Los dirigentes del PRD, PAN y del PT en el estado opinaron que atender el problema de inseguridad y violencia es responsabilidad de los gobiernos estatal y federal y que la iglesia no debe participar ni ser intermediaria, en tanto que para el PRI cualquier mecanismo puede ser válido. Esto después de que el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, revelara que se ha reunidos con jefes de grupos delictivos a partir de amenazas a sacerdotes.
En declaraciones telefónicas, el presidente priista Heriberto Huicochea Vázquez dijo que las autoridades son las que deben combatir a la delincuencia organizada, y afirmó que lo están haciendo “con mucha responsabilidad” y que por eso en algunos meses la violencia baja, aunque reconoció que también ha repuntado.
Comentó que el obispo está realizando una misión religiosa en Chilpancingo y sus acciones deben de coincidir “en un punto de unidad para el bienestar de la población, queremos que se vaya mitigando la violencia y mira, cualquier mecanismo que se utilice es bueno, siempre y cuando sea un mecanismo que de paz y seguridad y certidumbre”.
Se le preguntó su opinión por el hecho de que el obispo tuviera que buscar a jefes criminales para evitar agresiones contra sacerdotes: “reitero que todos los mecanismos que se puedan ocupar para poder disminuir la violencia son válidos”.
Después dijo que todas la intervenciones que busquen que la violencia se reduzca “y no vaya a salir contraproducentes” y recordó el caso del asesinato del cardenal de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo, “yo espero que las instituciones se fortalezcan y sigan haciendo su trabajo” e insistió en que cualquier intervención es válida mientras su fin sea mitigar la violencia.
De su propuesta como intermediario que realizó el obispo, el dirigente no quiso opinar “porque es un tema muy, muy delicado, en ese sentido yo reservo mi opinión”.
Se le preguntó por lo dicho por el obispo en el sentido de que al gobierno no termina la violencia porque no le conviene, ya que existen “repartición de dividendos”. En ese sentido dijo que la gobernabilidad del estado “no descansa en suposiciones”.
Después apuntó que “es muy delicado, inclusive ustedes los medios de comunicación juegan un papel ahorita muy, muy delicado para todo este manejo (de la información de la información y los hechos) que se está haciendo, porque los únicos perjudicados es la gente, hay que tener mucho cuidado”.

Ley, no diálogo: PRD

Por su parte el dirigente del PRD Celestino Cesáreo Guzmán dijo que lo revelado por el obispo es una grave señal de que la delincuencia ya no respeta a nadie.
El dirigente perredista consideró que las opiniones del obispo son muy delicadas porque “eso denota el nivel de violencia, inseguridad y amenazas que hay, y ese es el motivo por el que ha pedido ese tipo de reuniones” con organizaciones del crimen organizado.
Dijo que ante la acción a la que se vio obligado el obispo Salvador Rangel, el PRD demanda “nuevamente” al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que cumpla su palabra de dar orden y paz a Guerrero”.
Celestino Cesáreo dijo que no comparte la idea de que ni la iglesia, ni mucho menos el Estado tengan que negociar con los delincuentes. Contrario a eso, dijo que lo que deben hacer es perseguirlos, detenerlos y encarcelarlos, porque consideró que es necesario “aplicarles la ley y no establecer diálogo”.
Insistió en que el Estado no puede “someterse a la ley de la delincuencia, al contrario debe aplicar la ley y debe poner tras las rejas a los delincuentes”, y que la propuesta del obispo de diálogo “no es la solución”.
Al dirigente se le preguntó por lo dicho por el obispo Salvador Rangel en el sentido de que las autoridades se han reunido con organizaciones del crimen organizado y que han tenido acuerdos “por debajo de la mesa”, y que por eso no han querido resolver el problema de la violencia “porque no les conviene”, debido a que “en el fondo hay cierta repartición de dividendos”.
El perredista apuntó que no tiene elementos para secundar “ese tipo de señalamientos, lo que yo digo es que es un tema muy delicado y ante este tipo de señalamientos, la autoridad estatal y federal debería dar señales de que por lo menos está siguiendo a los delincuentes”.

