Zacarías Cervantes y Redacción

Chilpancingo / Acapulco

Paristas del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la capital, , reiteraron que van a mantener su movimiento por tiempo indefinido y que acudirán a las instancias internacionales por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo de México.
La jueza del Juzgado Décimo de Distrito, Aidé Ruiz Hernández, informó que saben que la Asociación de Juzgadores solicitó la observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al proceso de la aprobación de la reforma judicial porque creen que al final tendrá que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Por lo pronto, dijo que el paro laboral continuará por tiempo indefinido y que de Chilpancingo más de cien de los 300 trabajadores de los seis centros de trabajo, se trasladaron a la Ciudad de México en donde participan en las acciones de protesta.
En tanto que otro contingente se encuentra en los campamentos que se instalaron en cada uno de los centros de trabajo; otros más forman parte de las comisiones que atienden los asuntos urgentes, mismos que no han dejado de laborar, según dijo Ruiz Hernández.
En Chilpancingo los seis centros de trabajo, tres tribunales y tres juzgados de distrito, se encuentran en cuatro edificios.
El Juzgado Décimo de Distrito ocupa un edificio ubicado en el encauzamiento del río Huacapa, en la colonia Galeana, al norte de la ciudad.
En otro inmueble de la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad, está el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, así como la Escuela Federal de Formación Judicial, cuyos integrantes se han solidarizado con las acciones de protesta.
En la avenida Juan Álvarez, también en el centro de la capital, está el edificio que alberga el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo.
En tanto que en el edificio conocido como La Cortina, a un costado de la Autopista del Sol, en la lateral de norte a sur, al sur de la ciudad, están los juzgados Primero y Séptimo de Distrito, así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, además, la administración regional.
En todos esos centros de trabajo se mantiene el paro laboral que iniciaron los trabajadores sindicalizados y administrativos el 19 de agosto, en tanto que los jueces y magistrados, dos días después, el 21 de agosto.
La jueza Ruiz Hernández declaró ayer que a tres semanas de haber iniciado el movimiento “hay una cerrazón preocupante, por parte del Ejecutivo como del Legislativo, pero nosotros vamos a continuar con las movilizaciones que haya que hacer”, vamos a seguir adelante hasta que la base trabajadora así lo determine”.
Aseguró que a la par del movimiento laboral, hay una comisión de juzgadores que siguen laborando y atendiendo los asuntos urgentes, como es su caso.
Informó que en el tiempo que lleva el paro laboral, calcula que ha atendido más de cien casos urgentes. Dijo que, por ejemplo, ayer atendió trece.
De acuerdo a la jueza, los asuntos que ha atendido son en su mayoría de menores de edad que tienen que ver con convivencia y alimentos.
Además, le han llegado casos de desaparición forzada de personas, y amparos por atención médica. Al respecto precisó que estos son asuntos en los que la gente solicita la intervención de la justicia federal porque no le dan medicamentos o consultas, no los canalizan a otros hospitales, o simplemente porque no hay equipo para que los atiendan.
En cuanto a los asuntos penales, estos son los que afectan la libertad personal, como la desaparición forzada, que, aseguró, sigue ocurriendo.
“Tenemos asuntos en los cuales se promueven amparos por desaparición forzada y se buscan en la medida de lo posible a sus familiares, colaboramos con la búsqueda de personas desaparecidas, estos son asuntos que hemos tenido varios durante este paro de labores y les damos atención con urgencia”, aseguró la funcionaria judicial.
Otros son casos de retención de pensiones, que, igualmente, se combaten mediante el juicio de amparo.
Al respecto, atajó que no puede haber responsabilidades por la omisión de obligaciones constitucionales en contra del personal del PJF, como han amenazado tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como senadores y diputados de Morena, “porque sí estamos cumpliendo, los jueces, quizás, son los que más estamos trabajando en este momento de paro laboral porque somos los que atendemos los asuntos urgentes”.
Insistió: “No es cierto que estamos faltando a ninguna obligación constitucional, seguimos prestando nuestro servicio”, dijo.
Añadió que los juzgadores están acostumbrados a recibir presiones y descalificaciones, “pero un juez de distrito o magistrado no puede resolver con base a presiones, es uno de los principios de independencia judicial, debemos tolerar las presiones internas y externas”, dijo y añadió que es eso lo que están defendiendo con su movimiento.
“Nosotros tenemos una gran cantidad de asuntos peligrosos que lesionan intereses de poderosos, pero resolvemos con independencia y conforme a derecho, las amenazas no nos intimidan”.
En cambio, denunció que quienes están incurriendo en violaciones a la Constitución son el Ejecutivo y el Legislativo.
“Tenemos un proceso legislativo que está siendo muy desaseado, se dice que en la votación de la Cámara de Diputados hubo legisladores que se ausentaron y que mandaron a sus choferes o a sus asistentes a votar por ellos, entonces, ¿quién está violando la Constitución? Ellos son los que están violentando el orden constitucional”.
Añadió que van a recurrir a los “instrumentos” internacionales que respaldan lo que estamos haciendo “porque es una lucha legitima”. Ya hay una solicitud por parte de la Asociación de Juzgadores a la CIDH invocando el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “y lógicamente hay algunos aspectos que tienen que seguir su camino legal para la atención a este caso”.
Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido condenas a diversos estados por situaciones que son parecidas a esta de México “porque van en contra de la independencia judicial, como la remoción de jueces, magistrados o personal que es obstáculo para el autoritarismo”.
Recordó que ha habido casos de estos como en Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Guatemala, donde se han emitido condenas para que se hagan las reparaciones debidas, “a veces son reparaciones económicas cuando ya no es posible que se restituya a la persona”.
Indicó que en México ha recibido condenas por parte de la Coidh, en asuntos no referencias a la independencia judicial.
Destacó que concretamente en Guerrero se conocen los casos de del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco, así como los casos de detención y tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como los de violación sexual por militares de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
La jueza insistió que en estos momentos en que la reforma se encamina a la aprobación por parte del Senado, “es la instancia internacional la vía a la cual se podría acudir”.

