Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Aunque no tienen cifras, integrantes del Consejo Interreligioso de Guerrero (CIG), declararon ayer que la entidad, sobre todo en la región de la Montaña, es donde más se da la intolerancia religiosa por ignorancia o falta de información.
En conferencia de prensa, el presidente del CIG, Carlos Marx Barbosa Guzmán y el integrante de la agrupación, Sebastián Salas Solís, anunciaron el Foro: Estado Laico y Libertad Religiosa, que se realizará el 16 de octubre a las 13:30 en la Cámara de Diputados federal, con el fin de concientizar sobre libertad de religión y de pensamiento.
Barbosa explicó que el Foro está dirigido sobre todo a funcionarios y a diputados y se deriva de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada desde el año pasado a tres amparos iniciados en Yucatán en 2020 por supuestas violaciones al Estado laico.
El presidente del CIG dijo que la SCJN al entrar al debate de esos amparos intenta prohibir la libertad de religión, pensamiento y de conciencia, que es un derecho humano previsto en los artículos primero y 130 de la Constitución y “también en los pactos internacionales como la Declaración Universal de Dere-chos Humanos”, dijo.
Argumentó que por la intolerancia religiosa en estados como Guerrero, donde es común esa práctica, hay desplazamientos, ahora llamados movilidad, de grupos y familias por sus creencias religiosas distintas a la que profesa la mayoría de la población, que es católica.
“Si una persona tiene una fe distinta al de la mayoría, le niegan servicios públicos, programas sociales. También se llega al grado de que si una persona de una fe religiosa distinta al de la mayoría de la población muere, le niegan que sea sepultado en el panteón municipal”.
Añadió que para resolver esos conflictos hace falta que funcionarios, síndicos y regidores que llegan a intervenir estén concientizados.
Reprochó que así como se le da difusión a otro tipo de pensamientos, e inclusive de ideología, también se le debe dar a la libertad de religión. Y agregó que la promoción de estas libertades es necesaria porque en pleno siglo XXI se siguen dando un trato desigual, incluso de parte de algunos funcionarios.
Dijo que en Guerrero han ocurrido muchos casos, sobre todo en la región de la Montaña, a veces por ignorancia, por falta de información o porque se tiene un conocimiento erróneo de los usos y costumbres; “creen que se debe restringir esa libertad de pensamiento y que todos deben tener la misma religión, es decir, pensar igualitos”.
Sin embargo, a pregunta expresa, reconoció que eno cuentan con un registro de los casos porque desde la administración estatal anterior ya no los invitan a participar en las conciliaciones, sino que los atiende solamente la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno.
De paso, urgió que el gobierno de Evelyn Salgado que restituya la Subsecretaría de Asuntos Religio-sos, que fue degradada a Dirección en el gobierno de Héctor Astudillo .