Durante la mesa de trabajo con diputados, el procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya no investiga ninguna ejecución en Guerrero porque se retiraron a la ciudad de México para estar atentos en la elección del 2 de julio.
Dijo que en el caso del crimen del empresario acapulqueño Alexis Iglesias tenía “información” pero los responsables evadieron la justicia, aunque no abundó más; mientras que del homicidio del ex secretario general de Gobierno figueroísta, Rubén Robles Catalán –que se lo adjudicó un grupo guerrillero– afirmó que tiene “información importante”, pero no dijo más.
La reunión de trabajo con el procurador se llevó a cabo a las 10 de la noche al final de una larga jornada, en la que sólo estuvieron 17 de 46 diputados. Encabezó la sesión el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado perredista, Ramiro Solorio Almazán.
A diferencia del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría y del de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Heriberto Salinas Altés, el procurador leyó un resumen de lo que ha sido su desempeño al frente de la Procuraduría, lo cual volvió tediosa la reunión.
En la primera ronda sólo intervinieron seis diputados, y el procurador informó de manera breve sobre las acciones que desarrolló en 2005, pero fue tan breve lo que dijo, que los perredistas Rossana Mora Patiño y Ramiro Solorio Almazán le pidieron un informe pormenorizado.
En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Wulfrano Salgado Romero habló sobre la desaparición del periodista, Leodegario Aguilera Lucas director de la revista Mundo Político, que luego de dos años no se conocen los avances de la investigación y el procurador dijo que habló con “gente” del Instituto de Estudios Periciales de la ciudad de México y no lograron determinar el ADN de los huesos quemados encontrados en Acapulco; además mencionó que hay consignados y que serán liberadas más órdenes de aprehensión contra otros sospechosos.
Sobre los salarios de los Ministerios Públicos, dijo que en diciembre se les otorgó un aumento y en abril se les dio el aumento a auxiliares del MP y a peritos. Dijo que en julio o agosto se hará lo propio con los policías ministeriales e informó que ya no ganan cuatro mil pesos mensuales sino seis mil.
Murueta contestó a la panista Jessica García Rojas sobre el homicidio del empresario acapulqueño presidente de la Coparmex, Alexis Iglesias y dijo que están investigando desde que asumió el cargo, porque le fue heredado por la administración anterior y que tenía “información”de presuntos responsables pero “se evadieron”.
Del homicidio de Rubén Robles Catalán, el procurador dijo que tiene “información importante” y no dijo más.
Los policías no son suficientes para atender las investigaciones
Reconoció que la Procuraduría no tiene los policías suficientes para atender el rezago en las investigaciones de homicidios. Dijo que el números de casos graves, en 2001 es de 4 mil 348; en 2003 es de 4 mil 108; en 2004 es de 3 mil 207 y en 2005 es de 2 mil 256 en las siete regiones.
El priísta Raúl Tavera denuncio que un agente del MP que le pidió dinero para favorecerle en un caso que no explicó, “y aquí está presente pero no lo voy a denunciar, porque todos debemos avanzar juntos en cambiar esa actitud de los Ministerios Públicos”.
Lo anterior sacudió a unos dormilones diputados, funcionarios, Ministerios Públicos presentes y demás funcionarios de la PGJE y de los pocos reporteros de la fuente.
Pero en su respuesta, el procurador sólo dijo que lentamente erradicará viejos vicios y malos ejemplos desde sus titulares en la PGJE para que dejen de pedir dinero por sus servicios.
Solorio pidió un informe de los casos resueltos y preguntó cuándo se designará a un fiscal especial para investigar el homicidio del ex delegado de Transportes en Acapulco, Salvador Melesio Montiel.
El poder económico de sicarios dificulta su detención, afirma
Pasada la media noche en la segunda ronda de preguntas, el coordinador de los diputados del PRI, Abraham Ponce Guadarrama criticó la actuación de la Procuraduría en los casos de violencia y Murueta justificó que habló con “gente” de la PGR pero no dijo quién y que fue a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) para pedir su intervención y que esa dependencia envió agentes pero sólo estuvieron dos semanas y se regresaron a la ciudad de México sin hacer investigaciones, aunque no precisó de qué casos.
Afirmó que el crimen organizado ha intervenido en sus investigaciones y que su solvencia económica eso dificulta la detención de sicarios, porque éstos pasan desapercibidos cuando huyen a refugiarse, en muchos casos, a centros vacacionales como balnearios, sin aportar mayor datos.
También dijo que en el caso de los granadazos en Zihuatanejo, encontraron que los responsables huyeron a Colima por Michoacán desde donde también vienen a realizar ejecuciones a Guerrero.
Reconoció que en Guerrero “se dejó crecer a los dos grupos delictivos existentes y llegan hasta a amenazar a policías”, además de corromper a la gente para que se involucre con ellos.