En el quinto aniversario luctuoso del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, la viuda y activista Sofía Mendoza Martínez denunció que el caso sigue parado, sigue igual y a cinco años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los activistas “la justicia del Estado ya no llegó”.
Durante un mensaje que dio ante la presencia de reporteros, la también ex regidora del PRD Sofía Mendoza, denunció las deficiencias en las medidas cautelares que le proporciona la policía estatal que en ocasiones sólo envían dos efectivos y en otras no la acompañan, como ayer que dio a conocer que le negaron el servicio para la actividad que tuvo, aunque al final, ya que había llegado sola a la caseta, llegaron dos patrullas con unos 10 efectivos.
Señaló que por la situación de inseguridad y de violencia que hay en Iguala, de un alto número de ejecuciones y en la que los delincuentes disparan a la gente ante aparentes asaltos, dijo que su vida y la de su hijo corren peligro, y responsabilizó de manera directa al secretario de Seguridad Pública en el estado, general Pedro Almazán y al mismo gobernador Héctor Astudillo Flores de los que les pase.
Ayer a las 9:30 de la mañana, acompañada por su hijo y otras seis personas, entre ellas el dirigente de la organización social Francisco Villa, Nicolás Guerrero González y miembros de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) que fundó Hernández Cardona, la regidora del PRD en el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, colocó una ofrenda de flores y algunas fotografías del dirigente asesinado en la cruz colocada en su memoria a unos metros de la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca, pues fue allí donde realizó su última protesta y fue donde se le vio con vida por última vez.
El 30 de mayo de 2013 después de realizar una marcha en calles de la ciudad, miembros de la UP tomaron la caseta de cobro durante unas dos horas para exigir, entre otras cosas, obra pública para colonias populares y fertilizante para campesinos a los gobiernos perredistas municipal de José Luis Abarca y estatal de Ángel Aguirre Rivero.
Después de la protesta, siete de los principales líderes fueron levantados y desaparecidos por un grupo armado que los interceptó en el camino cuando iban en la camioneta de Hernández Cardona y el 3 de junio fueron hallados ejecutados a balazos los cuerpos de Ángel Román Ramírez, Rafael Banderas Román y el de su dirigente Arturo Hernández, este último con huellas de haber sido torturado. A cinco años de los hechos no se sabe nada de los otros dirigentes que formaban parte de la UP.
En su mensaje, Mendoza Martínez denunció que el caso Hernández Cardona sigue parado en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas, el cual dijo, requiere muchísimo dinero, “yo digo que a cinco años, yo creo que la justicia del estado ya no llegó”.
Denunció que el de Guerrero es un estado que reprime en lugar de dar justicia, que es intolerante y que en lugar de ver a los dirigentes sociales como aliados para el progreso del pueblo, los ve como enemigos y los combate con toda la fuerza del Estado.
Lamentó que es una situación que no termina, pues a diario se ven ejecuciones que no distinguen entre mujeres, jóvenes, hombres o ancianos.
Recordó a los compañeros que se han ido de una manera trágica como a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino y el diputado Armando Chavaría Barrera.
Exigió al gobierno que deje de hostigar y perseguir a las familias de los líderes sociales asesinados y a dirigentes como Nicolás Chávez Adame, así como a los periodistas en el estado.
En su discurso, Sofía Mendoza se solidarizó con el corresponsal del periódico El Sur en Chilpa, Luis Daniel Nava quien fue privado de la libertad y golpeado la mañana de ayer, “eso el estado lo promueve, aunque diga que no, porque ellos son los que promueven la violencia y la impunidad”.
Insistió que los hechos en contra de la UP, fueron la “antesala” de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos en 26 y 27 de septiembre de 2014, “esos hechos se pudieron haber evitado si el Estado hubiera actuado en contra de los que ordenaron y obedecieron la desaparición y ejecución de Arturo Hernández y sus compañeros”.
Repudió además de la represión y la condena que el gobierno federal a través del candidato a la presidencia José Antonio Meade ha hecho en contra de Nestora Salgado candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, quien dijo, pertenece a los pueblos originarios que están dentro del convenio 169 de la OIT de respeto a su autodeterminación, por lo que “no deben violentar sus aspiraciones”.