Corrientes del PRD reconocieron que fueron insuficientes los protocolos, que en la pasada elección utilizó el partido, para elegir a candidatos a alcaldes.
Uno de estos ediles fue el de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, capturado el jueves de la semana pasada junto Adán Zenén Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos.
“Nosotros aprobamos códigos de ética y protocolos, pero son insuficientes, porque no tenemos los instrumentos para investigar a cada persona”.
“Nosotros le pedimos a la PGR que investigara y ellos dicen que no es su atribución ¿entonces de quién es?”, se cuestionó Vladimir Aguilar García, de la corriente Foro Nuevo Sol.
El perredista admitió que en el país ningún partido político tiene la capacidad para indagar de forma exhaustiva a candidatos a puestos de elección popular.
En entrevista telefónica, Aguilar García consideró que el gobierno federal es el único que cuentan con bases de datos, información de cuentas bancarias y pueden hacer labores de inteligencia, para indagar persona por persona.
Aseguró que la infiltración del crimen organizado en las alcaldías es un problema estructural, pues, dijo, no hay una dependencia que coordine la información.
Agregó que ni la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR) o Hacienda investigan la relación de la delincuencia con candidatos y funcionarios públicos.
Alejandro Sánchez Camacho, dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN), llamó a la dirigencia nacional del sol azteca a realizar las reformas necesarias, para evitar que continue la infiltración del crimen organizado en el partido.
“Apoyamos reformar las directrices instituidas de manera formal e informal, en todas las instancias del PRD, que prevengan y eviten que personas, como el caso de (Jose Luis) Abarca, sean afiliados al partido y se evite sean postulados a cargos de dirección o de elección”, explicó.
El ex diputado federal admitió que la elección de los candidatos es responsabilidad de los partidos, pero dijo que la PGR puede ser cuadyuvante en ver los antecedentes penales de algunos candidatos.
“Que nadie se lave las manos. Debe ser una acción integral, para cerrar las filas a la infiltración de malas amistades de los candidatos, donde deben actuar los partidos y las estructuras de gobierno en todos sus niveles”, afirmó.
Sánchez Camacho consideró que el posible vínculo entre el alcalde de Cocula y el crimen organizado se dio después de su elección, por eso, afirmó, los partidos deben estar en vigilancia constante de los funcionarios que postularon.