“La reforma politizará la justicia”

El oficial judicial del Juzgado Octavos de Distrito en Guerrero, Sergio Miranda Hernández, aseguró que su lucha contra la Reforma Judicial, no se debe a intereses de derechos laborales, ni personales, sino a la lucha por la independencia judicial.
“La presentan como un cambio necesario, pero es en realidad una amenaza que podría destrozar los cimientos de la democracia por la que se ha luchado. La independencia judicial es el alma de nuestra democracia.  Sin un Poder Judicial libre y fuerte, estamos a la deriva, sin protección contra los excesos del poder”, denunció en el mitin de trabajadores del PJF en Acapulco.
“Esta reforma propone que nuestros jueces sean elegidos por voto popular, pero al politizar nuestra justicia estamos entregando nuestras libertades a los caprichos de los intereses partidistas. ¿Queremos vivir en un país donde la justicia no se rige por la verdad, sino por la conveniencia política?”.
El juez Octavo de Distrito, César Israel Santes Quevedo, conminó a sus compañeros a no desistir de la lucha y como último recurso a no perder la fe y rezar porque los senadores antepongan el bienestar y justicia para el pueblo cuando se discuta la reforma presentada por el Ejecutivo.
“Recemos para que los senadores no voten a favor de una reforma que pone en peligro la independencia del Poder Judicial. Nosotros no estamos peleando por una cuestión económica, estamos dando la batalla por algo más allá de lo que está en nuestras manos. Vamos a seguir compañeros, porque para el Poder Judicial de la Federación … ¡Es un honor defender a la Constitución!”.
Por la mañana de este jueves, alrededor de 150 paristas volvieron a bloquear parcialmente ambos sentidos del bulevar de Las Naciones para protestar contra la reforma judicial. Sólo permitieron el paso en un carril de cada sentido.
En la vía, los manifestantes entregaron a las personas que transitaban por el lugar boletines informativos con los motivos de su lucha. Y vociferaban con altavoces diferentes arengas como: “No somos oposición, servimos a la nación”, ”Sin poder judicial, quién te va amparar”, “Juez votado, corrupto asegurado”, entre otras.