Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El ex titular del Colegio de Bachilleres (Cobach), en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, Fermín Alvarado Arroyo, mediante un comunicado, aseguró que es víctima de un “linchamiento y persecución política”.
Alvarado Arroyo señaló que el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova, violó su garantía de audiencia y presunción de inocencia, al hacer públicas las conclusiones de la auditoría en la institución de 2018 a 2021.
Tres días después que el contralor estatal, Loria Casanova, informó que realizaron 17 observaciones por mil 300 millones de pesos en el Cobach, de 2018 a 2021, por impuestos no pagados, así como por la entrega de 87 basificaciones fuera de los lineamientos o sin techo presupuestal, que beneficiaron, entre otros, a 15 familiares de Fermín Alvarado, en siete casos, con parentesco directo.
Además, detalló que 813 millones de pesos observados corresponden a la falta de pago de impuestos y prestaciones; 120 millones por 140 plazas no autorizadas y 108 millones por las 87 basificaciones. Además de pagos indebidos a una sola empresa, por 20 millones, entre otras irregularidades.
Mediante un posicionamiento, Alvarado Arroyo calificó que la información que difundió el contralor es “sesgada, manipulada y desproporcionada”, y señaló que era ilegal y violatorio de derechos, garantías y de las formalidades esenciales de un procedimiento administrativo, que el contralor se haya prestado a difundir públicamente las “supuestas conclusiones de la auditoría” e incluso anunciar sanciones, violando su “garantía de audiencia y la presunción de inocencia, entre otras”.
Aseguró que es increíble señalar “un presunto desvío de recursos, de mil 300 millones de pesos”, porque significa que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante dos años, lo que aseguró “nunca sucedió”.
Manifestó que “del total de los recursos financieros que llegan al Cobach, el 96 por ciento se destina al pago de salarios y sólo el 4 por ciento a gasto de operación”.
Expuso que de la “supuesta falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales, por 813 millones de pesos, es indebido que se pretenda” imputarlo en un pasivo, que en su mayoría fue heredado como parte de una deuda histórica institucional, de años atrás, y ejemplificó que “los más de 200 millones del programa de prestaciones SEFI (Sistema de Educación Financiera en tu Institución), viene de 2005”.
Agregó que hay laudos laborales por más de 200 millones de pesos, que iniciaron en 2008, y una deuda con jubilados por más de 50 millones de pesos, que inició en 2012, los cuales aseguró no generó él.
Respecto al pasivo de impuestos con el ISSSTE, Fovissste, ISR y SAT argumentó que se generan “por la insuficiencia de recursos presupuestales” que vive el Cobach desde 2005 y hasta la fecha, porque no se da al instituto el total de los recursos que se pactan, entre el gobierno del estado y federal, y que es del 50 por ciento y 50 por ciento”.
Señaló que “es falso que se hicieran las retenciones y éstas no fueras pagadas”, sostuvo que “se hacen, sí, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, por que éste no llega en su totalidad” a las cuentas del Cobach.
Reprochó que el contralor haya afirmado que ignoraba “el origen de esta situación deficitaria” e indicó que se le informó, porque era parte de “todas las juntas directivas”, de la que era integrante.
Fermín Alvarado expresó que respecto a las plazas, bases y recategorizaciones, “son legales y procedentes”, porque fueron otorgadas conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral, con las representaciones sindicales titulares de los contratos colectivos y con la aprobación anual de recursos presupuestales, para su respaldo financiero; además de recursos estatales autorizados y aportados por el gobierno estatal.
Respondió sobre los pagos, supuestamente indebidos a una empresa por 20 millones de pesos, que fueron a la empresa Administradores y Consultores en Previsión Social SA de CV, que es la administradora del SEFI desde 1997, y que el Cobach estaba obligado a hacer los pagos.
Pidió que no se siga “politizando un procedimiento administrativo de fiscalización”, del que aseguró no ha sido notificado, porque se viola su “garantía de audiencia, la presunción de inocencia y las formalidades esenciales de procedimiento”.
Manifestó que el caso se ha convertido “en un distractor mediático, en un linchamiento y persecución política” en su contra, la cual daña su “prestigio y reputación y pone en riesgo” su seguridad y la de su familia, de la que responsabilizó a los funcionarios del gobierno estatal.