Diputados del PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ayer, por separado, dos iniciativas de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero a fin de que la pederastia sea prevista en el marco jurídico local y, junto al abuso sexual contra menores, se cataloguen como delitos graves para que quienes incurran en esas faltas no logren su libertad bajo fianza.
Las iniciativas se presentaron a cuatro días de que gendarmes detuvieron en Acapulco al canadiense de 68 años, Walter Suk, por besar y tocar a una niña en la Costera, razón por la que está detenido en el penal de Las Cruces acusado de abuso de menores.
Apenas el miércoles en declaraciones en Casa Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que sería necesaria una reforma al Código Penal local para tipificar como delito grave la pederastia y “darle un atorón legal” a quienes incurren en esas prácticas, posición parecida a la que externó en redes sociales el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Robespierre Robles Hurtado.
En la sesión del Congreso local de este jueves, el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez presentó la iniciativa, a nombre de él y de sus compañeros de fracción Yuridia Melchor Sánchez, María del Carmen Cabrera Lagunas, Ociel Hugar García Trujillo, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz e Isidro Duarte Cabrera.
“Esta iniciativa responde al compromiso asumido en la sesión pasada (el martes), en voz de la diputada Cabrera Lagunas, para el efecto de subsanar las lagunas e imprecisiones jurídicas que eventualmente limitarían la cabal procuración e impartición de justicia, derivado de los reprobables hechos de abuso a una menor en el municipio de Acapulco”, dijo.
Ante lo sucedido con el canadiense, Sebastián de la Rosa expresó que es necesario homologar el Código Penal local con el federal, que en su artículo 209 bis sí considera la pederastia como delito.
Su iniciativa propone adicionar al Código Penal local un capítulo que establezca la pederastia como delito grave y una sanción de entre 10 y 20 años de cárcel a quienes incurran en esa falta.
La propuesta plantea también tipificar como delito grave el abuso sexual contra menores, para que quienes lo cometan no tengan derecho a fianza y “para efecto de determinar la imposición de la sanción privativa de la libertad (cárcel), equipararla por lo menos al delito de violación”.
“Quienes suscribimos esta iniciativa, atendemos a nuestra responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía, la certeza y seguridad jurídica en su reclamo legítimo de justicia. Nos mueve el compromiso de construir el andamiaje legislativo que obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades en términos del interés superior de los menores”, expuso.
Anunció que se trata de la primera iniciativa de reforma que impulsarán diputados perredistas para revisar, actualizar y perfeccionar el marco jurídico aplicable a la trata de personas, la desaparición de niñas y niños, el tráfico de órganos, y el turismo y la explotación sexual, entre otros delitos.
Su iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que presiden los priistas Héctor Vicario Castrejón y Beatriz Alarcón Adame.
A la iniciativa se sumaron las firmas de la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, y los diputados del mismo partido Ernesto Fidel González Pérez, Rosa Coral Mendoza Falcón, Crescencio Reyes Torres, Silvia Romero Suárez, Raymundo García Gutiérrez y Eloísa Hernández Valle.
Después, la diputada Magdalena Camacho Díaz, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, subió a tribuna para presentar una iniciativa en el mismo sentido.
La iniciativa con proyecto de decreto también propone incluir en el Código Penal del Estado de Guerrero un capítulo para la pederastia.
Su propuesta plantea que a quien manipule, amenace, obligue, induzca o convenza a un menor de dieciocho años de edad a ejecutar cualquier acto sexual o conducta sexual indebida con o sin su consentimiento, se le aplicará de nueve a veinticinco años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días de multa.
“La misma pena se impondrá a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento”, se lee en la exposición de motivos.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia y en ninguno de los dos casos hubo debate del tema.