Los policías de Zihuatanejo no fueron desalojados de sus instalaciones, la Policía Estatal les impidió tomar sus armas a los 31 que fueron detenidos la semana pasada y liberados posteriormente, porque siguen bajo investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), dijo el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario aclaró que la PGR investiga la legitimidad de las armas y las municiones que usan.
Los policías municipales de Zihuatanejo denunciaron el domingo que policías estatales los desalojaron de su cuartel en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, quienes asumieron la seguridad de ese municipio desde el 16 de mayo, luego de que militares y policías estatales detuvieron a 51 municipales (el gobierno estatal dijo que fueron 60 y que nueve fueron liberados de inmediato, pero éstos afirmaron que nunca estuvieron detenidos) acusados de estar infiltrados por la delincuencia organizada.
“Toda la policía (de Zihuatanejo) está desarmada porque hay una investigación federal en curso. Se trata de una revisión minuciosa, administrativa y operativa”, dijo.
Informó que la investigación es del armamento y las municiones de los elementos municipales, “porque tiene que cuadrar el arma con las municiones que se autorizaron por la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la investigación es porque pudiera ser que un arma que utiliza algún policía es legal, pero con municiones que no se sabe de donde salieron. “O sea, hasta ese punto está llegando la investigación que se realiza”, informó el vocero.
Aclaró que aunque fueron liberados los 31 que habían sido detenidos el 16 de mayo, junto con los 20 que están a disposición de la PGR, siguen siendo investigados sus documentos y el armamento y balas que utilizan, al igual que el resto de los agentes que están en funciones.
“Toda la policía sigue sujeta a una investigación, porque hay que recordar que hay 20 elementos que están en el Cereso de Acapulco y se le pidió al juez de control la ampliación del término constitucional hasta 144 horas, para hacer el acopio de pruebas que puedan comprobar que hay una vinculación con la delincuencia organizada, por esa razón se sigue la investigación”, dijo Álvarez Heredia.
Insistió en que no se trató de un desalojo como lo denunciaron los policías municipales, “los policías estatales simplemente les pidieron que no tocaran las armas y que se hicieran un lado mientras se hacían las investigaciones”.
Informó el domingo que de un total de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que de 82 está en proceso su dictamen pero ha evadido responder por qué en algunos municipios los policías que ya se encuentran certificados no han recibido su armamento.
Cuando menos el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores y el perredista de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes han denunciado que a pesar de que los elementos de su corporación han pasado los exámenes de control de confianza no les han regresado sus armas que les quitaron desde 2014, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.