Karina Contreras

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, Eduardo Loria Casanova, informó que el ex director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Fermín Alvarado Arroyo. ya fue notificado oficialmente desde el viernes pasado de su inhabilitación, y ellos sólo pueden sancionar administrativamente hasta por un año.
Señaló que el ex funcionario puede emitir un recurso de consideración, que ignoraba si lo hizo, pero la inhabilitación es por un año y desde la semana pasada ya es oficial.
En declaraciones en Acapulco al acudir a una conferencia sobre el Marco Integrado de Control Interno Institucional, que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Americana, al contralor se le preguntó sobre las declaraciones de Alvarado Arroyo de que se le violó su derecho a garantía de audiencia y presunción de inocencia. Respondió que se le citó varias veces y no acudió.
Al ex funcionario en la administración de Héctor Astudillo Flores se le responsabiliza de haber incurrido en irresponsabilidades por un monto de mil 300 millones de pesos. Alvarado Arroyo respondió que era un linchamiento y persecución política en su contra y que daña su prestigio y su reputación, que puso en riesgo su seguridad y la de su familia.
Loria Casanova dijo que al ex funcionario cometió nepotismo al basificar a varios de sus familiares, y entregó recategorizaciones sin cumplir con lo que marca la ley. Se le dio su derecho de audiencia y “se le citó inclusive, pero nunca acudió y tuvimos que notificarlo en el domicilio que él nos indicó. Fue difícil el acceso, pero ya quedó notificado y por el momento ya quedó inhabilitado”.
Indicó que en las investigaciones se le encontró el delito de nepotismo al beneficiar a familiares directamente con bases y la ley marca que hasta en cuarto grado, la Ley de Responsabilidades califica como graves. Por esa “razón lo estamos turnando al Tribunal de Justicia Administrativa y dándole parte a la Fiscalía”. Se le preguntó si eso quería decir que se le podría imputar de manera legal y respondió que sí.
“Normalmente lo que se hace es un calculó de todas esas, por ejemplo, de las recategorizaciones que no procedían, esas bases que no procedían y se le pone monto de cuánto se ha pagado a toda la gente y probablemente se le pida el resarcitorio del recurso. Nosotros cuando hicimos la auditoría, recuerdo que sumando estos eran como 120 millones de pesos, aún cuando suponiendo regresaran ese recurso persiste la falta administrativa porque se busca que no se vuelva a repetir”.
Agregó que de los mil 300 millones se desglosaron las observaciones, 17 en total, y una de ellas son impuestos acumulados que no sean entregado donde mucho de eso viene de administraciones anteriores de alrededor de 800 millones, pero el resto “donde nos estamos enfocando, por lo que realmente lo sancionados fue por la parte administrativa que no cumplió al basificar a 87 personas, hay más de 120 recategorizaciones que tampoco se siguió el procedimiento administrativo que el mismo reglamento interno del Colegio de Bachilleres marca muy estrictamente, es un procedimiento muy estricto y no lo siguió”.
Señaló que las bases y recategorizaciones fueron quitadas y “se convocó por parte del director general de Bachilleres a una reunión extraordinaria en donde se dio a conocer el dictamen de auditoría y el órgano colegiado, que es la máxima autoridad del colegio, tomó la decisión de detenerlas porque cada quincena el daño económico seguía creciendo. Entonces las bases van para atrás y por ahí estamos, a solicitud del sindicato, se están revisando algunos expedientes, pero hasta ahorita lo que se ha visto que están perfectamente fundamentadas las observaciones”.
Trato por separado a declaración patrimonial en Salud y Educación

Mientras que en el tema de la declaración patrimonial dijo que ya concluyó y que están tratando por separado lo que son los trabajadores de Salud y Educación porque “desafortunadamente los sindicatos no han ayudado mucho. Hicimos una labor importante dándoles a conocer que no es una decisión del gobierno de Guerrero ni de la Contraloría, sino es un mandato nacional que viene en la Ley General de Responsabilida-des, es decir, la que es de toda la federación que ahí dice claramente que absolutamente todos los servidores y servidoras tienen la obligación de declarar y si nos vamos a la Constitución Política de México y del estado, ahí define quiénes son servidores públicos y claro que ellos son servidores”.
Añadió que el argumento que dan es que no tienen patrimonio, pero recordó que hay una muy sencilla donde básicamente lo que piden son datos personales donde no se tarda más de diez minutos hacerlo en línea. Indicó que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) tienen cerca de 15 mil agremiados y “quedaron que nos iban a entregar, hubo dos reuniones y hasta firmamos una minuta, un documento en donde ellos estaban exentos, la verdad que no hay quien vaya a expedir ese documento toda vez que eso esta en la Constitución, que es la máxima ley de nuestro país”.
Sobre cuánto tiempo se les va esperar a los maestros, el contralor respondió que se reunirá con ellos, pero ya empezar a mandar los oficios de exhortos dando a lo mejor cinco días para que empiecen y si no se tiene que iniciar ya con los procesos de sanción que pueden ser apercibimientos, pero “ya veremos”.
Sobre cómo va y si ya la Audi-toría Superior de la Federación tiene una resolución sobre la Ribera de la Sabana. dijo que “creo que no vino en esta primera entrega que hizo al Congreso, pero ya lo revisó”.
Mientras que en la obra de la avenida Farallón dijo que ya está concluida una revisión y “ya se les va notificar la semana que entra de los resultados, pero no puedo adelantar nada mientras no notifiquemos al ente auditado, no podemos mencionarlo”.
Loria Casanova señaló que eventos como en el que estuvo son muy importantes porque “donde hay muchísima corrupción es en los municipios y entonces estamos tratando de jalarlos, de coordinarnos con ellos a través de sus contralorías, que se llaman Órganos de Control Interno”.
Recordó que se quiso instaurar el Sistema Estatal de Fiscalización, pero no estaban los contralores nombrados como dice la ley orgánica que cambio en el 2015 que dice que ya los alcaldes no pueden nombrar al contralor, sino que debe ser una convocatoria abierta, entrar a concurso y de ahí escogerse, y “quien no haya sido nombrado así por más que firme y audite no tiene validez porque se lo echan para abajo. Ahorita ya hay más bien constituidos y vamos a trabajar de la mano”. Finalmente dijo que en la primera entrega que hizo al Congreso de la Unión Guerreo apareció en segundo lugar de menos montos observados y que se esta trabajando para evitar que los observen.