* No es ilegal la selección de candidatos con encuestas, dice el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

 Aurelio Peláez * El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, afirmó que cada vez es más recurrente que los militantes de un partido acudan a esa instancia cuando consideran que los estatutos del mismo son violados y se afectan sus derechos políticos. Dijo que el recurso es ahora “un procedimiento complejo” por lo novedoso. En el caso de las encuestas, un método utilizado en Acapulco por el PRI y el PRD para designar a sus candidatos, y que ha sido criticado por algunos militantes, que consideran recurrir al amparo, el magistrado electoral dijo que la ley sólo exige a los partidos “tener procedimientos democráticos” en la designación de sus candidatos, sin especificar cuáles, por lo cual no se podría considerar ilegal.Ojesto Martínez Porcayo estuvo ayer en Acapulco para presentar el libro Segundo Curso de Formación Judicial Electoral, que agrupa las ponencias del encuentro binacional México-España, en el 2000, en materia de justicia electoral. El acto se realizó en la Sala de Maestros de la Universidad Americana de Acapulco. Fue moderadora la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Virginia López Valencia. Estuvieron también como presentadores Raúl Avila Ortiz, coordinador de la Unidad de Asuntos Internacionales, y el magistrado electoral federal Jesús Orozco Enríquez. En el libro existen ensayos sobre la democracia mexicana, la consolidación de las instituciones electorales y las nuevas formas de justicia electoral.

Se “amplían” derechos de militantes

El presidente del Tribunal Electoral federal, Fernando Ojesto dijo en entrevista que en materia electoral “se ha venido avanzando mucho. A partir de 1996 se creó un instrumento de protección de los derechos político electorales de los ciudadanos. Este derecho electoral que consiste en votar ser votado, y afiliarse y asociarse libremente a los partidos, se ha ido ampliando a través de las sentencias del tribunal. Precisamente una de las ramas de desarrollo más interesantes es el que se establezca la defensa de los militantes de los partidos políticos”.Dijo que por disposición constitucional y legal, los partidos políticos deben de someterse a la ley, “como todas las personas en nuestro país, pero también deben de someterse a la observancia de los estatutos. Entonces las violaciones a los estatutos pueden ser recurridas ahora vía el juicio de protección de los derechos político-electorales, y se resueltos por un órgano jurisdiccional. Esto puede ser muy interesante. Ya muchos militantes, muchos candidatos que sienten que sus partidos los han afectado, acuden al tribunal electoral. Claro es un procedimiento complejo pero que tiene ahora como medio para remediar problemas internos en sus partidos”.El presidente del Tribunal Electoral federal fue interrogado acerca del programa de reparto de agua que realiza en Acapulco el candidato del PRI a presidente municipal, Ernesto Rodríguez Escalona, y se le preguntó si esto podría ser considerado un delito electoral. “Yo no puedo pronunciarme sobre circunstancias que están sucediendo actualmente. Lo que les puedo decir que hay una instancia muy importante y novedosa, que son las fiscalías para atender los delitos electorales. En materia penal hay un catálogo de hechos que se consideran como delitos. Entonces cualquier ciudadano puede acudir ante las instancias específicas a denunciarlos y se seguirá el procedimiento como se sigue con otra serie de delitos”.De las encuestas como forma de elegir candidatos, usadas en Acapulco, apuntó que “desde ese punto de vista, lo único que le exige la ley a los partidos es tener procedimientos democráticos para elegir a sus candidatos. No dice cuál, no dice votación directa, convención o asamblea o encuestas, es decir los deja en absoluta libertad para que ellos en uso de su autonomía puedan decidir los caminos para seleccionar a sus candidatos, pero una vez seleccionado el camino deben de respetar las reglas que hayan escogido”.

Partidos deben respetar sus estatutos

Raúl Avila Ortiz, coordinador de la Unidad de Asuntos Internacionales del Tribunal Electoral Federal, también tocó en entrevista al final del acto el tema de las encuestas, y de su posible apego a la legalidad estatutaria de los partidos. “Lo que hay que asumir es que los partidos son entidades de interés público, son como una pequeña república, y cuando uno se afilia o participa en un partido. Cuando un ciudadano lo hace, también tiene derechos y obligaciones, y esto debe quedar claro, que al haber reglas dentro de los partidos estas reglas tienen que ser respetadas tanto por parte de los militantes como por parte de directivas de los partidos. Sería muy contradictorio como luego las directivas de los partidos políticos violaran los derechos de los militantes y al revés, y de que no hubiera una forma de que se pudiera quejar el militante o una corriente interna porque no se cumplen los estatutos del partido”.Agregó que “lo que es correcto y lo que se ha venido defendiendo en México y en otros partidos es que la vida interna de éstos tiene también que ser una materia que está controlada por los propios tribunales, en nuestro caso los tribunales electorales.“En Uruguay hasta las elecciones que existen en organizaciones públicas que reciben financiamiento del estado como los sindicatos, las cámaras de comercio, las universidades, las elecciones pueden llegar a ser revisadas por una instancia externa y eventualmente pueden llegar a un tribunal electoral, porque estamos hablando de la democracia de la sociedad, no nada más de la democracia de los partidos.

“Si esto es así, imagínense las obligaciones que tienen los partidos con sus propios militantes, con la sociedad para promover la democracia y la participación interna con reglas claras, con la posibilidad de que si alguien no está de acuerdo porque se hayan violado sus derechos como militante quizá podrá acudir a una instancia, quizá primero interna del partido, pero luego a una instancia externa que permita con independencia decidir quién tiene la razón en ese conflicto interno”.

Elección por usos y costumbres

Avila Ortiz dijo que actualmente existe una tendencia a la globalización de los derechos político-electorales en tanto que derechos humanos, y en ese sentido, se es receptivo de demandas de la sociedad, como las formas de elección propia en las comunidades.Explicó que “hay dos tendencias al respecto. Una que viene de la propia Organización de las Naciones Unidas que sostiene que los derechos político electorales son derechos humanos, como son los civiles y demás derechos consagrados en los instrumentos internacionales y que no debe haber distinciones. Eso quiere decir que cada persona en materia electoral tiene un voto y tiene derecho a ejercer ese voto para participar en la integración del gobierno que lo representa.“Hay otra corriente en la ONU que sostiene que no es suficiente que a cada ciudadano se le otorgue un derecho al voto bajo unos procedimientos iguales sino que por la propia especifidad de sus costumbres y de su cultura puede ser posible que estas comunidades mantengan una manera propia de integrar su gobierno local”.Dijo que en entidades como Oaxaca se plantea la opción de que si las comunidades no se ponen de acuerdo acudan al tribunal externo para resolverlo, como pueden ser los tribunales electorales y esto se está aceptando.