Al cumplirse 40 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de tres de ellos en esta ciudad, padres alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y organizaciones que los acompañan marcharon, colocaron ofrendas florales e hicieron mítines en las estelas en su memoria.
Reiteraron la exigencia de justicia, presentación de los jóvenes desaparecidos y castigo a todos los involucrados.
En declaraciones al término de las actividades que duraron más de 3 horas, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que el hecho de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo va a eximir de responsabilidades ni de castigo, al igual que a sus funcionarios, porque lo que ocurrió es un crimen de Estado y de lesa humanidad.
Anticipó que al gobierno que llegue la exigencia de los padres va a ser la misma, con la probabilidad de que haya mayor facilidad de investigación en contra de los que dejen el poder para acceder a la verdad.
Unos 100 padres, normalistas y miembros de organizaciones sociales y de maestros llegaron a la estela en Ciudad Industrial, que se puso en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, una hora después inició la actividad programada con una oración del integrante del Movimiento Misionero Itinerante, José Filiberto Velázquez. Bendijo la estela, se colocó una corona de flores y se encendió una veladora.
En el mitin en ese lugar la madre de un normalista desaparecido advirtió al gobierno federal que seguirán buscando a sus hijos “porque es lo único que tenemos, porque son nuestro tesoro. Nunca vamos a dejar esta lucha ni nos vamos a rendir hasta encontrarlos”.
Agregó que no sienten que sus hijos estén muertos y reclamó, “estamos exigiéndole a este maldito gobierno que ya nos dé respuesta, y si dicen que están muertos que nos den las pruebas. Vamos a andar hasta encontrar a los 43, no importa que dejemos a nuestras familias”.
Una hora después el contingente salió en marcha hacia el periférico Norte, recorrió unos 500 metros sobre la carretera a la esquina de Juan Álvarez donde ocurrieron dos de los ataques más violentos en contra de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, perpetrado por policías municipales y civiles armados que dejó a dos estudiantes ejecutados, cerca de 26 lesionados y varios desaparecidos.
En el segundo mitin el representante de los padres, Melitón Ortega reiteró su exigencia de que se investigue, se castigue y se juzgue a todos los políticos y funcionarios señalados de complicidad y omisión en el caso.
Señaló al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por su responsabilidad y omisión, “ya que de haber actuado en tiempo y forma no hubiera pasado lo que hoy estamos viendo, por eso señalamos a Ángel Aguirre Rivero como responsable y hoy exigimos castigo para él”.
Demandó una investigación en contra del ex procurador Iñaky Blanco Cabrera, “quien había recibido una suma de dinero de mano de Guerreros Unidos para liberar a policías que estaban vinculados, que estaba trabajando con la delincuencia”.
Además de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ya que tuvo en sus manos todas las evidencias de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, y cuando la PGR le solicitó la información desapareció las evidencias.
Exigió una investigación en contra del secretario de Seguridad en Guerrero y del encargado de la Policía Federal en el estado, además que a nivel federal se debe investigar y sancionar al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por fabricar evidencias y desviar las investigaciones.
Denunció también a jueces de Matamoros que no han liberado las órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Huitzuco ni de policías federales que según una de las líneas de investigación participaron en la desaparición de los jóvenes que iban en el quinto autobús, retenido cerca del Palacio de Justicia.
Una madre denunció que hay varios detenidos por el caso, como el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, “pero no se les ha investigado qué hicieron con nuestros hijos”. Llamó a la gente de Iguala a que no hagan oídos sordos a 40 meses de dolor y de lucha para buscar a sus hijos.
El padre de otro de los jóvenes desaparecidos, don Emiliano se sumó a la exigencia de que se castigue a los verdaderos culpables y en su caso que se libere a los que sean inocentes, y que fueron torturados para declararse responsables de este hecho.
Señaló que el Ejército es el responsable de crear esta situación de miedo en Guerrero para que la gente no denuncie, y que los verdaderos delincuentes “son ellos mismos, los de corbata que están en Los Pinos, en el estado y en los municipios”.
Felipe de la Cruz dijo que no pueden guardar silencio ante una de las escenas de mayor crueldad que se ha vivido en la historia del país. Pidió a las organizaciones y a la población que no los dejen solos en su camino en busca de la verdad y de justicia, así como del castigo para todos los involucrados en este crimen.
En declaraciones advirtió que el hecho de que termine el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, no significa que se vaya a eximir de responsabilidades y de castigo, al igual que sus funcionarios, por tratarse de un crimen de Estado y de lesa humanidad.
Adelantó que al gobierno que llegue y quede la exigencia de los padres va a seguir siendo la misma, y consideró que con la nueva administración podría haber mayor facilidad de investigación en contra de todos los involucrados porque ya no van a tener poder “y eso nos podría facilitar más el camino a la verdad”.
Al hecho de que muchos de los funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto están buscando cargos de elección popular, señaló que es una muestra de que no les interesa el dolor de los mexicanos ni lo que está pasando, sino seguirse enriqueciendo y vivir de los impuestos.
De la narcomanta dejada en el cuerpo de un militar del 27 Batallón de Iguala ejecutado a balazos y torturado en Tepecoacuilco, donde se señala a mandos del Ejército de recibir dinero del narco, Felipe de la Cruz dijo que confirma y reafirma su denuncia en contra del 27 Batallón de Infantería de que participó en los ataques, lo que destapó la podredumbre de todas las instituciones “y si se les señala de nexos y de que reciben dinero, se comprueba que hay mucha responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa, en otros casos de desapariciones y crímenes cometidos en Guerrero”.