Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) desconocían la amenaza en contra del integrante de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga, Remigio de la Cruz López, asesinado la noche del domingo en Zacualpan, municipio de Ometepec, aseguró ayer el enlace de la dependencia federal en la zona amuzga, Marcos Matías Alonso.
El funcionario informó que el INPI va a seguir trabajando en la zona con el Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga, que fue entregado en octubre pasado al presidente de Andrés Manuel López Obrador en una de sus giras por el estado.
Explicó que la ausencia de los coordinadores que habrían renunciado por el riesgo que corren sus vidas, peligro que se confirmó con el homicidio de Remigio, lo resolverán las comunidades en sus asambleas y “nosotros seremos respetuosos de lo que ellos decidan”.
El miércoles, compañeros del dirigente amuzgo asesinado denunciaron que fue un grupo caciquil ligado al PRI con vínculos con la delincuencia organizada, el que mandó matar al integrante de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga.
También denunciaron que hay parte de responsabilidad de los funcionarios del INPI porque no agilizaron la firma del Plan con las autoridades de las comunidades y no concilió con los grupos confrontados. Asimismo informaron que debido a las amenazas el resto de los coordinadores habían renunciado.
Consultado ayer al respecto, Matías Alonso informó que el INPI va a seguir trabajando en la zona con los presidentes municipales y las autoridades de los pueblos “porque ya tenemos una agenda establecida”, y reconoció que hubieran querido imprimirle mayor velocidad al proyecto pero no fue posible.
El Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga implica obras como carreteras y un hospital en cinco municipios con población amuzga; tres de Guerrero que son Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca y dos de Oaxaca.
Marcos Matías agregó que el proyecto lo van a mantener con las autoridades que quieran trabajar, porque el objetivo del plan es noble “y con el se van a llevar satisfactores básicos como carreteras, educación y salud”
“Comprendemos que algunos compañeros de la región se sienten frágiles (después del asesinato de Remigio), nosotros también sentimos amenazas y fragilidad pero vamos a continuar”.
Dijo que, incluso, si en las asambleas las comuniddes deciden dar una tregua al plan o ya no quieren continuar con él, “respetaremos su decisión; si la mayoría decide no continuar no vamos a estar trabajando con fantasmas”, pero adelantó que no cree que esto suceda.
Agregó que, por el contrario, ahora el proyecto es más necesario y que la presencia del Estado y sus instituciones debe ser prioridad en la zona y que los programas del gobierno deben tener mayor presencia, “yo creo que lo que ha pasado ahí debería obligar al gobierno federal y del estado a darle mayor prioridad a la Costa Chica”, opinó.
Con respecto al señalamiento de que hay responsabilidad del INPI en el asesinato de Remigio porque no concilió los intereses entre las partes en pugna, Matías Alonso aclaró que eso le corresponde al gobierno del estado y a los municipios, e incluso a las propias comunidades.
“El INPI tiene la conciencia tranquila, nos duele obviamente lo que pasó, pero el Instituto hizo lo que le corresponde”.