Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

En el informe que entregó recientemente a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de que en ese crimen sí hubo participación del Estado, pero que los señalamientos que se hacen al Ejército no cuentan con prueba alguna.
En una carta, incluida en lo que se llama primer reporte de 21 puntos, el presidente señala que “ciertamente no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ de los funcionarios estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”.
La carta con los 21 puntos fue proporcionada a El Sur por don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 normalistas desaparecidos, y es la que les fue entregada a partir del lunes 8 de julio de uno por uno y no a sus abogados como parte del compromiso que hizo López Obrador en la reunión en Palacio Nacional el 3 de junio, un día después de las elecciones presidenciales.
El presidente dijo de nuevo que el supuesto daño al Ejército también se mostró en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos –detenido por la DEA en Los Ángeles, Estados Unidos– al relacionarlo con integrantes de la delincuencia organizada.
En el informe el presidente indicó que representantes de los familiares acudieron a la Organización de Estados America-nos (OEA) para conseguir medidas cautelares, y subrayó que en esa solicitud no se mencionó la participación del Ejército, volvió a decir que organismos de derechos huamnos apoyaron la liberación de detenidos que participaron en la desaparici`ón de los normalistas y que resulta “extraño”, que a pesar de mostrarse la falsedad de la “verdad histórica”, no se detuvo a Jesús Murillo Karam ni a Tomás Zerón, presuntos responsables de la creación de dicha versión.
Agregó que organizaciones sociales tienen señalamientos directos al Ejército por su participación en la desaparición, y que se podría acusar de omisión a militares, mas no de vínculos directos con ese delito. Y reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado todos los documentos solicitados,
El presidente se comprometió a que su gobierno no descansará hasta que se conozca la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y que espera que antes del último informe sobre el caso pueda darse la satisfacción de cumplir con el compromiso de encontrarlos.
Expone que “con la complacencia o confabulación de supuestos defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil y de organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos se involucró a quienes no participaron en la desaparición de los jóvenes, se dejó en libertad a quienes sí son responsables, y al paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen, la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el manejo de la consigna de que ‘fue el Estado’ y específicamente ‘fue el Ejército’ mexicano”, expresó.
Planteó que en el caso de la desaparición de los normalistas hay organizaciones que “fingen” defender al pueblo, pero que realmente son parte del “entramado” de poder oligárquico nacional y extranjero.

El informe

Ya en materia del informe, en el primer punto del mismo, López Obrador planteó que después de la desaparición, abogados y representantes acudieron a la OEA, y señaló que el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era Emilio Álvarez Icaza, para solicitar medidas cautelares, pero nunca se menciona la participación del Ejército.
En un segundo punto indicó que el 29 de octubre de 2014 la representación de los padres se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto y para el 12 y 18 de noviembre la Secretaría de Gobernación, la OEA y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, firmaron un documento de trabajo conjunto donde se propone la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En dicho apartado, mencionó a Lía Limón García, que era subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación y en el tercer punto recordó que fue postulada para la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México y señaló que es “militante del bloque conservador”, de igual forma criticó a Emilio Álvarez Icaza.
“De la misma forma, es pertinente subrayar la actitud hipócrita y reaccionaria de Emilio Álvarez Icaza, un gran farsante con disfraz de defensor de derechos humanos, un acérrimo adversario nuestro que siempre se ha opuesto a la transformación del país”, expuso.
Para el cuarto punto, el presidente señaló que mientras existían los acuerdos, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), realizaron diversas detenciones de autoridades locales e integrantes de Guerreros Unidos.
“Se sostiene que, mediante tortura, si no de todos, sí de varios, fueron obteniendo declaraciones para construir la llamada verdad histórica, según la cual los jóvenes fueron asesinados, quemados en un basurero de Cocula y sus restos tirados al río San Juan”, afirmó.
Por consecuencia en el punto cinco, señala que el GIEI en su informe de septiembre de 2015 concluye que la nombrada verdad histórica es falsa, que los normalistas no fueron quemados en el basurero y que fue resultado de declaraciones que se obtuvieron por medio de tortura.
En el punto seis, mencionó que con la participación de abogados y el Centro Prodh, se tramitó una sentencia a favor de los detenidos con el argumento de que fueron víctimas de tortura y en una primera instancia fueron liberadas 14 personas y después fueron 51.
El séptimo punto indicó que es inexplicable o al menos contradictorio, que la defensa de los padres y el Prodh actuaron favorablemente para los presuntos responsables de desaparición, donde acepta que no todos fueron torturados.
“Esto queda de manifiesto cuando uno de los supuestamente torturados, poco después de ser liberado, afirmó en calidad de testigo colaborador que, en efecto, como lo declaró la primera vez, él formaba parte de Guerreros Unidos y participó en la desaparición de los jóvenes, como consta en documentos oficiales de la investigación”, expone el presidente en el octavo punto.
En el noveno punto señaló que era extraño que al demostrarse la falsedad de la llamada verdad histórica, no se hubiera abierto investigación ni girado orden de aprehensión contra dos de sus supuestos creadores, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio.
“Al decidirse que se procediera legalmente contra el procurador y otros implicados, se produjo una rebelión en la Fiscalía Especial que llevó a renunciar a su titular, Omar Gómez Trejo, quien fue propuesto por integrantes del GIEI a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con el aval de los abogados de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa; y al mismo tiempo, en vez de celebrar la detención del inventor de la llamada verdad histórica, los miembros del GIEI se inconformaron y optaron por irse, pretextando que había estado mal meter a la cárcel a ese funcionario, así como a 20 militares y a 64 personas más” señaló en el décimo punto.

