El representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el estado y el director de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo y Ramón Navarrete coincidieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores que en el estado no hay presos políticos, porque jurídicamente no está establecida tal figura.
Consultados por separado indicaron que la Ley de Amnistía y el grupo que estará a cargo de analizar los casos de los 176 presos a propuesta de la senadora de Morena, Nestora Salgado García, tendrán que hacer un estudio de cada uno para no afectar los derechos de las víctimas, porque hay homicidios.
Hipólito Lugo dijo que en Guerrero no hay presos políticos porque jurídicamente este tiene una íntima relación con los hechos que se le atribuyen a las personas, pero que sólo el gobierno tiene la estadística de cuántos son.
“Que algunas personas digan que son presos políticos por la actividad que desarrollan de ser luchadores sociales es otra situación, pero si están acusado de algún delito (como homicidio) pudiera no encuadrarse como preso político”, afirmó.
Dijo que por otra parte están los perseguidos por el gobierno pero que también se tiene que demostrar y es algo muy complejo, “no quisiera pensar que hubiera que alguien que resulta incómodo para el poder público esté acusado de situaciones falsas”, en insistió en que no tenía datos.
Dijo que es importante esperar a que la ley sea publicada para saber los parámetros que se van a seguir, el marco jurídico y cómo se aplicará para los presos, porque también las víctimas quedarían vulneradas.
En este contexto dijo que la CNDH estará atenta a la ley y su aplicación para que ninguna de las partes vea perjudicadas sus garantías y derechos.
Ramón Navarrete expuso que el gobernador Héctor Astudillo hizo esa declaración porque legalmente la figura de “presos políticos no existe”.
Explicó que el calificativo ha sido atribuido por los integrantes de los movimientos sociales y la sociedad.
Incluso dijo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez ya reconoció que en México no había presos políticos.
Agregó que los legisladores tienen que establecer los parámetros para calificar a los beneficiados, “tienen que ponerse límites, porque la experiencia del pasado no va dirigida a una persona, sino a una temporalidad”.
Además cualquiera de las dos partes podría ser perjudicada porque será difícil explicar a los familiares de gente muerta, en caso de un homicidio, que es un tema político. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).