a discutir qué protocolos y la manera más completa de integrar los trabajos de una consulta amplia, plural y diversa, “no importa el tiempo para la cobertura, en corredores culturales, en los municipios, de lo contrario también será impugnada”.
Exhortó a los diputados a preparar un presupuesto para la consulta de los pueblos que no se va a agotar en un mes, “deben empezar por a sentar las bases de este proceso, estamos a buen tiempo de que elaboren un presupuesto ya sea que lo etiquetan en el congreso local o en la Secretaría General de Gobierno, o de Asuntos Indígenas, pero debe haber recursos”.
Recordó que al gobierno federal le tomó un año y medio acabar una propuesta de reforma de derechos indígenas. “Vale la pena dedicarle el tiempo en una consulta para que el Congreso, en este año esté supeditado a corregir las reformas por orden judicial”.