* El diputado De la Rosa, el dirigente Sánchez Nava y el ex candidato Castillo Peña demandan destitución, acción penal y sanción administrativa para los empleados del Congreso que preparan los recursos de inconformidad del PRI

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La dirigencia estatal del PRD advirtió ayer que promoverá juicio político contra la consejera electoral Guadalupe Pavía Miller y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado Miguel Barreto Sedeño, si no renuncian a sus cargos, y exigió destitución, acción penal y sanción administrativa para los empleados del Congreso del Estado que junto con trabajadores y dirigentes del PRI preparan los recursos de inconformidad de ese partido.

En conferencia de prensa, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Sebastián de la Rosa Peláez; el secretario de Asuntos Electorales del Comité Estatal de ese partido, Guillermo Sánchez Nava, y el ex candidato a la diputación local por el distrito 01, Ricardo Castillo Peña, responsabilizaron al gobernador Rene Juárez.

De la Rosa Peláez dijo que el mandatario “por todos los medios y a través de todas las instancias de gobierno pretende asumir la defensa y la asesoría jurídica a favor de su partido”.

Lo grave, dijo, es que ha involucrado también a funcionarios de instituciones que deberían desempeñar un papel imparcial en el proceso electoral, como el Consejo Estatal Electoral (CEE), el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el Tribunal Superior de Justicia, dijo.

En ese sentido, agregó, “es el Estado a través de todos sus equipos, a través de todas las instancias y los medios, el que está orquestando la asesoría a favor del PRI para impugnar o defender los triunfos que no logró con el respaldo de la ciudadanía”.

Insistió: “Por eso es que magistrados y consejeros suplentes están siendo cómplices y formando parte de la estructura del PRI para la defensa de lo que no lograron en las urnas”.

Mientras tanto, Guillermo Sánchez Nava consideró que esta situación es muy grave porque, según la ley, instituciones como el CEE y el TEE deben cumplir una función imparcial y tienen que dar confiabilidad a los partidos en estos procesos electorales.

“Cómo es posible que si el CEE es el órgano encargado de realizar el proceso electoral de manera imparcial, haya ahí funcionarios que están al servicio del PRI; cómo esperan que confiemos que en el TEE habrá imparcialidad, cuando hay funcionarios y empleados que hacen el trabajo para el PRI”, cuestionó.

Sánchez Nava agregó que por ética política los funcionarios y empleados deben renunciar a sus cargos; “de lo contrario, la dirigencia nacional del PRD, la fracción parlamentaria del Congreso local y la dirigencia estatal promoverán juicio político en los casos del magistrado Miguel Barreto Sedeño y de la consejera Guadalupe Pavía Miller, para que sean separados de sus cargos, como lo establece la ley”.

Precisó que “esto le compete al Congreso del Estado, puesto que ambos funcionarios son aprobados por el Congreso”.

Indicó que los empleados y funcionarios del Congreso local señalados deben ser sujetos a proceso penal y administrativo, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Y es que dijo que para el PRD los organismos electorales locales “ya no son confiables; vamos a mandar nuestros recursos al TEE sólo como trámite para que después podamos acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

En este sentido indicó que el PRD prepara recursos de inconformidad en todos los municipios donde tiene pruebas contundentes de que hubo fraude electoral, e informó que ya hay avances en Atoyac, Tecpan de Galeana, Cruz Grande, Cuajinicuilapa, Azoyú, Juan R. Escudero y Heliodoro Castillo.“Tenemos a un grupo de abogados que está revisando todas las pruebas para llevar los recursos electorales ante las instancias electorales”, abundó.En la conferencia, los dirigentes perredistas hicieron también un nuevo llamado a los gobiernos federal y estatal “para que pongan en vigencia el estado de derecho en Teloloapan, donde Pedro Pablo Urióstegui ha estado actuando por encima de la ley, por encima del gobierno federal y estatal, actuando con impunidad, fomentando la violencia y poniendo en riesgo la tranquilidad y la paz social”.Sánchez Nava agregó que lo que está haciendo Urióstegui Salgado en ese municipio “es inédito; yo nunca he visto en ninguna otra parte del país que una persona tenga su propio comando con armas de alto poder, que secuestre, que cierre la carretera, que secuestre a los funcionarios electorales y que tenga en asedio y amenaza permanente a nuestros dirigentes perredistas y a nuestro candidato triunfador, Modesto Brito”.