De la corresponsalía, Chilpancingo n* El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, dijo que la licencia que le fue concedida al magistrado Miguel Barreto Sedeño no le evitaría ser sometido a juicio político, si así lo demanda un particular o un partido político.

Entrevistado en sus oficinas del Tribunal, opinó que deben ser las instancias legales las que determinen si procede o no aplicar una sanción al magistrado por asesorar a la dirigencia estatal del PRI en la preparación de sus recursos de impugnación de resultados electorales del pasado domingo.

Calvo Sánchez relató que el 7 de octubre –un día después de las elecciones– encontró en su escritorio un escrito firmado por el magistrado Miguel Barreto Sedeño, en el que le pedía permiso sin goce de sueldo durante cinco días.

“Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial no establece aplicar una sanción a uno de sus integrantes en este tipo de casos, y lo que hizo el magistrado (Barreto Sedeño) de presuntamente estar asesorando a la dirigencia del PRI para la defensa del voto, es una decisión personal”, expresó Calvo Sánchez.

En su opinión, lo que hizo el magistrado no es ético. “Pero, repito, eso fue una decisión personal, y si hay alguna situación ilegal, que sean las instancias la que determinen si procede o no aplicarle una sanción”, dijo.

El martes pasado a mediodía, en horas de trabajo, fueron sorprendidos en las instalaciones de la Casa de la Defensa Jurídica del voto del PRI el magistrado Miguel Barreto Sedeño, la consejera electoral suplente del Consejo Estatal Electoral Guadalupe Pavía Miller, y la asesora del oficial mayor del Congreso local Alma Delia Alcaraz Eugenio. Presuntamente redactaban los recursos de impuganción que va a presentar ese partido ante organismos electorales.

Sanción, sólo administrativa, opina abogado

En opinión del abogado Román Ibarra Flores, el magistrado Miguel Barreto Sedeño y la consejera electoral suplente solamente podrían ser sancionado con un descuento salarial, porque la Constitución del Estado no establece juicio político para lo que supuestamente hicieron.

Lo que si cuestionó Ibarra Flores es que ambos funcionarios hayan faltado a su ética política como profesionales del derecho.

“Sabemos que el magistrado Miguel Barreto Sedeño y el presidente del Poder Judicial, Raúl Calvo, son militantes del PRI, pero es grave que estando en funciones se involucren en tareas partidistas, máxime cuado sea en horas de trabajo”, expresó el abogado.