Zacarías Cervantes Chilpancingo

A cuatro días de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez penal de Tlapa una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, por su presunta participación en homicidio múltiple, el juzgado aún no la ha expedido, trascendió ayer en la Procuraduría.

Además de la tardanza en la expedición de la orden de aprehensión, de lo que no se ha dado explicación, también sin justificación el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió este miércoles en una oficina del Congreso del Estado con el alcalde Mosso Porfirio, con los coordinadores de los diputados del PRI y del PAN, Juan José Castro Justo y Max Tejeda Martínez, así como el presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero. Este encuentro dio lugar a sospechas de una probable búsqueda de impunidad para el ex alcalde.

La solicitud al juez penal que lleva la causa se hizo el lunes, informó ese día el subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal.

Sin embargo hasta ayer la orden de aprehensión no se había liberado, por lo que los ex funcionarios municipales aún no podrán ser detenidos por la muerte de cinco indígenas, miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), la noche del 11 de mayo del año pasado.

La orden de aprehensión contra los funcionarios municipales panistas fue solicitada luego de que diputados del Congreso local aprobaron hace dos semanas las solicitudes de renuncia a sus cargos del alcalde, el síndico y el regidor.

La PGJE había pedido el desafuero de los tres funcionarios municipales, luego de que son señalados por su presunta participación en el asesinato de cinco indígenas, en la comunidad de Escalerilla Laguna.

Los cinco indígenas fueron asesinados con machetes, palos, barretas por policías municipales y miembros de Antorcha Campesina que acudieron a rescatar al alcalde Silvino Mosso Porfirio, quien había sido retenido por miembros de la LARSEZ cuando pretendía interceder para liberar a tres antorchistas que fueron detenidos por un comisario que pertenece a la LARSEZ.

A pesar de que la Procuraduría solicitó al juez la orden de aprehensión, trascendió que inmediatamente después de que el Congreso local aprobó las renuncias del alcalde, el síndico y el regidor, éstos fueron amparados por la justicia federal, lo que fue negado el 5 de mayo por el alcalde, quien dijo, incluso que estaba en manos de la Procuraduría de Justicia.

Pero la Procuraduría envió un escrito al juez penal de Tlapa el lunes en donde pide la ampliación de la consignación de la averiguación previa sobre los hechos ocurridos en Escalerilla Laguna, porque considera que los tres ex funcionarios municipales son responsables por el delito de homicidio, lesiones y abuso de autoridad en contra de los cinco indígenas.

En la misma causa penal también aparecen ocho policías municipales y seis militantes de Antorcha Campesina que son señalados como participantes en la muerte de los cinco indígenas. Contra ellos ya existe orden de aprehensión, pero a casi un año de los hechos de violencia, la Policía Judicial (Ministerial) no ha ejecutado las detenciones.