Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 30 de mayo del 2013, aproximadamente a las 16:30 horas, la camioneta Honda tipo Pilot en la que viajaban el finado Arturo Hernández Cardona y siete miembros de Unidad Popular (UP), fue, de pronto, interceptada en el trayecto del tramo de la caseta de Iguala al crucero de Tuxpan por hombres armados que iban en dos camionetas, una Cherokee gris y una Explorer roja.
“Bájense hijos de su puta madre, se los llevó la chingada”, les gritó uno de seis hombres armados con pistolas que bajaron de la Cherokee, mientras que un hombre y una mujer se quedaron a bordo de la Explorer, parada en medio de la carretera.
Minutos después, los sicarios se llevaron con rumbo desconocido a siete miembros de UP y sólo uno de ellos, Jimmy Castrejón, se echó a correr y escapó.
Cinco días después, el 3 de junio, los cuerpos de Arturo Hernández, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román fueron hallados a orillas de la carretera Iguala-Chilpancingo, cerca de Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoaculco.
El testimonio de lo que pasó esos cinco días es del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, quien el día que fueron secuestrados manejaba la camioneta Honda Pilot de Hernández Cardona. Su versión quedó registrada con el número 14868 en el libro de la Notaría Pública 47 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Así como en la Averiguación Previa HID/SC/04/0745/2013 que integró la agencia del Ministerio Público de Iguala.
Los datos fueron definitorios para que el juez Primero de Dis-trito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos sentenciara el 12 de mayo pasado a 92 años y seis meses de prisión, así como a una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos, al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, “por resultar penalmente responsable en el delito de secuestro en agravio de Hernández Cardona y seis miembros más de UP, dos de ellos, Román Ramírez y Bandera Román, que también fueron asesinados”.
Los otros cuatro activistas sobrevivientes son: Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y el propio Mendoza Villa.
La tarde del 30 de mayo cuando fueron interceptados cerca del fraccionamiento San Ángel, uno de los seis hombres que bajaron de la Cherokee -todos con vestimenta negra y el escudo Ferrari, gorras y lentes oscuros-, disparó a la camioneta Honda tipo Pilot en el momento que los activistas bajaban y una bala hirió a Hernández Cardona en la pierna derecha.
Enseguida subieron a seis miembros de la UP a la camioneta Honda tipo Pilot blanca de Hernández Cardona, y a éste lo subieron a la Cherokee, pero minutos después lo volvieron a bajar y lo pasaron a la Pilot.
“Nos trasladaron agachados a un lugar desconocido, sólo sé que era campo, era un lugar de matorrales y espinos donde había más personas secuestradas, eran como seis entre hombres y mujeres tiradas bajo los matorrales”.
Mendoza Villa contó que le consta porque no los llevaban vendados.
Minutos después llegó una persona a interrogarlos y lo que le respondían lo escribía en hojas blancas, les preguntó sus nombres, direcciones, también datos de sus familiares.
Mendoza Villa dijo que cuatro hombres armados con cuernos de chivo (rifles AK-47), los estuvieron “cuidando” la primera noche, “uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, con un látigo de alambre o con una tabla en forma de paleta, así nos tuvieron toda la noche”.
Al día siguiente, el 31 de mayo, la vigilancia aumentó a 10 hombres, “todos con armas largas”, y por la mañana les siguieron pegando y alrededor de las seis de la tarde, dos de los pistoleros cavaron una fosa.
“Ya muy noche llegaron tres personas, entre las cuales conocí al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, al secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala Felipe Flores Velázquez, y a otra persona a la que no conocí”.
Mendoza Villa recordó un detalle: “los tres llevaban una cerveza barrilito en la mano”.
Recordó que Abarca Velázquez ordenó a las personas que los cuidaban que los siguieran golpeando, “al término de nuestra tortura se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, a quien le dijo, “qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte, y lo siguieron torturando aproximadamente 10 minutos”.
De acuerdo con su testimonio, después el secretario de Seguridad Pública Flores Velázquez, lo levantó del suelo y se lo llevó junto a la fosa que estaba aproximadamente a 10 metros, en donde el presidente municipal Abarca le disparó dos escopetazos, uno en la cara y otro en el pecho, y el cuerpo cayó dentro de la fosa.
Detalló que minutos después comenzó a llover. La fosa seguía destapada y la lluvia caía sobre el cadáver descubierto.