El Ejército

En el punto 11, el presidente dijo que posteriormente, con el apoyo de distintas organizaciones de derechos humanos, los abogados y algunos padres enfocaron “todas las batallas” para señalar directamente al Ejército por su participación en la desaparición.
En el punto 12 expone que el secretario de Defensa Nacional, tiene la orden presidencial de entregar toda la información que requieren los padres que esté disponible en cuarteles, zonas, regiones y oficinas centrales de Defensa Nacional y que 121 mil fojas fueron entregadas a la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (Covaj).
De la existencia de un video donde se ve a elementos de Marina en el basurero de Cocula el 26 de octubre de 2014, dijo que fue entregado a la Covaj y al GIEI, pero que la fecha del material es de un mes después y fue para brindar apoyo, además acusó que el GIEI al difundirlo le restó validez como elemento probatorio.
En el caso del militar infiltrado en la escuela como estudiante, y también desaparecido, Julio César López Patolzin, el presidente afirmó que no tenía adiestramiento en inteligencia militar y que “ni mucho menos era infiltrado” y tenía autorización para estudiar en la Normal.
De la presencia del Ejército en el C4 en Iguala, pidió aclarar que la responsabilidad de los centros es de los gobiernos estatales y que cuentan con participación de fuerzas armadas. Afirmó que al momento de los hechos, los elementos transmitieron reportes y se motivó el despliegue de órganos de búsqueda.
“No obstante, los representantes de los padres y madres de los jóvenes y algunos de ellos se niegan a casi todo; han llegado incluso a sostener que queremos proteger al Ejército y que pretendemos crear otra verdad histórica y han recurrido a la violencia con propósitos propagandísticos, como sucedió el día 6 de marzo que destruyeron una de las puertas de Palacio Nacional, misma fecha en que el abogado Vidulfo Rosales amenazó con irrumpir en los actos de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena” recordó en el punto 13.
En el punto 14 el presidente cuestiona en qué se sostiene la afirmación de la participación del Ejército, e indica que el juez de barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé dijo que los normalistas nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala, pero hay testimonios que dictan lo contrario.
Agregó que Felipe Flores, director de seguridad municipal acudió al juzgado cívico y Bernabé le comentó que habían llevado al patio del juzgado un grupo de entre 15 y 17 jóvenes y que no recuperaron sus datos porque Francisco Salgado Valladares, subdirector de Policía Municipal, le indicó que había un cambio de instrucción y que Flores narró que intentó localizar a Salgado, pero no lo logró.
El presidente plasmó en el punto 15 seis distintos hechos en los que hace referencia al libro La Noche de Iguala de la periodista Anabel Hernández y que la afirmación sobre la participación del Ejército es la declaración de Bernabé.
López Obrador dijo que la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, consideró verídico el testimonio de Bernabé y Hernández y que sostuvieron que es inverosímil que la policía municipal tuviera los recursos para la desaparición.
Además indicó que otro elemento es una serie de escuchas de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), en la que miembros de Guerreros Unidos indican entrega de sobornos al coronel Rafael Hernández Nieto, pero que sólo se vincularía al Ejército por delincuencia, pero no en la desaparición.
“Inclusive podría acusarse de omisión a los militares que estaban enterados de actos de violencia ocurridos en Iguala y, sin embargo, no actuaron para evitar abusos de autoridad y salvar la vida de los jóvenes; pero sobre su participación directa en este crimen, hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada.
Agregó que por los casos de posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada “se ha procesado a 20 militares, incluidos dos generales y dos oficiales de rango medio”.
Posteriormente el presidente recuperó extractos completos del libro de Anabel Hernández y aseguró que pertenece o colabora directamente con la DEA, además de que se busca afectar a las instituciones nacionales.

Ataques y antecedentes

En el punto 16 el presidente indicó que en este año hubo ataques en su contra en México y el extranjero, que buscan involucrarlo directamente con el narcotráfico, a lo que calificó que se trata de una “guerra sucia”.
Para el punto 17 señaló que se busca acusar al Ejército sin fundamento alguno, y que si se llegaran a presentar evidencias que involucren a miembros del cuerpo castrense, no habrá impunidad.
En el punto 18, López Obrador aseguró que en el sexenio de Felipe Calderón fueron las agencias internacionales las que operaron “sin restricción” lo relacionado al combate al narcotráfico.
Para el punto 19 indicó que desde esa época se dio un distanciamiento del gobierno estadounidense con el Ejército y que hay un afán de “venganza y descrédito” desde entonces.
En el punto 20 dijo que se debe revisar el comportamiento de aquellas personas que exigen la justicia y sus posibles vínculos con el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.
“Creo que hay gente inocente, bien intencionada y con elementos suficientes para desconfiar del Ejército y del Estado autoritario que predominó en México por décadas, pero también hay gente conservadora, odiadora nuestra, como es público y notorio el caso de Emilio Álvarez Icaza y otros falsarios”.
La promesa final

Para el último punto el presidente afirmó que el asunto ha estado “manoseado” y remarcó que lo más importante para su administración es dar con el paradero de los 43 normalistas y conocer lo que pasó.
Recordó que actualmente son 119 detenidos, donde aparecen 60 policías municipales, cinco funcionarios de la extinta PGR, 17 militares, 35 integrantes de la delincuencia organizada, además de Murillo Karam y Gualberto Ramírez Gutiérrez. Son 142 personas que están el prisión o libertad condicional que están relacionadas en el caso.
Agregó que se han realizado 42 entrevistas a 15 prisioneros e informantes que están libres y desde su administración van 197 órdenes de aprehensión, “hacia adelante, en el tiempo que me queda como presidente de la República, continuaremos la búsqueda de los jóvenes estudiantes desaparecidos y no descansaremos hasta conocer toda la verdad sobre este doloroso, injusto e indignante suceso”.