En la sesión de este martes, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia brinde “la protección más amplia” a periodistas y defensores de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en Guerrero.
Además, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, que si tiene pruebas, proceda legalmente y detenga al ex procurador de Justicia Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, hecho en el que fueron asesinados dos normalistas.
Los diputados aprobaron también 11 Leyes de Ingresos y seis Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para diferentes municipios de la entidad, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
Ayer, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una propuesta de exhorto dirigido a los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, para que cumpla los objetivos del Cuarto Informe de ese Mecanismo, que se presentó el pasado 7 de diciembre.
La propuesta incluye también que coadyuven en la medida de sus competencias a brindar la protección más amplia a periodistas y personas defensoras de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en el país, pero particularmente los que ejercen en Guerrero.
El exhorto es extensivo al fiscal Xavier Olea, a quien se pidió atender las denuncias presentadas ante la institución a su cargo por comunicadores y activistas que han sido amenazados en el ejercicio de su profesión.
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe un incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, lo que “evidencia” la necesidad de fortalecer en su favor labores de prevención, protección y procuración de justicia.
Comentó que ese organismo tiene un registro de 119 periodistas asesinados desde 2000, de los que 12 son mujeres; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006.
Además dijo que quienes se dedican a esta labor en la entidad ahora no sólo sufren de ataques de servidores públicos, sino también de la delincuencia organizada, y advirtió que Guerrero es el tercer estado en el país donde más riesgo corre una mujer que ejerce el periodismo.
“El ejercicio periodístico sin lugar a dudas representa hoy en día una actividad de alto riesgo, por ello, debemos de garantizar que la libertad periodística esté protegida, dicha actividad realizada con ética profesional contribuye a que la sociedad esté mayor informada, elemento fundamental para fortalecer nuestra democracia”, señaló.
La propuesta fue aprobada por el pleno por unanimidad de votos.
Antes de desahogar ese asunto, la diputada de Morena subió a la tribuna para razonar su voto. Ahí expresó que ni en el país ni en Guerrero hay respeto a los derechos humanos ni garantías para quienes los defienden.
“Hay derechos humanos porque este es un asunto únicamente declarativo, ya que en los hechos, las permanentes vejaciones de las personas, niños, mujeres, hombres, adultos, homosexuales, indígenas, sufren  bullying, discriminación y todo tipo de atentados a sus derechos”, lamentó.
Dijo que en la entidad no hay ni infraestructura institucional ni capacidad de personal para frenar las violaciones “sistemáticas” a los derechos fundamentales, además de que las instituciones creadas para defenderlos han sido rebasadas.
“No hay garantías para que defensores de derechos humanos y periodistas ejerzan sus actividades, una prueba de ello es que muchos periodistas, reporteros y fotógrafos quedaron en medio del enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEG, sin que las autoridades a las que hoy se pretende exhortar hicieran algo al respecto. ¿Dónde estaban? ¿Esperan hasta que haya muertos?”, cuestionó.

Acusaciones del fiscal, una cortina de humo

En su intervención, Cisneros Martínez dijo que respaldaría el exhorto de Movimiento Ciudadano, sin embargo advirtió que, en el caso del fiscal, “es como hablarle a un palo”.
Aprovechó para criticar las acusaciones que éste hizo en contra del actual coordinador de asesores del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, a quien Xavier Olea acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando ocupaba el cargo de procurador del estado y fueron asesinados Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“Miren ahora, ya declaró que Alberto López Rosas mandó a atacar a los dos estudiantes de Ayotzinapa hace 5 años, ¿de cuándo acá un fiscal le advierte a un presunto delincuente que lo va a inculpar?, o ¿acaso pretende que huya o se ampare?”
Le exigió a Olea Peláez que si tiene pruebas que confirmen sus acusaciones proceda legalmente en contra del ex alcalde de Acapulco y lo detenga, aunque no descartó que sus declaraciones sean sólo una cortina de humo ante los pocos resultados del gobierno del estado para atender el problema de violencia.

Modifican Ley de Ingresos de Acapulco

En la sesión de ayer se aprobó la Ley de Ingresos del municipio de Acapulco, sin embargo hubo modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano y el PRI.
Cuando se sometió a consideración del pleno el dictamen correspondiente, Ricardo Mejía presentó una reserva para que la expedición inicial o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan su expendio, mantengan los costos que establece la Ley de Ingresos vigente.
El legislador explicó que en la iniciativa que hizo llegar el gobierno municipal del puerto se incrementaba el monto para algunos lugares, principalmente los que forman parte de la cadena de tiendas Oxxo lo que, aseguró, lejos de estimular la inversión, la perjudica.
Recordó que por la situación de violencia que priva en la entidad, y los constantes cobros de extorsión de los que son víctimas empresarios y comerciantes de Acapulco, es necesario generar condiciones que no afecten su economía.
Por su cuenta, el diputado del PRI, el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, presentó otra reserva que evita que el gobierno municipal cobre un monto adicional a los establecimientos que hacen promoción, demostración y/o degustación de marcas y productos ajenas a las bebidas alcohólicas, como se ha venido haciendo.
Ambas reservas fueron aprobadas por el pleno.
Además de la de Acapulco, se aprobaron las leyes de ingresos de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Alpoyeca, Cualac, Cuetzala del Progreso, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas.
De igual forma se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Taxco y Zihuatanejo.

Otros temas

Ayer la Comisión de Justicia presentó ante el pleno el dictamen por el que se adiciona un artículo al Código Penal del estado, a fin de tipificar el tráfico de vehículos robados o partes de éstos.
“Con la aprobación del presente decreto, se busca inhibir el delito de robo y en consecuencia que no quede impune la comisión del delito de robo de autos, así como el tráfico de vehículos y de auto partes, por un lado, así como penalizar de forma severa la falsificación de documentos para la comercialización de automotores robados”, se lee en el dictamen que fue aprobado por el pleno.
Además, a propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, el Congreso aprobó un exhorto por el que pide a la Secretaría de Atención al Migrante realizar el Padrón Geoeconómico, a fin de conocer la situación migratoria de Guerrero.
En las intervenciones, el diputado Ricardo Mejía reiteró su postura respecto a la necesidad de que se legisle para crear un marco jurídico que le dé certeza al actuar del Ejército en las labores de seguridad pública, pero sin que se le otorguen atribuciones “excesivas” que puedan atentar contra los derechos humanos.
Indicó que para que el Ejército regrese a los cuarteles, como lo planteó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, es necesario que se depuren las policías locales, a fin de garantizar que no tengan nexos con la delincuencia organizada y se recupere la confianza de la población.
Al respecto también habló la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, quien dijo que el Estado mexicano pasó de un régimen democrático a uno militar.
“Lo que intenta hacer el Senado de la República, de darle atribuciones policiales al Ejército, constituye una confesión en razón de que han estado actuando al margen de la legalidad y de la Constitución. Ante esto es obvio que hay una política de endurecimiento de las medidas para supuestamente combatir la violencia y la inseguridad y el Estado no cesa en lo que he venido reiterando, que el fuego no se combate con fuego”, advirtió.