Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guerrero solicitaron a diputados del Congreso legislar para que el delito de extorsión se equipare al de secuestro, crear un fondo de apoyo para las víctimas del delito, y que exhorten al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o al subsecretario de esa misma dependencia, René Juárez Cisneros, a instalar una mesa de trabajo para atender la situación de este sector.
Ayer a las 9:30 de la mañana en la Sala José Bajos Valverde, en la sede del Legislativo, empresarios y comerciantes de la Canaco en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Costa Grande se reunieron con diputados que integran la Comisión de Seguridad, presidida por el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, e integrada por los priistas Cuauhtémoc Salgado Romero y Víctor Manuel Martínez Toledo, y el diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez.
El primero en intervenir fue el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, a la que están agrupadas las delegaciones de la Canaco en la entidad, el panista Alejandro Martínez Sidney, quien explicó que el mayor problema al que se enfrenta ese sector es la extorsión, delito que, aseguró, ha crecido de manera exorbitante e impensable.
Indicó que quienes cobran el llamado “derecho de piso” son “delincuentes invisibles” o “anónimos”, y lamentó que todos los días “están atacando, asesinando, destruyendo la actividad económica de muchas familias que por años levantaron un patrimonio”.
Martínez Sidney informó que en lo que va de 2016 han cerrado 2 mil 500 comercios sólo en Acapulco, de los que poco más del 60 por ciento lo hicieron porque eran víctimas de extorsión.
“Venimos a exigirles solución, a exigirles que en este momento sean solidarios con el comercio, que sean ustedes quienes encabecen, que sean punta de lanza para exigir al gobernador (Héctor Astudillo Flores), a los alcaldes y al presidente de la República (Enrique Peña Nieto) que ya le den solución a un problema que está quebrantando la economía de Guerrero”, demandó.
Indicó que mientras no se legisle a favor de los comerciantes ningún operativo de seguridad funcionará para erradicar a los grupos delictivos que están hostigando a este sector.
Por ello pidió a los diputados promover las reformas correspondientes para que la extorsión se equipare al secuestro y sea considerado un delito grave, al considerar que tienen el mismo impacto en las personas que sufren de este delito.
“Son de la misma magnitud, claro que actúan diferente, pero destruye a la familia, termina con el patrimonio y el trabajo de muchos años, todo eso se lo debes entregar a los delincuentes. Ya estamos cansados de ver cómo comercio tras comercio va cerrando”, expresó.
En su intervención, el representante de la Canaco en la Costa Grande, Marco Antonio Moreno, dijo que esa región no se salva de la situación a la que se enfrenta Acapulco, e incluso comentó que cuando los delincuentes ya no tienen a quién extorsionar en un municipio, se van a otro.
“Estamos en el mismo reclamo, exigimos respeto, este sistema de gobierno a consideración de nosotros es fallido y les pedimos a ustedes como generadores de leyes que realmente hagan su chamba, de hacer leyes severas que castiguen a este tipo de delincuentes y que las ejerzan, las apliquen”, dijo.
Señaló que en Atoyac, ante la falta de alumbrado público los asaltos se han incrementado, por ello reclamó que en esa zona se intensifiquen los operativos, pero “que en verdad funcionen”, porque dijo que en lugar de que “se acabe” con los delincuentes éstos están aumentando.
“El gobernador habla de orden y paz, pero ¿qué paz?, porque el nivel de delincuencia crece cada día, somos famosos a nivel internacional, todos en el mundo conocen la situación de Guerrero”, sostuvo.

