Personal de la Comisión Nacional y Estatal de derechos humanos se pusieron en contacto ayer con el corresponsal de El Sur, Alejandro Guerrero, en la clínica del Seguro Social de Iguala donde convalece de las lesiones que sufrió tras ser embestido la tarde del jueves en el estacionamiento de Plaza Tamarindos por un automóvil que era conducido a alta velocidad.
Asimismo, el periodista se reservó su declaración ante el Ministerio Público, debido a que hay algunos episodios de lo que le ocurrió que no recuerda con precisión, debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza.
Ante esta situación, la carpeta de investigación quedó abierta y el reportero declarará cuando se encuentre en mejores condiciones, informaron sus familiares.
Vía telefónica, Alejandro Guerrero, informó que también se comunicaron con él representantes de la agrupación Artículo 19, que se dedica a la defensa y atención de los casos de agravios a periodistas, quienes le manifestaron su respaldo ante las acciones que desee emprender y le informaron que emitirán una alerta.
Familiares del reportero informaron anoche que en el transcurso del día evolucionó y que su estado de salud es estable, aunque aún se sentía adolorido por la fractura en la clavícula y los golpes que sufrió al ser embestido por un vehículo Ibiza gris en el que viajaban cuatro hombres a exceso de velocidad, a pesar de que circulaban en el interior de un estacionamiento.
Explicaron que debido a que no ha declarado ante el MP, no fue posible que presentara su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum).
El personal del segundo organismo acudió a hablar con el reportero a la clínica del Seguro Social, mientras que el de la CNDH habló con él vía telefónica, pero en ambos casos decidieron esperar hasta que el reportero declare ante el Ministerio Público.
Asimismo, en cartas a este diario, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachi-nollan y la delegación 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, SNRP, se solidarizaron con el reportero, y demandaron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.
Tlachinollan también expresó su respaldo, a la corresponsal de El Sur en Tlapa, Antonia Ramírez, quien el domingo fue agredida por escoltas del gobernador Héctor Astudillo  en Copanatoyac.
“Con gran indignación escuchamos tu testimonio sobre la forma torpe y prepotente con la que actuaron los agentes de seguridad del gobernador Héctor Astudillo Flores el pasado 20 de agosto en Copana-toyac”, dice el organismo en su carta y agrega que “lo que sobresale en tu relato es el trato discriminatorio y misógino que cotidianamente practican personajes del estado que consideran a las periodistas como adversarias de los gobernantes”.
Para Tlachinollan en Guerrero el ejercicio periodístico se ha transformado en una actividad sumamente peligrosa. “Las ligas que existen entre actores estatales de diversa jerarquía con los grupos de la delincuencia organizada tornan más vulnerable a las y los periodistas que trabajan en regiones donde las autoridades están ausentes y el Estado de derecho no funciona”, advirtió.
Destacó que la clase política del estado no tolera un gremio periodístico crítico e independiente, “más bien alienta la animadversión contra las y los periodistas que le dan voz a los sectores excluidos que se atreven a denunciar las tropelías de las autoridades”.
Destaca que lo que sucedió en Copanatoyac con la compañera Antonia “es la escena cotidiana que enfrentan las compañeras y compañeros periodistas”.
Y critica que “es inconcebible constar la forma tan desproporcionada cómo actúan las escoltas del gobernador contra una mujer que sólo lleva su libreta, una pluma, una grabadora y una cámara”.
Dice que sus escoltas no solo impidieron que se acercara, sino que también le jalonearon la cámara, “y con un trato hostil se empeñaron en infundirle miedo para que se retirara del lugar”.
El organismo destaca que Antonia es una joven que pertenece al pueblo nahua muy orgullosa de su origen, y que en el municipio donde nació fue víctima de esta agresión como periodista.
Subraya que estudió la licenciatura en Desarrollo Comunitario y compartió el aula con el luchador social asesinado Antonio Vivar.
Tlachinollan, expresa que la corresponsal de El Sur ha tenido que ejercer el periodismo en medio de las adversidades. “La mayoría de ocasiones cubre sus trabajos desplazándose sola a los lugares más recónditos de la Mon-taña”, y que esta situación aumenta su estado de indefensión ante el trato hostil y amenazante de funcionarios que no comparten la forma como ejerce su profesión.
Por su parte el secretario general de la delegación 25 del SNRP en Acapulco, José Julio Vázquez Hernández, exigió a nombre de los integrantes de su organización al gobierno del estado y a las autoridades municipales, que se brinden las garantías constitucionales a los periodistas, para el buen desarrollo de  su actividad en la entidad, “toda vez en lugar de disminuir los delitos, estos van en incremento en la presente administración de Héctor Astudillo”.
“Somos solidarios con los periodistas del periódico El Sur, Antonia Ramírez, Claudio Viveros y Alejandro Guerrero y demandamos que se actúe en contra de los responsables”, dijo.
“Demandamos que resuelvan las ejecuciones de los periodistas Cecilio Pineda y Francisco Pa-checo, en hechos ocurridos en la presente administración. Reitera-mos que seguimos viendo una actitud insensible por parte del mandatario estatal ante las agresiones a periodistas”, dice la carta de la delegación 25 del SNRP.