“El compañero Rafael Bandera Román trató de escapar y también fue ejecutado, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron el cuerpo de regreso”.
“Esa noche, (del 31 de mayo) nos volvieron a interrogar preguntando nuestras direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández Cardona y nuestra participación en Unidad Popular”, refirió el sobreviviente.
De acuerdo con su testimonio, a partir de esa noche aumentaron las amenazas en contra de los sobrevivientes. Escuchó que los hombres armados hablaban que tenían que esperar para ejecutarlos “y se dedicaron a cavar fosas”.
Escuchó que alrededor de las 10 de la noche quienes los vigilaban recibieron una llamada telefónica y recibieron la orden de que “se debían destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”.
Vio que desenterraron el cuerpo de Arturo Hernández y de Rafael Bandera Román, metieron los cuerpos en una camioneta Cherokee, a la que también subieron a los sobrevivientes y se los llevaron a un paraje cerca de Mezcala, “donde nos tiraron a todos”.
Contó que de inmediato los sobrevivientes huyeron corriendo hacia el monte y al momento les comenzaron a disparar, pero sólo alcanzaron a matar a Ángel Román Ramírez.
Tres días después, el 3 de junio, se hallarían ahí los cuerpos de Hernández Cardona, Bandera Román y Román Ramírez.
En el expediente del caso se asentó que ese día en la mañana, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Iguala recibió un reporte del C-4 informándole el hallazgo de tres cuerpos en la carretera Iguala-Chilpancingo, cerca de Colonia Valerio Trujano, a donde se trasladó el personal para realizar las primeras diligencia, hacer el levantamiento y el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense de Iguala.
Ese mismo día la representación social acordó la acumulación de la averiguación previa HID/SC/01/756/2013 iniciada por el delito de homicidio por arma de fuego en agravio de Hernández Cardona, Bandera Román y Román Ramírez a la diversa HID/SC/01/758/2013 por la puesta a disposición del vehículo marca Honda tipo Pilot propiedad de Hernández Cardona.
Sin embargo, en la sentencia que emitió el 12 de mayo pasado el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, no se incluyó el delito de homicidio.
En este segundo expediente se estableció que el 31 de mayo elementos de la Policía Municipal de Iguala localizaron en la avenida Cristo Rey de esa ciudad la camioneta Honda tipo Pilot, placas de circulación 983YMF del dirigente social.
Otra averiguación previa que se acumuló al expediente fue la HID/SC/04/0745/2013 misma que se integró horas antes del secuestro de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros de UP, debido a que ese 30 de mayo en la mañana habían presentado una denuncia de hechos ante el Ministerio Público en contra de José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa “y quienes resultasen responsables, aduciendo ser víctimas de hostigamiento por parte del gobierno municipal, con motivo de las gestiones que realizaban como organización social”.
En esta misma indagatoria quedó integrada la denuncia que presentó el 1 de junio la ahora viuda de Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza Martínez y algunos miembros de UP ante el Ministerio Público del Fuero Común de Iguala, por la desaparición de Arturo y sus compañeros.
En su denuncia, asentaron que el último contacto que tuvieron con ellos fue entre las 15:30 y las 16:00 horas del 30 de mayo “al término de una actividad política”, en referencia a un mitin en el que habían participado en la caseta de la Autopista del Sol en Paso Morelos, en demanda de la entrega de fertilizante.
En el oficio DDH05318 del 9 de diciembre del 2013, el director general adjunto de Política Internacional Sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto de León Huerta solicitó a la Procuraduría de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del Estado) información con relación a la “ejecución” de Hernández Cardona y sus dos compañeros.
En el documento se argumentó la petición porque las relatorías especiales sobre Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacífica, así como sobre la Situación de los Derechos Humanos de la ONU, tenían información de que “los perpetradores” del secuestro de los miembros de UP “fueron policías municipales y miembros de los Caballeros Templarios, un grupo armado no estatal que opera con la Policía Municipal y Estatal de Guerrero”.
“Además de que fueron trasladados a una colonia donde se encontraban más personas retenidas, a las que les vendaron sus ojos y les taparon sus oídos con algodones para que no vieran a sus perpetradores”, se escribió en dicho oficio.
El documento refiere que “en un primer momento se les recriminó (a Hernández Cardona y a sus compañeros) por sus inclinaciones políticas y por estar en contra del presidente municipal, puntualizándoles que se la andaban buscando”.