Jacob Morales Antonio

El diputado de Morena, Aristóteles Tito Arroyo, señaló que en caso de que la actual legislatura no apruebe la reforma a la Ley Indígena, en próximas fechas el presidente Andrés Manuel López Orador presentará una reforma constitucional y una vez aprobada por la Cámara de Diputados, tendrá que ser homologada con la Constitución local.
En la primera sesión, de 3 horas y media, y con la presencia de 40 diputados, el diputado intervino para hablar de lo importante que resulta para la legislatura que se vea “con alturas de miras la reforma constitucional” a la Ley Indígena y Afromexicana.
Alertó que “en caso de que no se apruebe por nuestra legislatura, es necesario saber que la reforma constitucional federal próximamente será presentada, discutida y aprobada por la autoridad competente, y en su momento la legislatura de nuestra entidad, le tocará de manera obligatoria ratificarla y proceder a adecuar y armonizar nuestra Constitución local con la Constitución federal”.
Recordó que en la iniciativa presentada ante el pleno de la 62 legislatura, en diciembre de 2019, sobre la reforma constitucional en relación con los derechos de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades, como sujetos de derecho público, reconociéndose a los mismos como los nahuas, na savi, me’phaa, nn’anncue ñomndaa y al pueblo afromexicano, así como también se reconoce a la asamblea comunitaria como la máxima figura institucional dentro de la comunidad.
Además, se reconoce la autoadscripción y la adscripción calificada, el pluralismo jurídico, los derechos de los pueblos con perspectiva de género, la jurisdicción indígena y afromexicana; la educación con una composición multicultural, intercultural, multiétnica y plurilingüe; las obligaciones del Estado, de los municipios y de los organismos autónomos, así como los distritos y municipios indígenas, los cuales serán representados por autoridades legítimamente electas de acuerdo con su derecho propio, respetando su libre determinación y autonomía de los pueblos originarios y afromexicanos.
El diputado recordó que el propósito fundamental de la reforma constitucional es la de reconocer, en toda la extensión de la palabra, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con capacidad plena para decidir libremente sus formas de gobierno y organización; así como su desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y al aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales.
El 15 de enero pasado, el Comité Técnico de Expertos de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano aprobó por unanimidad la exposición de motivos y el texto normativo de la propuesta de reforma, que recoge los planteamientos y aspiraciones de los pueblos indígenas del país, luego de 52 foros en regiones indígenas de 27 entidades federativas, y un foro específico para el pueblo afromexicano, realizado en Copala.
A pesar de que no hay una fecha para su presentación en la Cámara de Diputados, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ha informado que será en este año cuando será “cristalizado”.
Apenas el domingo pasado, el vocero de la casa de justicia de la CRAC de El Paraíso, Juan Antonio García, pidió al candidato a gobernador del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, la modificación de la Ley Indígena. El 7 de abril, el vocero y coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Victorino García Ricardo, dijo que las casas de justicia pidieron que el Congreso informara cuándo se discutirá y en su caso aprobará la Ley Indígena. Advirtió que si no salía antes del 6 de junio, ese día no permitirán que se celebren las elecciones en el territorio comunitario.

Otros puntos e iniciativas

Los diputados aprobaron el dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, y se establece la obligatoriedad de los regidores de presentar anualmente un informe escrito del ejercicio de sus funciones ante el Cabildo, sin perjuicio de que puedan hacerlo ante la ciudadanía.
Mientras, la propuesta de la diputada Elideth Pérez Álvarez fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. La diputada morenista presentó un exhorto para el gobernador Héctor Astudillo Flores instruya al secretario de Educación para que considere, a la brevedad y sin excepción, el pago de las pensiones de los profesores Idonia Benito Morales, Lyon Nazario Hesiquio, Félix Olividalia Pérez Álvarez, Adela Montaño Marroquín, Alicia Garivo Camacho, Edilberta Pachuca Guzmán y Misael Carbajal Merino, por un monto de 7 mil 880 pesos por cada uno, multiplicado por los 13 meses que se les adeudan.
La diputada del PRD, Perla Edith Martínez Ríos, presentó una iniciativa de adición a la Ley de Educación, para que la danza folclórica se incluya en todos los niveles de enseñanza, como bien cultural de la Nación y de nuestro estado, para preservar y promover las raíces artísticas originarias de la entidad, así como potenciar la sensibilidad, creatividad, personalidad y psicomotricidad del alumnado.
El diputado de Morena, Carlos Cruz López, presentó una iniciativa para incluir el acta de inicio, inexistencia o cesación del concubinato al Código Civil del estado, acto que podrá ser iniciado en un juzgado de paz, para su fácil acceso.
Su compañero de bancada, Marco Antonio Cabada Arias, presentó una iniciativa de adición a la Ley de Salud del Estado, para que se promueva la participación civil en la ejecución del Programa Contra el Alcoholismo, y se incite a las autoridades de los 81 municipios del estado en las acciones para limitar la venta y consumo de alcohol.
La diputada Rocío Alonso Reyes presentó una iniciativa de adición a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado para que, como principio rector, los sujetos obligados promuevan, respeten, protejan y garanticen el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como la inclusión con perspectiva de género.
En tanto, el diputado Aristóteles Tito presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para incorporar al proceso legislativo la realización de consultas, foros o parlamentos abiertos dirigidos a los grupos o sectores vulnerables, que puedan ser afectados por la medidas, acciones y programas que el Estado y la propia ley pretendan dar vigencia.