Ramón Gracida Gómez

Legisladores locales y federales de Morena invitaron a los foros ciudadanos y parlamentos abiertos sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se van a llevar a cabo de manera simultánea este jueves en las ocho regiones del estado.
En conferencia de prensa en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), el subdirector académico de esta escuela, Jesús Tinoco Leyva, puntualizó que las sedes serán los tecnológicos de Acapulco, Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano; Costa Chica, en Ometepec, Sierra, en Tlacotepec; Montaña, en Tlapa; Costa Grande, en Zihuatanejo; además, el salón del hotel Rinconada, de Iguala, y el auditorio de Rectoría, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en Chilpancingo.
Tinoco Leyva destacó que con la propuesta de reforma judicial del presidente López Obrador, la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reduce de 11 a 9 ministros y su periodo de 15 a 12 años. Las dos salas son eliminadas y la Corte sesionará en pleno y las sesiones serán públicas.
La reforma también propone eliminar la pensión vitalicia para los ministros y su sueldo será fijado con base en el tope máximo del que percibe el presidente de México. En 2025 se va a llevar a cabo “una sesión extraordinaria para renovar a todos los jueces, magistrados y ministros. Quienes estén actualmente en el cargo, podrán participar en la elección en igualdad de condiciones”.
Los cargos serán renovados de forma escalonada cada tres años en las elecciones que correspondan y sumarán 30 candidaturas paritarias, para los ministros y magistrados, propuestas por los tres poderes de la unión.
“En el caso de los mil 633 magistrados de circuito y jueces de circuito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de seis candidaturas paritarias, dos por cada poder de la unión”, explicó el subdirector académico.
El Senado va a verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de la ley, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas organizará la elección, las campañas durarán 60 días, no habrá precampañas, no se permite el financiamiento público ni privado, los partidos políticos no podrán hacer proselitismo, el tribunal electoral resolverá las impugnaciones y declarará los resultados. Cuando se trate de la elección de sus integrantes, la resolución será dada por la SCJN.
Tinoco Leyva añadió que la reforma establece un máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales, “en caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al tribunal de la disciplina judicial, que podrá investigar y sancionar la demora”.
El poder Judicial de los estados “deberá establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes”, dijo el subdirector académico y agregó que los fideicomisos del poder Judicial deberán integrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar una vez que concluyan los juicios pendientes.
El senador suplente de Félix Salgado Macedonio, Arturo Pérez Pérez, indicó que los foros inician a las 9 de la mañana, “lo que se busca es que la gente sepa, la gente participe, se hace en universidades, en instituciones educativas, con el fin de que todos los sectores se sientan invitados, estén presentes”.
“Que no se sienta que haya un sesgo partidista o únicamente de parte del partido en el poder, sino que sea plural, que estén invitados tanto el sector empresarial, el económico, los colegios y barras de abogados, que todos participen a fin de enriquecer la misma propuesta”, dijo y precisó que después de los foros, se harán asambleas informativas en colonias y comunidades.
Se les pidió su opinión sobre el poder Judicial en Guerrero, tomando en cuenta que el 64 por ciento de la población considera que los jueces son corruptos, como señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados en estas páginas el viernes pasado, y cómo la reforma va a mejorar al sistema en el estado.
El coordinador de los foros región Centro, Jorge Salgado Parra, respondió que la reforma se trata de “quitar los cuates y se trata de quitar las canonjías, por eso es importante que esta reforma permee en la ciudadanía. Sí hay casos que están atorados ahí por la dinámica que tiene que ver (con) la reforma que hubo en materia penal, la reforma en materia de amparo, son casos que están actualizándose”.
Aseguró que la reforma va a traer dinamismo porque los jueces, magistrados y ministros van a tener que hacer campaña directa con la ciudadanía para resolver, “administrar justicia tarda mucho para los guerrerenses y no solamente en Guerrero, sino en todos los estados, es una opacidad que hay por la lentitud de la forma de resolver los asuntos”.
El ex candidato de la coalición Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Chilpancingo resaltó que Guerrero es el segundo estado en el que se va a llevar a cabo un foro abierto sobre la propuesta presidencial de reforma, el primero fue Tamaulipas.
El diputado del distrito federal 07, Carlos Sánchez Barrios, dijo que “este ejercicio habla de que en México actualmente se legisla de cara al pueblo, no a escondidas, precisamente ventilar ese asunto, ese tema. Los foros ciudadanos y parlamentos abiertos hablan del carácter democratizador con el que se toman las decisiones fundamentales para la vida de México. Se está fortaleciendo nuestra democracia”.
El diputado electo del distrito indígena 26 con sede en Olinalá, Pánfilo Sánchez Almazán, adelantó que también se va a impulsar una serie de consultas y foros para la reforma de derechos y cultura de los pueblos indígenas.
Participaron la diputada electa del distrito local 04, Marisol Bazán Fernández; el diputado plurinominal electo, Jesus Uriostegui García, y la directora de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de la Región Norte, Zaira Ordana Figueroa.
El Sur publicó que integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero hicieron un llamado a los ciudadanos para proteger el servicio que el poder Judicial otorga en defensa de los derechos constitucionales y rechazar que la designación de jueces y magistrados sea por voto popular.