José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García, informó que el nombre del alcalde al que se busca retirarle el fuero constitucional, se revelará hasta que la Comisión Instructora dictamine la solicitud hecha por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En entrevista al término de un acto por el Día del Perro Callejero, en la secundaria Antonio I. Delgado, en Chilpancingo, el morenista aseguró que no revelar el nombre no es por una cuestión de seguridad ni de miedo por parte de los diputados que revisarán el caso.
Aseguró que como Poder Legislativo quieren “respetar el debido proceso”, ya que de haber un error, este pueda representar implicaciones legales en contra del Congreso.
“Hemos acordado respetar el debido proceso, hay una solicitud que se tiene que analizar, debatir, estamos en ello, transitando con toda la responsabilidad, de hacer un ejercicio responsable”, dijo.
Ante los rumores que circulan en redes sociales, que indican que el desafuero sería en contra del alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón, quien el mes pasado encabezó una marcha con otros alcaldes y pobladores de la zona Centro y Montaña baja para exigir obra pública y servicios, y que durante su manifestación causaron destrozos en el Palacio de Gobierno y retuvieron a varios secretarios para exigir la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda –quien al final se presentó a dialogar con los alcaldes–, Urióstegui García evitó responder, y reiteró que la secrecía es para evitar especulaciones e implicaciones legales en contra del Congreso.
“Reitero, el tema de la secrecía es para cuidar el debido proceso, porque si hay un tema en donde nosotros estemos rebasando alguna de nuestras competencias y expongamos un poco más de información, podemos dar pie a que se interponga un recurso en contra de nosotros”, dijo Urióstegui García.
Aunque en casos de desafuero contra alcaldes en pasadas legislaturas, los procesos fueron públicos como en el de José Luis Abarca Velázquez, implicado en el caso Ayotzinapa y Willi Reyes Ramos, acusado de homicidio en contra del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, para el actual caso, Urióstegui García consideró hoy existen leyes penales distintas en donde se pondera la presunción de inocencia, y por ello es que se mantendrá en secrecía.
Aunque la Ley Orgánica del Congreso del Estado no establece que todos los casos que lleve la Comisión Instructora deben ser públicos, tampoco existe un apartado legal que permita la secrecía tal como la mantienen en este caso.
“Nosotros estamos previendo mucho el tema de la presunción de inocencia, de cuidar el debido proceso, ahora con los nuevos procesos en temas penales sin duda también queremos cumplir y tenemos que analizar dentro de la Comisión Instructora este proceso, ver qué se cumplan los requisitos para dar pasos certeros y no exponer este tema hasta tener certeza de lo que se va a realizar”, agregó el morenista.
–¿No revelar el nombre no es por un tema de seguridad, de los diputados y de la Comisión Instructora?
– No, es un tema de absoluta responsabilidad, con la finalidad que se cumplan todos los requisitos dentro de la Ley, de respeto absoluto a la presunción de inocencia, y no fue una decisión personal, si no de todos los partidos que lo acordaron”.
Este jueves, en declaraciones a reporteros, Urióstegui García mencionó que otro de los puntos por el que no se revelará el nombre es para evitar “un linchamiento político”.