Redacción

Chilpancingo

Reporteros de Iguala que principalmente cubren información policiaca, denunciaron en un comunicado de prensa amenazas de muerte de presuntos miembros de la delincuencia organizada, por lo que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Héctor Astudillo Flores, así como a los fiscales de la República y del estado, a garantizar el ejercicio periodístico: “emitimos una alerta porque estamos en riesgo, y si las autoridades no actúan, en los próximos días alguno de nosotros podría ser asesinado”.
Derivado del aumento de la violencia en las últimas semanas en los municipios de Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, como parte de la disputa del territorio que sostienen dos grupos del crimen organizado, los reporteros denunciaron que han sido amenazados de muerte a través de llamadas y grupos de la red social Whatsapp, luego de la cobertura de hechos de violencia y denuncias ciudadanas de abusos de corporaciones policiacas.
“Emitimos una alerta porque estamos en riesgo, y si las autoridades no actúan al respecto, en los próximos días podría ser asesinado alguno de nosotros”, indica el comunicado que no fue firmado por el temor que existe.
Relatan que luego de una cobertura el lunes de la semana pasada afuera de la sede regional de la Fiscalía General del estado, donde familiares de unas personas detenidas protestaron, hubo amenazas generalizadas en contra de varios de ellos por personas que se identificaron como miembros de un grupo criminal.
“Con palabras agresivas y ofensivas, a varios nos amenazaron de muerte y nos exigieron no meternos en la disputa que mantienen dos grupos del crimen organizado, acusando que la información que publicamos es tendenciosa. Ante esto, aclaramos que nosotros nos dedicamos estrictamente a informar”.
De acuerdo con los reporteros que recibieron las llamadas, les advirtieron que “en las próximas semanas un integrante de nuestro gremio sería asesinado como Pablo Morrugares”, quien fue ejecutado a balazos el 2 de agosto junto a un policía estatal que lo custodiaba, y que los harían “pedacitos”.
A los reporteros les enviaron además mensajes con fotografías de ellos, para indicar que los tienen ubicados e identificados, y las amenazas se extendieron hacia sus familias.
Debido a estas amenazas en contra de integrantes del gremio periodístico en Iguala, se han autocensurado y dejado de dar cobertura a notas periodísticas relacionadas con estos conflictos, como la marcha por la paz y seguridad realizada el miércoles pasado.
Por esta situación en Iguala, ciudad en la que se cometieron los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace seis años, determinaron solicitar apoyo a organismos defensores de periodistas y solicitar medidas cautelares, “queremos que volteen a ver la grave situación que estamos viviendo” en Iguala.
En el comunicado se responsabiliza al Estado mexicano si otro reportero o reportera sufre algún atentado, ante la urgencia de garantizar el ejercicio periodístico, la integridad física, la de sus familias, “y evitar que haya otro comunicador asesinado, como se nos ha advertido”.
La alerta es dirigida al presidente López Obrador, al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al gobernador Héctor Astudillo Flores, al fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las organizaciones en Defensa de Periodistas y de Derechos Humanos.