Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) denunciaron que el Poder Judicial del Estado tiene adeudos por 34 millones de pesos por concepto de las cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) en un corte que contabilizaron hasta diciembre del 2022.
En un documento enviado a los medios de comunicación, denunciaron que el Poder Judicial está sumido “en la peor crisis financiera, de corrupción, nepotismo y autoritarismo”.
Sostienen que de acuerdo a una investigación en la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como declaraciones de asociaciones de profesionistas, pruebas recabadas a través de transparencia, y denuncias de los propios trabajadores, la actual administración del Poder Judicial del Estado que encabeza el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez “es una de las peores”.
Refieren que de acuerdo a una reciente investigación que realizaron en la ASE, hasta el 31 de diciembre del 2022, el Poder Judicial tiene un adeudo de más de 34 millones de pesos al ISSSPEG, por concepto de retenciones de las cuotas a los trabajadores que no fueron transferidas a dicho organismo, “y todavía falta considerar las retenciones del 2023 con las que el adeudo ascendería a más de 60 millones pesos”, aclaran.
De acuerdo a los empleados “el fraude” involucra al presidente del TSJ Casarrubias Vázquez, al Director General Administrativo, Antonio Sebastián Ortuño; a la Directora de Recursos Humanos, Soraya Benítez Radilla, así como a la responsable de la Contabilidad, Erika Soraya Vélez, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura”.
Los empleados, quienes pidieron la omisión de sus identidades porque ya han sufrido sanciones administrativas y han sufrido represalias por su participación en movimientos laborales anteriores, denunciaron que el desorden administrativo es consecuencia del manejo irregular de los recursos del Poder Judicial.
“La contratación de personal; compadres, amigos, recomendados y familiares de los magistrados sin sustento presupuestal y con altos salarios, ha hecho impagable la nómina, afectando a los trabajadores con retraso en el pago de sus quincenas, descuentos en su aguinaldo y otras prestaciones, que se deberían entregar íntegras”.
Se quejan que el desorden financiero está afectando a los más de 3 mil trabajadores, debido a que sufrieron descuentos del 10 y hasta el 15 por ciento al concepto de la primera parte del aguinaldo, en tanto que la segunda emisión todavía no se las han pagado.
Explican que de acuerdo a los directivos del Tribunal, el gobierno del estado no ha transferido los recursos, pero explican que recurrieron a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) estatal y les aseguraron que se han entregado puntualmente los recursos.
“Alguien miente; la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o la del inepto Raymundo Casarrubias y sus cómplices del Consejo de la Judicatura, que no toman una sola decisión”, señalan.
Añaden que tampoco han recibido el bono decembrino “a pesar de que es un derecho fundamental e irrenunciable y debe ser entregado en tiempo y forma en un cien por ciento a los trabajadores, por el simple hecho de que el presupuesto anual autorizado, incorpora todos los incrementos al salario y prestaciones”.
Denuncian que, mientras tanto, la dirigencia del sindicato que los debería defender está “vendida” y “sometida”.
Señalan que su líder sindical, Margarita Sánchez Azabay, aceptó durante el paro laboral de octubre del año pasado, que les dieran de incremento salarial el 10 por ciento y no el 14 como exigían los trabajadores, debido a que ya había el antecedente de que el Ejecutivo Estatal autorizó ese porcentaje (el 14 por ciento) a sus trabajadores.
Refieren que las prestaciones que no han recibido los trabajadores podrían salir del Fondo Auxiliar de Administración de la Justicia, pero que este es una “caja chica del presidente y de ahí otorga jugosos bonos a quienes callan y a quienes lo apoyan, de ahí también se paga toda una serie de excesos y gastos superfluos de una vida que no corresponde a los tiempos de austeridad que pregona la Ejecutiva Estatal Evelyn Salgado Pineda”.
Informan que los recursos de este Fondo los administra la contadora Rosalinda Martínez Pastor, de quien dicen sería también la responsable del uso irregular del dinero.
Sostienen que el personal de las áreas jurisdiccionales (juzgados y salas) se quejan que llevan meses sin recibir material de oficina y tóner, “y la pregunta es ¿por qué no hay dinero para comprar?; la respuesta en los pasillos es que también hay saqueó de los recursos destinados para estos conceptos”.
Los trabajadores reprochan, asimismo, que en esta administración le quitaron el Fondo de Ahorro a todo el personal oficial administrativo, “este es otro duro golpe que Raymundo de manera abusiva, y sin dar ninguna explicación desapareció”.
“El saqueo de recursos públicos es más que evidente; no hay excusas para no haber cumplido con los compromisos que se tienen con los trabajadores, la mayoría han sido afectados en su salario y prestaciones, muchos tienen o tenían comprometido el dinero para pagar colegiaturas, comprar ropa, pagar un crédito, o simplemente ahorrarlo, es terrible la situación”, concluye el documento.