La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), denunció irregularidades en la investigación del asesinato de Fabiola Yaneth Medina Alarcón, ocurrido el 4 de enero pasado en la colonia del PRD de Chilpancingo.
En un escrito, la agrupación se quejó que a pesar de que se trata de un homicidio doloso, y se sospecha que fue cometido por su pareja sentimental, la investigación no está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, que es la instancia que investiga los casos de feminicidio.
En el oficio enviado a la Fiscalía General del Estado, la AGCVIM refiere que a un mes de los hechos todavía no se conoce cómo fue clasificado el caso y tampoco se sabe el estado que guarda el proceso de investigación.
Fabiola Yaneth, de 25 años de edad, fue asesinada la medianoche del 4 de enero en la calle Heberto Castillo, esquina con Lucio Cabañas, de la colonia PRD, al poniente de Chilpancingo. Testigos de los hechos informaron ese día que un hombre a bordo de una motocicleta se le acercó por lo menos a un metro y le disparó con una pistola en la frente. La joven murió de manera instantánea y su cuerpo quedó tendido a mitad de la calle Heberto Castillo, mientras que el solitario homicida se dio a la fuga en su motocicleta.
La AGCVIM, que da seguimiento al caso y acompaña en el proceso a los familiares de la víctima, envió un oficio el 21 de febrero pasado el Fiscal General del Estado (FGE) Jorge Zuriel de los Santos Barrila, a quien le expuso que familiares de Fabiola Yaneth declararon ante la Agencia del Ministerio Público de Chilpancingo que “es altamente sospechoso” del asesinato el que era su pareja sentimental, con quien tuvo una hija y desde hace un año y medio que no se había acercado a preguntar por ella.
El escrito que firma la presidenta y representante legal de la AGCVIM, María Reyna Aguilar, refiere que el 17 de enero solicitó una audiencia con el vicefiscal de investigación Héctor Salvador Calleja Paniagua, quien los recibió el 20 de enero a ella, a una hermana y a un hermano de la fallecida y le plantearon que el proceso de investigación se atendiera con la “debida diligencia”.
Asimismo, pidieron que les explicara por qué la investigación del caso, aún tratándose de un homicidio doloso, no está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás personas, con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Genero, “que a nuestro entender es quien lleva los casos de feminicidio”.
Calleja Paniagua, les respondió, según el escrito, que la licenciada a cargo de esa Fiscalía “fue nombrada por el Congreso local y que no tenía muchos elementos para el desempeño de su encargo”.
María Reyna le espetó al funcionario que entonces, tenían un problema al interior. “Incluso le dije que si no funcionaba que la removieran, pues en esas condiciones no podíamos estar funcionando con una Fiscalía así, en un contexto de una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género”.
Calleja planteo que al día siguiente, él sostendría una reunión con Ernesto Jacobo García, fiscal regional Zona Centro y con Marisol Urban Cruz, fiscal especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás personas, con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Genero.
Les prometió que de esa reunión saldrían acuerdos respecto al caso “y que nos avisaría en términos generales sobre las decisiones tomadas al respecto”.
También les ofreció informarles si el caso lo atraería la Fiscalía a cargo de Marisol Urban Cruz, “que en teoría llevaría todos los casos de homicidios dolosos cometidos en agravio de las mujeres y presuntamente investigados como feminicidios”, refiere Marina Reyna en su oficio enviado al fiscal.
Sin embargo cuestiona que “es la fecha que se desconoce cómo fue clasificado este caso y sobre el estado que guarda el proceso de investigación para el conocimiento de sus familiares como víctimas del hecho delictivo cometido contra Fabiola Yaneth, quien dejo tres niños huérfanos: de10, 8, y una niña de año y medio”.
Ante el estado que guarda el caso, la AGCVIM demandó al Fiscal en su oficio que se hagan efectivos los derechos de sus familiares, como víctimas del hecho delictivo conforme a la Ley General de Víctimas y demás ordenamientos jurídicos que correspondan.
Asimismo, que se actúe en el caso con la debida diligencia, para que en todas las actuaciones y procesos que competen a la FGE se hagan conforme a la Ley General de Víctimas.
Además, que los familiares reciban información clara y precisa del proceso y estado que guarda la investigación, la cual en teoría tiene que ser pronta, eficaz y que lleve en su caso, a la identificación y enjuiciamiento del responsable del delito cometido en contra de la finada, así como de la reparación integral que corresponda para el caso.
Otra de las peticiones es que en su calidad de víctimas, se les garanticen todos aquellos derechos plasmados de manera enunciativa en la Ley General de Víctimas, de todos aquellos derechos otorgados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de todos aquellos marcos legales aplicables en materia de atención a víctimas.
La agrupación exige que la Carpeta de Investigación iniciada por el asesinato de Fabiola Yaneth sea atraída por la Fiscalía Especializada de Feminicidios, creada ex profeso para este tipo de casos y que éste sea investigado bajo el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.
Demanda que conforme a la investigación bajo el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, y por los elementos que han aportado los familiares de la víctima, el delito sea reclasificado como feminicidio.
Y, finalmente, que conforme a la Ley Organiza de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 500 en sus artículos 52, sea la Visitaduría quien en su calidad de Órgano de Evaluación Técnico-jurídica supervise lo que hasta la fecha realizó el Ministerio Público y servidores públicos respecto a la debida diligencia del caso.