* Las autoridades protegen delincuentes y exigen dinero hasta para ejecutar una orden de aprehensión, se quejan

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac de Alvarez * Integrar consejos ciudadanos de vigilancia para regular la impartición de justicia y evitar la corrupción y el contubernio con los delincuentes, fue la propuesta principal de los ponentes en el foro sobre seguridad pública, convocado por el equipo de campaña del PRD en Atoyac.

El candidato perredista, Octaviano Santiago Dionisio recibió las propuestas de los ciudadanos Raúl Quevedo Leyva, Alberto Serrano Calderón y Juan Pablo García.

santiago Dionisio indicó que es fundamental para el nuevo gobierno municipal velar por la seguridad publica, y señaló que los gobiernos anteriores “no han hecho nada en este aspecto”.

Dijo que según las estadísticas el municipio tiene un alto índice de delincuencia como consecuencia de la caída de los precios de los productos del campo y “con el desempleado y el hambreado, influenciados por cuerpos policíacos, se asentó la industria del secuestro”.

El primer ponente, Raúl Quevedo Leyva destacó que la impartición de justicia se ha convertido en “una empresa próspera con acceso sólo para aquellos que tienen el poder adquisitivo que ha fomentado la industria del crimen con grupos y mafias que operan con protección política”.

Dijo que al favorecer el influyentismo, con aparatos de justicia que desvirtúan los testimonios, orillan a las personas a hacer justicia por propia mano.

Propuso que se formara un consejo ciudadano en materia de administración y aplicación de justicia, que sería un órgano de consulta y análisis.

El segundo ponente, Alberto Serrano destacó que la mayoría de los ciudadanos tienen miedo de poner denuncias ante el Ministerio Publico, tienen miedo a invertir, por los secuestros y asaltos, y además las vías de comunicación están en mal estado y más en temporadas de lluvias.

Propuso que se forme un consejo municipal ciudadano para estimular el desarrollo de la seguridad publica con el apoyo de los tres niveles de gobierno, así como dotar a los cuerpos policíacos de equipo y capacitación de alta calidad.

El tercer ponente, Juan Pablo García consideró que en el control y supervisión de la administración de justicia, el burocratismo en las dependencias impartidoras de justicia y el rezago de investigaciones desalientan, porque la extorsión está presente, e incluso para ejecutar una orden de aprehensión piden dinero.

Señaló que hay contubernio entre autoridades y malhechores, al grado que los delincuentes negocian con los ministerios públicos.

Dijo que corresponde a la sociedad y a los abogados conscientes la creación de mecanismos de control efectivos en la procuración y administración de justicia para que los funcionarios respondan por sus actos y consecuencias de sus decisiones.

Propuso crear un consejo general de supervisión, designado por el Congreso y no por el gobernador, que vigile a los impartidores de justicia, sustituyendo a la Contraloría Interna de la Procuraduría del Estado, ni la Comisión de Justicia del Congreso que lo hacen actualmente.