Aún con la militarización de las calles, el Estado falló en garantizar la justicia a las mujeres, los jóvenes, y en general a todos los sectores de la sociedad, denunció la investigadora de la UAG, Rosa Icela Ojeda Rivera.
Añadió que pese a la militarización en Acapulco por marinos, el municipio tiene la tasa más alta de feminicidios que no se han podido resolver,  y en los últimos 20 años Guerrero está entre los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres. “Se puso alerta en ocho municipios, están bien, pero (faltan) 20 que están en línea roja y 47 arriba de la media nacional”.
Asimismo, la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, Marina Reyna Aguilar indicó que además de Chilapa hay varios municipios donde aumentaron los asesinatos de mujeres  en los últimos meses, según su seguimiento de casos a  partir de notas periodísticas.
Ambas coincidieron en que los 19 millones de pesos destinados para las acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el presupuesto de egresos de 2018 es  poco, y que todos los fondos etiquetados en la administración estatal tendrían que estarse aplicando con perspectiva de género.
Aunque hay lineamientos federales para que todo el ejercicio del presupuesto se haga con perspectiva de género, Reyna Aguilar  aclaró que los gobiernos estatal y municipales no lo entienden, “hay una laguna muy grande en administración pública, los administradores financieros piensan que el recurso que ejerce la Semujer es para la mujeres, y lo demás para la población en general, sin criterios para atender las necesidades  de hombres y mujeres”.
Las especialistas fueron consultadas vía telefónica, respecto de las muertes de dos estudiantes universitarias en Acapulco, una originaria de la Montaña, así como de la desaparición dos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que reveló el rector Javier Saldaña Almazán, y sobre su opinión del  financiamiento de la AVG en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado aprobado el viernes en el Congreso local.  Los 19 millones fueron  etiquetados para la Secretaría de Gobernación (Segob), coordinadora del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.
Reyna Aguilar aclaró que aún no saben cómo se va a distribuir el dinero, pero estimó que será para las acciones inmediatas del programa de la AVG que se envió a la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que las representantes de la sociedad civil  en las comisiones de seguimiento aún esperan conocer a detalle. Sin embargo, opinó que el dinero se ocupará principalmente para  capacitación  y la construcción del Banco Estatal de Datos de información sobre la violencia hacia las mujeres. Advirtió que a la fecha Guerrero  no está aportando información al Banco Nacional de Datos .
Agregó que siendo secretaria de la Mujer, Rosario Herrera, se modificó la ley para que la entonces Procuraduría del Estado, ahora Fiscalía General, se encargara de la coordinación del Banco de Datos, que corresponde a la  Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Reconoció que hubo un avance porque en la primera versión del programa el gobierno propuso 3 millones para el último trimestre del año. Ahora hablan de 19 millones para 2018.
Adelantó que a un año de la declaratoria, la federación definirá si retira o mantiene la alerta en la entidad, y no va a ocurrir en el estado porque  han pasado seis meses de la declaratoria y se sigue socializando el plan de trabajo con las acciones emergentes para la protección de las mujeres.
Señaló que en cuatro días ocurrieron cinco asesinatos de mujeres y hay municipios donde vale la pena proponer la ampliación de la alerta como Zumpango, Xochistlahuaca y San Luis Acatlán, según el monitoreo de los medios, pero debe sustentarse.
“Ellos quisieran que no dijéramos nada, pero estamos viendo que las muertes de mujeres se incrementan en Costa Chica, en la Montaña y Acapulco” declaró.
Asimismo, Ojeda Rivera , investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la UAG, reconoció que el presupuesto de la AVG es poco porque 47 municipios de Guerrero tienen tasas arriba de la media nacional en asesinatos de mujeres. Subrayó que todos los casos pueden señalarse como feminicidios mientras la autoridad judicial no establezca lo contrario.
Ante la excusa de las autoridades que vinculan la mayoría de los delitos con la delincuencia organizada, aclaró que puede haber un lugar donde operan los grupos delictivos, sin embargo ellos (las autoridades) están para resolver, no para explicar el problema. “¿Qué hace el fiscal Javier Olea Peláez para detener este problema? No hay manera de disimular los datos”, Cuestionó.
Recordó que desde 2005 ha señalado los asesinatos impunes de mujeres, y  ratificó como “gravísima la falla del estado de derecho”, no hay una semana que no tengamos hombres y mujeres asesinadas, y 2017 es el año con más mujeres desaparecidas, y sino se les encuentra en las primeras 24 horas crece el riesgo de que aparezcan asesinadas.
Reconoció la aplicación de protocolos en casos de mujeres y niñas desaparecidas, pero no están funcionando, “no basta la difusión de una alerta de desaparición en  internet, sino hay personal para  hacer la búsqueda”.