Es conocida la “mezcolanza” de autoridades con el crimen

En tanto, el presidente del Con-sejo Empresarial de Zihuata-nejo-Ixtapa (CEZI), Ricardo Sotelo Luna, dijo que la reunión de ayer comenzó al revés, pues primero debieron escuchar las propuestas de los diputados para atender la situación de los comerciantes y empresarios, ya que sus demandas han sido públicas.
En su intervención dijo que es de todos conocida “la mezcolanza” de las autoridades municipales con la delincuencia organizada, y aseguró que el ayuntamiento de Zihuatanejo no está exento de esa situación.
Comentó que los comerciantes y empresarios de Zihuatanejo se han reunido en dos ocasiones con el gobernador, Héctor Astudillo, pero denunció que lo único que obtuvieron fue “demagogia”, además del comentario del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, quien los acusó de ser exagerados.
Recordó que en reiteradas ocasiones las autoridades han pedido a los empresarios que presenten denuncias, pero dijo que si no lo hacen es porque el Ministerio Público está coludido con la delincuencia.
“Nos están matando a la gente. Zihuatanejo dicen que forma parte del Triángulo del Sol, pero yo digo que ya se convirtió en el Triángulo de las Bermudas, todo esto es preocupante porque nos están matando a la gente”.
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del puerto de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, demandó a los diputados su apoyo para exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o al subsecretario René Juárez Cisneros, a que instalen una mesa de trabajo con empresarios guerrerenses para encontrar soluciones a los problemas que este sector enfrenta.
Explicó que cuando las autoridades presumen que hay una ocupación hotelera casi del cien por ciento, no dicen que eso ocurre por uno o dos días, y sólo por temporadas, lo que no es suficiente para lograr estabilidad económica.
También pidió la creación de un fondo para la atención a víctimas del delito, porque muchos han perdido su patrimonio por las presiones que sufren de la delincuencia organizada, dejando en el desamparo a miles de familias guerrerenses.
“Esto es muy necesario porque en Guerrero patrimonios y familias están en quiebra, pido que se analice crear este fondo especial, porque realmente duele ver cómo patrimonios de toda una vida se van en un día, es importante atender esto”.
Además demandó que los policías que no están acreditados sean dados de baja, y para ello pidió a los diputados destinar recursos suficientes a los municipios para que puedan depurar a sus corporaciones.

Propuesta de prisión preventiva

En su intervención el presidente de la Comisión de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ya presentó una iniciativa en la que plantea que el delito de extorsión amerite prisión preventiva, a fin de que cuando haya detenidos éstos no recuperen su libertad, porque se pone en riesgo a la sociedad y además se genera desconfianza hacia las autoridades, inhibiendo también la denuncia.
“Lo que pasa con el nuevo sistema penal es que en mala hora decidieron que ya no es un delito que amerita prisión preventiva, ahora lo que pasa es que si se detiene un extorsionador éste enfrenta el proceso en libertad y se genera más impunidad”, dijo.
Explicó que si bien ese partido está trabajando para que su iniciativa sea aprobada, dijo que es necesario hacer lo mismo desde afuera, por ello pidió a los presentes que presionen al Legislativo a resolver el tema.
Explicó que ese partido también ha demandado la certificación de todas las corporaciones policiacas, además de que ha propuesto por segunda vez una iniciativa para legalizar la producción de la amapola con fines medicinales, como una alternativa para resolver el problema de inseguridad y violencia que padece la entidad.
En tanto, el diputado del PRI, Cuauhtémoc Salgado, expresó que en reuniones que ha sostenido con autoridades policiacas éstas han pedido que se endurezcan las penas en contra de los criminales porque de nada sirve que detengan a un delincuente hasta en cuatro ocasiones si un juez les deja en libertad sólo porque no incurrieron en un delito grave.
Aclaró que no es un tema que sólo le competa al Legislativo, sino que incluye también a la FGE, al Tribunal Superior de Justicia y a las propias comisiones de derechos humanos, de las que dijo su problema es que “defienden a los delincuentes”
“Lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo para endurecer las penas y en realidad se limite y reduzca este delito que está afectando (…) No quiero convertirme en un vocero del Ejecutivo, pero veo el interés para resolver este problema que hay, pero el titular se está enfrentando a herencias y lleva un año de gobierno y estas herencias siguen perjudicando”, expresó.
Los empresarios se comprometieron a respaldar las iniciativas que hay en el Congreso para atender el problema de inseguridad, pidieron a los diputados analizar los planteamientos que hicieron en el encuentro y ambas partes se comprometieron a celebrar una segunda reunión para darle seguimiento a estos acuerdos.