Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso del Estado una “observación total” al decreto aprobado por los diputados por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, porque “presenta inconsistencias importantes en su estructura”.
El argumento de la jefa del Ejecutivo estatal es porque no se tomó como base la ley que estaba vigente antes de la reforma de 2018, y por el contrario el referente fue la invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que lo aprobado por el Congreso aún no es publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado.
En el punto 2 del orden del día de comunicados, se informó al pleno sobre la recepción de un documento a través del cual la gobernadora realizó observaciones a lo aprobado por el pleno, pero no se leyó el documento.
Sin embargo, en el escrito firmado por Evelyn Salgado se manifiesta que el Ejecutivo Estatal realiza una “observación total” del decreto aprobado por mayoría de votos por el pleno del Congreso.
“Me permito hacer notar que el Decreto Número 183, presenta inconsistencias importantes en su estructura derivado de que para su integración fue tomada como base la Ley Número 701 con sus reformas efectuadas mediante Decreto número 778 del año 2018, cuando lo correcto dada la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 81/2018,como ya se dijo, fue declarada inválida para la integración de este nuevo decreto debía tomarse como documento base la Ley Original, lo cual no ocurrió y por tanto se devuelve para los efectos procedentes”, se lee en el documento firmado por Evelyn Salgado.
El artículo 91 de la Constitución Política del estado establece en su fracción séptima que la gobernadora tiene facultad de realizar observaciones, dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la recepción de las leyes y decretos aprobados por el Congreso.
Mientras que en el artículo 290 de la ley orgánica del Poder Legislativo establece el procedimiento “Una vez recibidas las observaciones, formuladas en tiempo, se dará cuenta al Pleno o a la Comisión Permanente en la sesión siguiente en que se efectúen y se turnarán a la Comisión o Comisiones que hubieren dictaminado para que se examine nuevamente el asunto. La Comisión o Comisiones dispondrán de hasta diez días hábiles para confirmar o modificar el dictamen originalmente aprobado”.
En un siguiente párrafo dice que en caso de ser rechazadas las observaciones “deberán expresarse las causas que lo justifiquen, en este caso, el dictamen deberá someterse a consideración del Pleno y si fuere confirmado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes se remitirá nuevamente al Ejecutivo para que, sin más trámite, dentro del término de diez días hábiles lo promulgue. En caso de no hacerlo, se entenderá promulgado y el Presidente de la Mesa Directiva ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin que se requiera refrendo”.
Finalmente se establece: “Cuando un Proyecto de Ley o Decreto fuere devuelto al Congreso del Estado con las observaciones del Ejecutivo y no fuere aprobado con arreglo al párrafo anterior, no podrá ser sometido nuevamente a discusión sino hasta al siguiente periodo de sesiones ordinarias”.

Se revisan observaciones: Sánchez Esquivel

Consultado al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel, dijo que es un tema que estaban revisando y atendiendo.
Se le preguntó sobre lo que significan políticamente una “observación total” que realizó directamente la gobernadora a un decreto aprobado por el pleno del Congreso local. El coordinador de los diputados morenistas insistió en que se están revisando “y haciendo unas tablas comparativas para ver exactamente los puntos medulares que significa alguna, no afectación, una modificación de manera significativa que modifique la propia ley o que cambie la visión que se tiene respecto a lo aprobado, estamos en análisis”.
Sánchez Esquivel dijo que de primera instancia están revisando el tema en la Jucopo y después lo llevarán al pleno “por lo que implica y significó una consulta de esta dimensión”. Se le insistió sobre el mensaje político de una observación total que realizó la jefa del Ejecutivo de militancia morenista al Poder Legislativo en el que el grupo mayoritario es del mismo partido. Al respecto solo respondió: “eso se los dejo a ustedes”.
Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI Héctor Apreza Patrón dijo que no conocía el contenido del documento enviado por la gobernadora, y que a pesar de que está previsto en la ley este tipo de observaciones, “el asunto es que las observaciones se están haciendo porque sería complicado que descalificara todo el trabajo realizado por el Poder Legislativo”.
Explicó que el Ejecutivo puede realizar las observaciones que considere necesarias, pero que “no es obligación” del Poder Legislativo aceptar estas, porque “nuestro marco jurídico establece que nosotros podemos aceptar parte, todas o ninguna, eso dependerá del dictamen que hagan las comisiones dictaminadoras y que sea sometido al pleno”.
Héctor Apreza apuntó que el Congreso local tiene diez días hábiles después de que la comisión dictaminadora reciba el documento para emitir una resolución al respecto, y que ese es el motivo por el que se espera un periodo extraordinario en las próximas semanas.
Mientras tanto las reformas aprobadas por el Poder Legislativo aún no son vigentes porque no han sido publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del estado, “en pocas palabras no tenemos ley en la materia”.
El coordinador de los diputados priistas consideró que es “indispensable fortalecer la coordinación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo en temas tan importantes, la aplicación de las leyes les corresponde a otras áreas del poder público”, en referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su momento se pronunciará respecto a la legalidad o no de estas reformas que precisamente se generaron a partir de un fallo a favor de una acción de inconstitucional.