Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), protestaron en el Congreso local para exigir la aprobación de la iniciativa de reformas que llaman Ley indígena y afromexicana, entregada el 9 de agosto de 2023.
En el mitin frente a la puerta del estacionamiento, demandaron con esta iniciativa, el reconocimiento de la institución de los pueblos y el respeto a su autonomía, borrada de la legislación local cuando se derogó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.
A las 10 de la mañana, alrededor de 70 personas de las casas de justicia de Espino Blanco y la casa enlace de justicia de Escalerillas Lagunas San Juan, incluidos policías comunitarios uniformados, llegaron al Congreso para exigir una reunión con los diputados.
El coordinador regional de Escalerillas Lagunas San Juan, Vicente Dircio Nava, denunció que después de la abrogación de la Ley 701, son hostigados por agentes de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía del Estado, que hacen revisiones tanto a los policías comunitarios, como a las mujeres y niños de sus comunidades.

El sistema de reeducación comunitaria ha funcionado

En entrevista, indicó que el sistema de reeducación comunitaria ha garantizado la paz en sus territorios, y las corporaciones tratan de llevarse a las personas detenidas por la CRAC-PC.
“Necesitamos que se nos reconozca bien en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, una petición que desecharon las autoridades anteriores, y este gobierno hizo caso omiso también”.
En la protesta, el diputado Genaro Yovani Estrada Morales, suplente del diputado con licencia Masedonio Mendoza Basurto, tomó el micrófono para reconocer la actuación de la policía comunitaria en la Montaña, que ha impedido que la delincuencia organizada crezca en la región.
Añadió que el diputado Mendoza Basurto cumplió con los pueblos, llevando la iniciativa al pleno, pero justificó el retraso, porque el trámite legislativo lleva tiempo.
Invitó a una comisión de 10 personas, a entrar a las instalaciones para poder darles una explicación amplia.
Al salir de la reunión, el integrante del movimiento, Martín Rosales Sierra, acusó que de cara a las elecciones del 2 de junio, nadie en el Congreso del estado tiene interés en las reformas indígena y afromexicana, ahora “congelada”.
Ellos viven en una burbuja distinta, no lo están discutiendo, enfatizó.
Indicó que en la reunión estuvieron el diputado Estrada Morales, el secretario técnico de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Citlali Calixto Jiménez, y el secretario de Asuntos Indígenas, Abel Bruno Arriaga.
Argumentaron que cuando la nueva administración de la Jucopo llegó en enero, la Comisión de Asuntos Constitucionales estaba desmantelada, sólo había un diputado y no podía sesionar.
Actualmente, la Comisión de Asuntos Indígenas sólo tiene una integrante, la presidenta de la Mesa Directiva Leticia Mosso Hernández. Los cuatro restantes están de licencia.
“Ellos mismos (los diputados en funciones) andan en campaña porque muchos de ellos se están reeligiendo y tampoco están tocando el tema. Por eso venimos a refrescarles un poquito la memoria, para decirles que hace mucho tiempo hemos buscado el reconocimiento del Sistema de Seguridad y Justicia de los pueblos, de distintas formas”.
Subrayó que la exigencia es que avance su iniciativa para recuperar los derechos plasmados en la ley 701, que se logró en 2011, y se abroga en 2018.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la reforma no era válida porque no hubo consulta a los pueblos, recordó el Congreso hizo en dos meses una consulta a modo, de escritorio, para ratificar la ley que envió en 2018 el ex gobernador, Héctor Astudillo Flores, que también había avalado la legislatura antepasada.
“De esa manera la SCJN validó la consulta que hicieron (los diputados de esta legislatura) que deja fuera la Ley 701. Nos convierte a nosotros, de la CRAC, en auxiliares de la Policía Municipal, Estatal, de los Ministerios Públicos”.
Señaló que esa reforma los regresa al momento que surge la policía comunitaria, hace 28 años, donde solamente podían detener por faltas o delitos, y entregar a las personas a las agencias del Ministerio Público.
“Está probado que eso no funciona, los MP funcionan con dinero y ellos liberan rápidamente a las personas y quedan los mismos problemas”.
Finalmente, informó que acordaron la instalación de una mesa técnica en dos meses, esto es, después de los comicios.
Con comisiones incompletas, dijo que la CRAC pidió la presencia de representaciones parlamentarias y políticas, el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, el secretario de Asuntos Indígenas, para que asuman un compromiso.
Si no hay avances en un tiempo razonable, adelantó que van a protestar en Chilpancingo las cinco casas de la CRAC y los pueblos y organizaciones aliadas.
Añadió que hay amparos de personas  en proceso de reeducación, contra los coordinadores de la CRAC-PC ya no tiene el amparo de la 701, que pueden ser detenidos.
Señaló que en  febrero de esta año, en la casa enlace de  San Juan, del municipio de Zapotitlán Tablas, detuvieron a algunas personas implicadas en una organizacion muy grande de trata de personas, que mediante recursos legales tratan de sacar el proceso de reeducación.