Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Los dirigentes estatales del PRI y del PRD, Alejandro Bravo Abarca y Alberto Catalán Bastida, demandaron acciones que garanticen la seguridad y libre tránsito a ediles y diputados locales de las regiones Tierra Caliente y Norte; sin embargo, ninguno pudo dar detalles cómo están el presidente y el síndico de Iguala David Gama Pérez y Oscar Díaz Bello, sus correligionarios, después de las amenazas en contra.
Los dirigentes fueron consultados después del asesinato de un funcionario municipal de Taxco, y de la amenaza en Facebook que aparentemente administran miembros del grupo criminal La Familia michoacana o Familia Guerrerense, contra el alcalde David Gama Pérez, del PRI y el síndico Oscar Díaz Bello, del PRD, a quienes emplazan a dejar la ciudad.
Alejandro Bravo informó que el alcalde Gama Pérez seguirá en el municipio, aunque no sabe si ya tiene seguridad especial, porque de ese tema en específico no ha hablado con él.
El dirigente priista dijo que como partido han fijado posturas de manera inmediata cuando se cometen agresiones y en este caso de las amenazas contra los ediles “lo que demandamos es una coordinación entre las diferentes autoridades para que puedan garantizar la seguridad, no solo del alcalde”.
Reiteró que falta seguridad en todo el estado: “es urgente una atinada coordinación y programas de los expertos, de los que saben en materia de seguridad, para entregar buenos resultados”, dijo Bravo.
El dirigente priista aseguró también que sí han realizado “los planteamientos ante las instancias, nos hemos posicionado con mucha claridad, no los hemos dejado de hacer, hemos demandado seguridad”, y afirmó que no han dejado pasar estas agresiones y amenazas.
Sobre la amenaza al síndico de su partido Oscar Díaz Bello, se consultó en el TEE al dirigente perredista Alberto Catalán, quien señaló que este caso se suma al de las dos diputadas de las regiones Tierra Caliente y Norte, Elzy Camacho Pineda y Susana Paola Juárez.
Reiteró que en temas de seguridad “poco podemos intervenir” porque está fuera de sus facultades, “además, no ha sido la intención del gobierno del estado ni siquiera participarnos de esta situación. El tema de seguridad únicamente lo administran ellos y a conveniencia de ellos”.
Catalán Bastida dijo que estas amenazas contra representantes populares como alcaldes y diputados “no importa del partido que sea, amenazados por un grupo delincuencial, habla de la vulnerabilidad que puede tener cualquier ciudadano… es muy lamentable que no haya una estrategia de seguridad que esté dando resultados y vemos cómo esta situación ha vulnerado y generado esta situación tan complicada, incluso de garantizar la vida de los presidentes municipales”.
Comentó que no pudo comunicarse con Oscar Díaz, a quien le mandó un mensaje “para ponernos a la orden, pero no he tenido ninguna contestación”, y dijo que buscará la manera de platicar con él porque es “una figura del partido, y además amigo y cercano a nuestro grupo político”, en referencia a Izquierda Progresista Guerrerense (IPG).
Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe realizar una investigación “y pueda determinar unas acciones”.
En el caso de las diputadas que no asisten a las sesiones del Congreso local a pesar de que se les ha ofrecido seguridad en el trayecto, dijo que “es la vida de ellas la que está en riesgo y alguien que está amenazado lo que menos quiere es exponerse”.