Señalamientos por conocimiento de causa: PAN

El dirigente panista Marco Antonio Maganda Villalba consideró que lo dicho por el obispo Rangel Mendoza “deja de manifiesto la falta de resultados” de los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico.
La falta de coordinación entre las estrategias de seguridad tiene como consecuencia la falta de seguridad para los guerrerenses.
De lo dicho por el obispo en el sentido de que las autoridades no han querido resolver el problema de la violencia, porque no les conviene debido a la repartición de dividendos entre grupos delincuenciales, el panista consideró que si el obispo se atrevió a realizar esa declaración es porque “tiene conocimiento de causa, yo no pudiera afirmarlo”.
Maganda Villalba dijo que los señalamientos no “es algo nuevo, muchos liderazgos han manifestado lo mismo, que hay acuerdos bajo la mesa, que hay vínculos entre el gobierno y la delincuencia organizada, hay pactos, hay acuerdos, que se sientan a negociar, eso no es nuevo”.
Sin embargo ante los reiterados señalamientos “se va creando una incertidumbre” ante los presuntos vínculos entre grupos criminales, por eso urgió al gobernador a que cumpla con su promesa de campaña de generar paz en el estado.
De la propuesta de dialogar con los grupos criminales, consideró que sería incorrecto que cualquier gobierno (municipal, estatal o federal) se “sienten a negociar, al contrario, deben de combatir, erradicar esa situación”, dijo que respeta la opinión del obispo, pero en ese sentido no la comparte.

Responsabilidad del gobierno: PT

Por su parte el comisionado político en Guerrero de la dirigencia nacional del PT, el diputado federal Victoriano Wences Real, opinó que la Iglesia no tendría porque intervenir en temas de inseguridad, porque esa es responsabilidad de los gobiernos del estado y federal
Insistió en que la inseguridad en Guerrero debe ser atendido con “mucha prontitud” porque es un problema que afecta a todos los ciudadanos, incluso a las religiones y que por eso el obispo tuvo que tomar la decisión de intervenir por los religiosos.
Al gobierno federal le pidió reorientar y revisar la política de seguridad en Guerrero “porque es lamentable que se tenga que estar buscando pactar, porque creo que no es lo correcto, estamos en gobiernos que tiene la capacidad de resolver el problema de inseguridad”.
Del señalamiento de vínculos y repartición de dividendos entre el gobierno y los grupos criminales, el comisionado político dijo que “es algo muy fuerte esas declaraciones, esperemos que no haya repercusiones más fuertes en Guerrero”, dijo que la única solución es que “el gobierno se ponga en su papel, porque la ciudadanía espera mucho del gobierno del estado y del federal”.
Dijo que pactar con el crimen organizado, es “lo peor que pueden hacer los gobiernos, no se puede estar dando concesiones porque estaríamos cayendo en un problema fuerte” en el estado.
Llamó a los gobiernos de Héctor Astudillo Flores y Enrique Peña Nieto a que actúen “con prontitud en Guerrero que es un foco rojo de actividad criminal”.

Dar nombres: Fermín Alvarado

En el mismo tema, el presidente del Comité Municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo llamó al obispo Salvador Rangel Mendoza apegarse a la ley, exponiendo los nombres y haciendo las “denuncias pertinentes”.
En conferencia de prensa,  manifestó que es “sano” que den esos señalamientos sin embargo defendió al gobierno del estado y federal de prevalecer la ley y no consideró el diálogo con el crimen organizado.
Expuso que desde hace 10 años con el inicio de la administración perredista de Zeferino Torreblanca y después, con Ángel Aguirre Rivero son “la clara muestra” de los señalamientos de obispo Salvador Rangel  “de eso que él dice que vivimos y lo padecemos todavía, en el hecho simbólico y lamentable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”. Defendió que ahora “las cosas son distintas”.
Sugirió  al obispo que se denunciara y dieran los nombres de quienes están relacionados con el crimen organizado.