Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), consideró que existe un “riesgo de violencia alto” para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Resendiz, quien denunció a su homólogo de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, por violencia política en razón de género
Confirmó las medidas cautelares para que el también dirigente estatal diputado de Morena se abstenga de cualquier acercamiento o comunicación con ella o su familia, fuera de la labor legislativa, y que propicie “un ambiente de respeto”.
Asimismo, le pide “que se abstenga de realizar señalamientos sexistas, denigrantes, machistas, misóginos y otros que pudieran derivar violencia política de género, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, en relación con la diputada Gabriela Bernal o su familia, así como evitar cualquier manifestación que implique violencia política física, simbólica, psicológica y sexual”.
Requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que en un plazo de diez días hábiles, remita un plan de seguridad personal elaborado junto con Bernal, y remita de manera quincenal un informe.
Ese es el resultado de un recurso de apelación resuelto la semana pasada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que promovió el morenista contra las medidas de protección otorgadas de manera oficiosa en la demanda por violencia política en razón de género que presentó Bernal Resendiz, a propósito de las declaraciones de González Varona en un acto partidista privado que trascendió a redes sociales.
Gonzalez Varona fue denunciado por decir que se utilizó la imagen de la entonces candidata a la senaduría por el PRI, para que ganara el primero de la fórmula, hombre (Manuel Añorve), después de que Bernal denunció en tribuna violencia política hacia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 20 de junio, el TEE ordenó a la Comisión determinar en un nuevo proyecto, la medida de protección donde se identificara el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, la persona agresora, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo, en plazo de 24 horas.
El viernes 23 de junio, la comisión de Quejas y Demandas calificó  “un nivel de riesgo de violencia alto” para la denunciante, a partir del análisis de expediente,  los medios recabados por la autoridad, así como del cuestionario de riesgo para casos de VPG, en términos del apartado 5 del Protocolo para la Atención de Víctimas, aplicado a Bernal.
Indicó que los bienes tutelados a la denunciante son “a una vida libre de violencia, la dignidad, la discriminación, la libertad de las mujeres, y que existe la probabilidad de una amenaza, en virtud, como lo menciona la quejosa, que el denunciado es acompañado por una camioneta con escoltas y estos se encuentran armados”.
Además, que los actos que pudieran configurar VPG, han escalado del apelante y la quejosa, a que diversos actores políticos continuaran con la denostación a Bernal, quien la hizo sentir insegura. Precisa que las medidas no prejuzgan la existencia o no de las infracciones denunciadas.