Zacarías Cervantes y Redacción

Chilpancingo / Acapulco

Al concluir la cuarta semana en paro de labores, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizan reuniones en sus respectivos centros de trabajo para determinar si levantan o no el paro laboral, luego de que la reforma judicial con la que están en desacuerdo fue aprobada en el Senado de la República y por la mayoría de los congresos locales.
En Chilpancingo, la jueza del Distrito Décimo, Aidé Ruiz Hernández, declaró ayer por la tarde que tenía conocimiento que la mayoría de los centros de trabajo habían acordado continuar el movimiento.
Informó, también, que recibió dos solicitudes de amparo contra la reforma judicial; uno que fue desechado por improcedente, y otro que se encuentra en proceso.
Por lo pronto, los paristas continuaron ayer en sus campamentos afuera de sus centros de trabajo, que, en el caso de Chilpancingo, son tres tribunales colegiados y tres juzgados de Distrito.
“Se están evaluando las acciones a seguir, en algunos circuitos hay votaciones en torno a una reanudación de labores o no”. Informó que en el 21 Circuito al que pertenece todavía se realizaban ayer las reuniones “y no se puede adelantar que van a decidir los compañeros, pero me parece que ningún Circuito ha votado por la reanudación inmediata de labores”.
Reconoció que la información podría cambiar de un momento a otro, “porque las reuniones se realizan en cada centro de trabajo y después en reuniones generales y posteriormente se hará un pronunciamiento general”.
Recordó que el movimiento involucra tanto a los trabajadores como a titulares, “no es un movimiento clásico de trabajador contra patrón; la base trabajadora y los titulares estamos en el movimiento de manera conjunta y en unidad”.
La funcionaria judicial informó que en caso de que decidieran levantar el paro, la siguiente etapa sería la vía legal, pero al respecto aclaró que cada trabajador o persona juzgadora determinará si es su voluntad o no promover un amparo, “y serán los titulares a los que les corresponda conocer el asunto, los que determinarán si le dan trámite o no, porque no hay una línea, nosotros no nos conducimos por línea”, aseguró.
La jueza insistió que precisamente el movimiento que realizan es para mantener la independencia judicial: “nadie nos da línea, cada juzgador en función de su criterio, determina si es procedente o no. Tan es así que a nivel nacional hay asuntos en diversos sentidos”.
Declaró que en Guerrero ya se han promovido amparos por parte de titulares, mismos que fueron presentados antes de que se aprobara la reforma.
En su caso, como jueza del Décimo Distrito, durante el tiempo que estuvo de guardia para atender los asuntos urgentes, recibió dos solicitudes de amparo, de las cuales, una no se admitió y la otra “se efectuó una prevención, a efecto de que se proporcionen más datos para determinar si se admite o no”.
Explicó que en el primer caso fueron titulares los que solicitaron el amaro contra la reforma judicial y la segunda solicitud la promovió una persona de la sociedad civil.
De acuerdo a la jueza, aun cuando el Ejecutivo ha dicho que los juicios de amparo no proceden porque se trata de una intromisión del Poder Judicial a los poderes Ejecutivo y Legislativo, “a toda demanda se le tiene que dar el tramite respectivo, aunque en algunos casos se pueden desechar, en otros declarar la incompetencia, pero otros se tendrán que admitir”, adelantó.
Agregó que en cada uno de los casos se tiene que canalizar bien la demanda para ver qué determinación se va a tomar con base a la Constitución, los tratados internacionales, la Jurisprudencia y la Ley de Amparo.
Aidé Ruiz Hernández, reconoció que el proceso es largo, “en muchas ocasiones la parte que presenta una demanda se tarda en desahogar la prevención o ya no la desahoga, pero la ley también establece qué hacer en esos casos”.
Admitió que derivado de ello, hasta ahora, no se ha admitido ninguna demanda porque no se ha cumplido con este proceso, pues dijo que se interpusieron antes de que se aprobara la reforma.
“Una vez que alguna demanda se admita, que tampoco puedo yo decir en este momento si se va a admitir o no alguna, lo cierto es que en caso de que alguna se admita lleva todo un procedimiento que hay que seguir, es una serie de pasos legales que, en todos los casos, hay que seguir”.
La jueza añadió que en algunos casos es posible advertir desde el inicio cuando es improcedente, pero en otros esa improcedencia se determina una vez que ya está el expediente debidamente integrado y listo para resolverse.
Pero aclaró que el hecho de que se diga a priori que una demanda es procedente o no, “aunque sea el mismo presidente de la República no implica que una perdona juzgadora va a seguir lo que diga el presidente”.
Insistió: “Precisamente, nosotros como conocedores del derecho, como operadores jurídicos tenemos que avocarnos a estudiar los asuntos y a resolver con base al derecho, no porque lo diga el presidente o porque lo diga el Senado de la República, o incluso porque lo digan los mismos trabajadores del Poder Judicial, tenemos que resolver conforme a derecho, sin línea”.
Destacó que todas las autoridades, empezando por el presidente de la República y terminando por la más modesta de las autoridades administrativas a nivel municipal, están obligadas a acatar las determinaciones que derivan de un juicio de amparo, que puede ser una suspensión o la sentencia misma de amparo, puesto que en eso reside la fortaleza del juicio de amparo, que obliga a todas las autoridades”.
Concluyó que por eso es que se está atacando tanto, no solamente al Poder Judicial de la Federación, sino al mismo juicio de amparo, “que es la institución más poderosa y accesible que tiene el ciudadano para defenderse de los actos de autoridad”.
“Tan poderoso es el juicio de amparo, que tenemos ayuntamientos, secretarías del gobierno del estado, funcionarios públicos, algunos, incluso pertenecientes al partido en el poder, que promueven los juicios de amparo, tan poderoso es y tan noble es esa institución, y todos los asuntos son resueltos conforme a derecho”, aseguró.

“Hay campaña de desprestigio contra paristas”

“No son privilegios, son derechos laborales que funcionan como herramientas para garantizar un sistema de justicia honorable, justo y accesible para cada uno de los ciudadanos”, expresó Paola Barrera Turanza, practicante del Segundo Tribunal Colegiado de Materias Penal y Administrativo del PJF, en su participación en el acto cívico llevado a cabo la mañana de este viernes, en la explanada interna del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, donde paristas se manifiestan contra la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Nacional.
Barrera Turanza, llamó a sus compañeros paristas a no desanimarse y seguir luchando por la defensa del Poder Judicial ante la Reforma Judicial que ya fue aprobada tanto en el Congreso de la Unión, como los congresos locales.
Acusó que hay desinformación para la población y se emprendió una campaña de desprestigio contra los juzgadores con la finalidad de confundir a la ciudadanía.
“Se les acusa de ser privilegiados, pero tienen ese desconocimiento de que esos privilegios no son más que derechos laborales”, recalcó la cursante.
Barrera Turanza, dijo en el micrófono que “está reforma que hoy se nos impone, no sólo viene a acompañada de una campaña de desinformación, desprestigio hacía ustedes, y hasta a esta institución (PJF), si no que deja en un estado de indefensión a todos los ciudadanos y a merced de decisiones políticas”, concluyó su mensaje.
En la explanada del estacionamiento que se encuentra al interior del recinto judicial, ubicado en bulevar de Las Naciones, en zona Diamante, se reunieron cerca de 200 trabajadores en paro laboral que se han venido manifestando contra la Reforma Judicial, pero que iniciaron la huelga desde el 21 de agosto del año en curso.