Alejandro Guerrero

Iguala

Luego de seis meses de la sentencia que por primera vez se dio contra el Estado mexicano por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la desaparición forzada de la joven Ivette Melissa Flores Román en Iguala, el gobierno de Guerrero se comprometió a apoyar su búsqueda a 10 años de los hechos.
La activista y madre de la joven, Sandra Luz Román Jaimes advirtió que no confía en las autoridades locales, pues en este hecho hubo participación de policías ministeriales que siguen en la corporación, además que es hostigada por efectivos de la Policía Estatal.
El 29 de noviembre de 2022 en la Ciudad de México, la CEDAW dio el informe de la resolución de este caso emblemático al cumplirse 10 años de la desaparición de Ivette Melissa, cuando tenía 19 años, hecho en el que se evidenció la participación de civiles armados con apoyo de policías ministeriales, municipales y de Tránsito.
En declaraciones por teléfono, la también presidenta del colectivo Madres Igualtecas, Sandra Luz Román informó que el martes en la Ciudad de México se realizó por primera vez desde que se emitió la sentencia, una mesa de trabajo con todas las instituciones de gobierno, a la que asistieron además de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Dijo que la mesa de trabajo para conocer los avances de esta sentencia contra el Estado mexicano estuvieron de CEDAW, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la organización Idheas que le ha dado acompañamiento, la FGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Indicó que todas las instituciones se comprometieron a apoyar a la búsqueda de su hija, pero advirtió que desconfía de las instituciones de Guerrero, “como fue el gobierno quien la desapareció, pues entonces cómo vamos a confiar. Yo sé que no tienen la culpa ellos (actual administración), pero cómo vamos a confiar o qué garantías de seguridad nos dan como familia para poder confiar en el estado”.
Señaló que en este encuentro solicitó la aparición “con vida o sin vida de mi hija, pero ya”. La activista reclamó que a 10 años de los hechos, y a pesar de que hizo las denuncias directas contra algunas personas que son plenamente identificadas que participaron en la privación de la libertad y desaparición de Melissa, “no hay un solo detenido”.
Mencionó que entre los acuerdos, está que se abrirán los juicios en contra de personas que han sido señaladas de su participación en este caso, entre los que se encontraba el ex comandante de la Policía Investigadora Ministerial de la FGE, Humberto Velázquez Delgado, asesinado el 16 de junio de 2021 en Iguala. Dijo que la Coidh quiere que se dé la decisión, de que los implicados entreguen a Ivette Melissa “viva o muerta”.
Puntualizó que en la reunión denunció que “todos los policías que participaron en la desaparición de mi hija, siguen en funciones, entonces cuál es el apoyo que el estado me va a brindar si están los mismos perpetradores que se llevaron a mi hija, eso lo puse sobre la mesa y partiendo de ahí, ya empezamos mal”.
También mencionó que hay un fiscal regional, que ahora está en Costa Chica, que es quien en ese tiempo como Ministerio Público giraba los oficios para que su hija se presentara a esa oficina por un problema legal que tenía del fuero familiar, mientras que en días pasados fue despedido un Ministerio Público que llevaba las investigaciones, “algo esconden”.
También denunció que hay predios en los que tienen interés de ingresar a realizar exploraciones para buscar fosas clandestinas, pero estos los tiene la Fiscalía estatal que niega el acceso a los colectivos.
La activista denunció hostigamiento de policías estatales, y mediante un video que compartió y que fue grabado con cámaras de circuito cerrado de su casa, se observa que la tarde del martes cuatro policías estatales en tres patrullas llegaron directo al automóvil de la activista estacionado en la calle, lo revisan y le toman fotografías. El hecho lo denunció ante Derechos Humanos.