Zacarías Cervantes

Tixtla

Las agresiones al movimiento social en Guerrero encontraron su punto neurálgico en la Normal de Ayotzinapa, porque el Estado la ve como un peligro para sus proyectos mineros y reformas estructurales, dijo anoche el coautor del libro La guerra que nos ocultan, Félix Santana, durante la presentación que fue parte de las actividades del nonagésimo primer aniversario de la escuela.
El investigador insistió en que hubo participación directa del Ejercito en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De lo contrario, pidió, que explique por qué robaron y mantuvieron activo el celular de Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue desollado del rostro, hasta abril de 2015 y mediante el rastreo de las llamadas se pudo comprobar que tuvieron el aparato en el Campo Militar número Uno, de la Ciudad de México.
De ambos temas se habla en el libro La guerra que nos ocultan, editado por Planeta, de los autores, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, quienes documentaron los registros de actividades telefónicas posteriores al asesinato de Mondragón Fontes, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con lo que demostraron que sí participó el Ejército.
Félix Santana destacó que la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa forma parte de las agresiones al movimiento social en Guerrero, y que encontró en Ayotzinapa el punto neurálgico porque aquí coinciden todos los movimientos sociales. Advirtió que estas agresiones no han terminado, “esto se va a poner peor en los próximos días”, porque están en proceso reformas a cuatro leyes, para lo que han generado todo un “entramado institucional”.
Detalló que han modificado la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional que permite a la Presidencia de la República decretar un Estado de excepción en zonas específicas del territorio, y prohibir las libertades de prensa, de expresión y de reunión.
Otra modificación al marco jurídico es el Código de Justicia Militar, que legaliza los patrullajes de la Marina y el Ejército, los cateos a domicilios particulares, instituciones como ayuntamientos, palacios de gobierno, instituciones electorales, “con lo que estamos ante la posibilidad de un golpe militar”, expuso.

Añadió que otra reforma es la ley del uso de la fuerza pública que se aprobó en el Estado de México y que consiste en que, si un jefe policiaco determina que una movilización es ilegal puede utilizar municiones y armamento letal para detenerla. “Es decir nos pueden matar por manifestarnos”, destacó.
También citó la modificación en el Senado de la República a la Ley Orgánica de la Administración Pública para otorgarle a la Secretaría de Marina que controle toda la zona costera del país, “es decir, que en 263 municipios de la zona costera, las fuerzas armadas podrán controlar, particularmente la Marina a partir de la modificación que hicieron a dicha ley”.
Dijo que, “el Estado ha aprovechado su poder para militarizar el país, estamos hablando de la brutalización de la política, y en donde el Estado impone su fuerza”.
Explicó que eso ocurre porque estamos desarticulados como pueblo, e incluso como organizaciones sociales, “la razón es que obedecemos a un modelo neoliberal que nos obliga a ser individualista y a competir, a consumir en lugar de pensar, que te exige a que la educación sea un servicio y no un derecho”.
Al final, el otro autor presente, Miguel Alvarado mostró una secuencia fotográfica con la que sustentan que Mondragón Fontes fue desollado y torturado vivo por sus victimarios, la noche del 26 de septiembre de 2014, quienes además lo despojaron de su celular, la misma noche que lo mataron y lo mantuvieron activo hasta abril de 2015.
Con ello sustentan la participación del Ejército, porque el aparato fue ubicado en las instalaciones del Campo Militar número Uno.
En la presentación estuvieron la esposa de Mondragón Fontes, Marissa Mendoza, y el tío del joven estudiante, Cuitláhuac Mondragón, quien dijo que los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos tienen el derecho a conocer la verdad, “tenemos derecho a que se haga justicia y esto implica castigo a los culpables, físicos e intelectuales”.
Añadió que también tienen derecho a una reparación del daño, pero no como el Estado pretende, “que es al revés”, si no como lo establecen los estándares internacionales.
El tío de Mondragón Fontes, quien es egresado de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, convocó a los estudiantes a seguir difundiendo pláticas como estas para concientizar a la gente.
Pidió que la lucha por la justicia no sea aislada, “porque no solamente es de Ayotzinapa, ni tampoco sólo de las organizaciones sociales, es una lucha de toda la humanidad porque es un crimen de lesa humanidad”.
Añadió que la lucha debe enfocarse para la no repetición de casos como estos, “porque desgraciadamente, el Estado le está apostando a que se repita y que el caso quede en la impunidad, lo que implicaría que ya no va a pasar nada, nos hagan lo que nos hagan”.