* Los delitos se refieren a las denuncias de familiares ante la PGR sobre desapariciones forzadas durante la guerra sucia * Según el procurador mililitar, Antonio López Portillo, la imputación de homicidio calificado se fundamenta en una investigación de nueve meses, con declaraciones de testigos militares y en pruebas periciales

 Los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo fueron consignados ante la justicia militar por el delito de homicidio de 134 personas cometido en Guerrero durante la guerra sucia de los años 70.

Los dos generales están en una prisión militar desde septiembre de 2000, procesados por un tribunal castrense por delitos contra la salud.

El diario Reforma informó que por primera vez en la historia, el Ejército mexicano decidió acusar penalmente a dos generales por delitos relacionados con la guerra sucia, cuando fueron desaparecidos sólo en Guerrero más de 600 personas, según los familiares, en la supuesta persecución del Ejército y las policías a la guerrilla.

Según la nota, el 26 de septiembre un juez militar giró una orden de aprehensión en contra de los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, como presuntos responsables del delito de homicidio calificado, el cual habrían cometido en contra de disidentes y guerrilleros durante los años de 1971 a 1978 en Guerrero.

Los dos generales han sido señalados directamente ante la Fiscalía Especial para crímenes del pasado reciente, que nombró la Procuraduría General de la República, en las denuncias de familiares como responsables de las desapariciones forzadas. Esa Fiscalía que tiene un año trabajando, no ha hecho alguna consignación.

Los familiares demandan que se investigue el paradero de los desaparecidos y que se castigue a los culpables. De manera sistemática han rechazado que alguna autoridad dé por muertos a los desaparecidos, sin investigar las evidencias de la muerte y sin tener la certeza de que están muertos y determinar quiénes son los responsables de los asesinatos.

Hasta el momento no se ha informado si la Procuraduría de Justicia Militar ya investigó el paradero de los desaparecidos y llegó a la certeza de que están muertos, para así consignar Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo por el delito de homicidio, en contra de una de las demandas de los familiares de que se les castigue por desaparición forzada como un delito de lesa humanidad.

Asimismo, los familiares durante décadas han demandado que los responsables de los crímenes de la guerra sucia, como los generales Acosta y Quirós, sean investigados y castigados por la justicia civil, y no por la militar, a la que no le corresponde conocer los casos en los que están involucrados civiles, de acuerdo con la Constitución.

Se dijo que la Procuraduría Militar investigó nueve meses

En la nota del diario Reforma se informa que la histórica acusación contra Acosta Chaparo y Quirós Hermosillo fue formulada por la Procuraduría General de Justicia Militar, luego de una investigación de por lo menos nueve meses que fue abierta después de que la PGR turnó a las autoridades castrenses una denuncia sobre posibles delitos de altos mandos del Ejército.

En el Campo Militar número 1, donde están presos acusados de colaborar con el Cártel de Juárez, los generales fueron notificados este jueves a las 10:00 de la mañana de los nuevos cargos que les imputan.

La nota dice que de acuerdo a fuentes oficiales, la Procuraduría castrense tiene competencia para conocer de esta acusación porque los hechos que se atribuyen a los generales tuvieron lugar cuando ambos desempeñaban su función militar. Por ello, explicaron, la PGR no tiene competencia ni los puede investigar.

Sin embargo, en la época señalada, Acosta Chaparro aparentemente no desempeñaba algún cargo en el Ejército, sino en el gobierno estatal de Rubén Figueroa Figueroa (de 1975 a 81), como director de la Policía Judicial del Estado y de las corporaciones policíacas en Acapulco.

Dice la información que eventualmente, Quirós y Acosta tendrán que ser sometidos a un Consejo de Guerra, pero cualquier sentencia que llegue a ser dictada en contra de ellos en el fuero militar podrá ser revisada en última instancia por los tribunales federales en materia penal.

Acosta Chaparro es especialista en contrainsurgencia por la Escuela de las Américas y en los años 70 fue uno de los mandos con cargo en el gobierno civil que encabezó la persecución del Partido de los Pobres, grupo guerrillero que surgió en Guerrero dirigido por Lucio Cabañas.

En el caso de Quirós, en un informe rendido el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se le señala como uno de los mandos de la Brigada Blanca, un órgano creado en 1976 por el Gobierno con militares y policías, al que se le señala como culpable de 24 casos de desapariciones.

Los generales comparecieron este jueves 26 por la mañana en el Juzgado Tercero Militar, dentro de una diligencia para rendir su declaración preparatoria, pero ambos rechazaron las imputaciones y se reservaron su derecho a declarar.

De acuerdo informes oficiales, Quirós y Acosta solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo miércoles cuando el juez militar determine si les inicia un nuevo juicio por los 134 homicidios que se les atribuyen.

Los informes obtenidos indican que los generales nunca fueron citados a declarar en la etapa de instrucción de la averiguación previa, es decir que se les negó el derecho de audiencia por parte del Ministerio Público Militar.

La investigación en su contra inició en noviembre del 2001, cuando la PGR turnó a la Procuraduría Militar una averiguación iniciada por denuncia de familiares de víctimas en Guerrero, entre ellos Guadalupe Gervacio Barrientos, tía de Lucio Cabañas, por la desaparición y la muerte de 60 personas.

Detienen también al mayor retirado Francisco Javier Barquín Alonso

La agencia Reforma informó este viernes que las declaraciones de un testigo militar protegido permitieron a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) fundamentar la acusación del homicidio calificado de 134 personas en contra de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo.

Explica que esta investigación se ha fortalecido con testimonios del personal militar que conoció de las actuaciones de los mandos acusados en la década de los 70, así como pruebas documentales e incluso periciales, según reveló el procurador castrense, general brigadier de justicia militar Jaime Antonio López Portillo Robles Gil.

En entrevista telefónica, el titular de la PGJM informó a Reforma que otro militar involucrado en esta investigación, el Mayor de Infantería (retirado) Francisco Javier Barquín Alonso, también fue detenido.

“La Procuraduría revisará todas las denuncias que reciba independientemente del tiempo transcurrido”, aseguró el general López Portillo.Añadió que, de acuerdo al Código Penal vigente en aquella época, los militares acusados podrían recibir condenas de 20 a 40 años por cada homicidio.Esta es la primera vez que un mando militar mexicano enfrenta acusaciones penales por hechos relacionados con la llamada guerra sucia del gobierno contra las organizaciones guerrilleras.Respecto a la posición de los generales, que en su comparecencia ante el Juzgado Tercero Militar, rechazaron los cargos y se negaron a declarar al respecto, el procurador militar dijo este viernes: “Están en su derecho de declarar o no”.