Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante el foro La fuerza política de las legisladoras mexicanas, organizado por el Congreso del Estado, las panelistas destacaron que el negar a las diputadas ser parte de los órganos de dirección del Congreso local, o presidir comisiones legislativas importantes, debe ser considerado violencia política de género.
Las participantes también propusieron que este tipo de violencia sea considerado en la ley, como como causa de nulidad de la elección.
El foro se realizó en la explanada del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, donde las panelistas realizaron un balance de los avances obtenidos en cuanto a paridad y la participación de las mujeres en cargos públicos, así como la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres.
Como ponentes estuvieron la investigadora del Buró Político, Adriana del Rosario Báez Carlos; la catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero e integrante de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Olivia Álvarez Montalván; la magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, y la integrante de la Red de Mujeres en Plural y presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres, Muriel Salinas Díaz.
Otras asistentes fueron la diputada Patricia Doroteo Calderón y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán.
El acto fue encabezado por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local, la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz, quien consideró que será responsabilidad de esta legislatura, que es la primera integrada de manera paritaria, el cimentar las bases que garanticen la paridad en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos, así como la erradicación de la violencia política en razón de género.
Gabriela Bernal reconoció que aún existe una brecha de desigualdad en instituciones, y aseguró que tienen una agenda importante en la materia, que buscarán desahogar en el próximo año legislativo.
La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio, dijo que la paridad de género “resulta insuficiente si no nos hacemos cargo de la violencia política contra las mujeres en razón de género” y fortalecer la regulación de esta figura.
Entonces propuso introducir en la legislación local la violencia política contra las mujeres en razón de género como una causal de nulidad de la elección, y ejemplificó que fue un precedente el caso de Iliatenco, dónde se tuvieron que realizar elecciones extraordinarias.
Dijo que también se requiere fortalecer la declaración 3 de 3 contra la violencia, para su aplicación, y que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral lo estableció mediante un acuerdo, en diversas resoluciones “está tuvo puntos débiles y la eficacia no se alcanzó”.
Eugenio Alcaraz se refirió a la importancia de que las mujeres formen parte de órganos como la Junta de Coordinación Política, la cual está integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de los partidos, pero también de la necesidad de que éstas presidan comisiones relevantes del poder Legislativo, que es el primer paso para que sus propuestas se atiendan y sus votos sean determinantes.
También consideró que es necesario capacitar a candidatos y militantes de partidos, preferentemente antes del inicio de los procesos electorales; la capacitación de las mujeres e implementar acciones afirmativas en las candidaturas a las gubernaturas y las alcaldías.
Después, Muriel Salinas comentó que a pesar de que hay más mujeres en las curules, éstas siguen sin ocupar espacios como las presidencias de comisiones importantes y dijo que no hay otra explicación ni razón más que la violencia política de género al interior del poder Legislativo y de los partidos que intervienen en estas decisiones.
Insistió en que los partidos políticos deben reformar sus estatutos, declaración de principios y plan de trabajo, para prevenir la violencia de género y garantizar la participación igualitaria de las mujeres, así como crear áreas especializadas para atender estas irregularidades.
Pidió al poder Legislativo que las reformas como los criterios tres de tres contra la violencia de género, estén aprobadas antes del inicio del proceso electoral, para que éstos sean aplicables en él.
Mientras que la representante de Buró Político, Adriana del Rosario, destacó que en el Congreso local no hay diputadas coordinadoras de grupos parlamentarios, y que en el caso de las diputadas del PT y PAN, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, respectivamente, sólo ostentan la figura de “representantes legislativas”, debido a que son las únicas diputaciones locales de estas fuerzas partidistas.

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