José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Después de que Guerrero fue el estado número 17 en aprobar el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) enviado por el Senado de la República, el Poder Legislativo local tendrá, a partir del 16 de septiembre, 180 días para que adecue las nuevas disposiciones y reglas a la Constitución Política del Estado y las respectivas leyes secundarías.
De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) referente a la Reforma Judicial, para que esta tenga efecto en todo el país y en los 32 estados, los respectivos congresos locales tendrán entre el lunes 16 de septiembre del 2024 y el sábado 22 de marzo del 2025, adecuar sus constituciones estatales y sus leyes secundarias.
Esto porque será en todo el país que se renueve la totalidad de los cargos de magistrados y jueces en las dos etapas que se prevé en la reforma, que en un primer momento será en junio del 2025 y después en el mismo mes pero del 2027.
En las reformas constitucionales al Poder Judicial se establece, en el renovado artículo 116, que las constituciones estatales tendrán que garantizar la independencia de magistrados y jueces; la forma como se llevará a cabo la elección de los funcionarios judiciales a través del voto libre, secreto y directo de los ciudadanos; además de la creación de los tribunales de Disciplina Judicial en cada entidad, lo mismo que los organismos de administración judicial. Todo este proceso conforme a las bases establecidas en la Constitución federal.
De acuerdo con la reforma, los magistrados y jueces deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a IV del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución ya reformada, además de los que establezcan las constituciones y leyes orgánicas de los Estados, es por eso que se necesita homologar la reforma al ámbito local.
Para el caso de Guerrero, el Congreso local tendrá que legislar en un plazo máximo de 180 días, que se cumplirán el sábado 22 de marzo del 2025, las reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes secundarias para la elección de magistrados y jueces estatales, aunque será conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es en el artículo ocho Transitorio, donde se establece que “las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. Este plazo queda comprendido entre el lunes 16 de septiembre del 2024 y el sábado 22 de marzo del 2025. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen; en cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027”, se lee en la reforma publicada en el DOF.
En el artículo décimo transitorio se estableció los poderes judiciales, tanto de la federación como de los 32 estados del país “llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda”. Este plazo empezó a correr el pasado lunes 16 de septiembre del 2024 y terminará el sábado 14 de diciembre de este año.