El politólogo y periodista Carlos Fazio advirtió que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para la creación de cinco zonas económicas especiales en estados del sureste del país, es la “nueva zanahoria del desarrollo” del Tratado de Libre Comercio, que incluye al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con los municipios aledaños de la Costa Grande y de la Sierra de Guerrero.
Invitado como ponente del tercero y último día del coloquio Violencias y Alternativas, organizado por la maestría de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), indicó que el turismo es uno de los ejes de la iniciativa de zonas económicas especiales, que implican situaciones de excepción para los inversionistas, no así la minería.
Sin embargo, opinó que la extracción de minerales y tal vez algunas agroindustrias, serán los principales temas concesión en Guerrero.
La iniciativa dice que las zonas especiales se instalarán en los estados con menor desarrollo humano, y Fazio subrayó que son territorios con mucha conflictividad y donde hay fuerza social organizada, “podemos prever que los lugares donde van a instalarse las corporaciones habrá resistencias”.
En este sentido, señaló que la propuesta incluyó la posibilidad de que estas zonas especiales tengan su propia seguridad privada, al margen del Estado, pero el ejecutivo también está tratando de adecuar la legislación, con una propuesta de Ley de Seguridad Interior, para que la fuerzas armadas, la Gendarmería, las policías estatales y municipales “sirvan como guardianes de las corporaciones frente a resistencia de los pueblos”.
Recordó en la entidad hay muchas poblaciones campesinas e indígenas bajo el régimen de propiedad ejidal, y comunidades que se rigen por usos y costumbres, que pueden negarse a la exploración o explotación de oro, plata o zinc, pero añadió que hay una ley que prioriza “por razones de utilidad pública”, a las corporaciones sobre la propiedad privada o comunitaria de quienes la habita.
En este tenor, señaló que las autoridades intuyen que la creación de zonas económicas especiales va a generar conflicto, por eso insisten en la aprobación de la Ley de seguridad interior, que legaliza la actuación de la fuerzas armadas en las calles, no obstante que hace 11 años están en la estrategia de guerra contra el narcotráfico.
Sin embargo, aclaró que la legalización de leyes de excepción con la de Seguridad Interior, va a perpetuar la impunidad de los crímenes de estado hechos por las fuerzas armadas en la última década.
Indicó que el caso más visible es el asesinato de tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 en Iguala, y hay otros: la ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, en los límites del Estado de México con Guerrero, Tanhuato y Apatzingán que configuran graves violaciones a los derechos humanos, y que están bajo la lupa de organismos internacionales como la ONU, y si no se captura a los responsables, “la impunidad seguirá siendo un factor de que se repita este fenómeno”.
En este escenario, indicó que no todo está perdido, pues hay personas tratando de transformar la realidad. Destacó que académicos y sociedad civil lograron revertir en el anterior periodo de sesiones en el Congreso la Ley de seguridad interior, “si pasa eso ya tienen todo el entramado para implementar el Estado de excepción”.
Asimismo, señaló el proceso autonómico de los zapatistas organizados en gobiernos que denominaron Caracoles, pero esta forma de organización comenzó en la región purépecha de Michoacán.
Consideró que se debe trabajar mucho en la construcción de ciudadanía, hasta tener “gente consciente que permita transformar de raíz”.