Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, hicieron ayer una búsqueda de fosas cerca del basurero de Cocula, donde un guía les indicó que podría haber entierros clandestinos, sin embargo no encontraron nada.
Mario Vergara, uno de los integrantes del comité, dijo que el gobierno les da seguridad a “medias” pues sólo le envía tres o cuatro agentes federales para cuidar al grupo de búsqueda de entre 15 y 20 integrantes, “un día nos van a matar a todos” expresó.
El comité que surgió en noviembre de 2014 tras la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, ha hallado en 16 meses unas 90 fosas clandestinas en las que los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) han exhumado 132 cadáveres, pero la dependencia solamente ha identificado y entregado 15 cuerpos a sus familiares.
En la jornada de búsqueda de ayer, un guía anónimo llevó al grupo de 15 buscadores de fosas clandestinas del comité a una zona ubicada junto al basurero de Cocula, donde según la versión oficial de la PGR fueron asesinados y calcinados los 43 normalistas de Ayotzinapa tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad.
La versión del guía habitante de Cocula es que esa zona había indicios de la presencia de cuerpos, sin embargo los familiares excavaron 20 probables entierros y no hallaron nada.
Consultado vía telefónica por la noche, el integrante del comité que ha encabezado las búsquedas de entierros clandestinos, Mario Vergara, informó que el grupo de búsqueda excavó en varios puntos en los que había características de fosas clandestinas pero los resultados fueron negativos.
Informó hacen las búsquedas mediante reportes anónimos, a pesar del riesgo que eso implica y con el único interés de localizar los restos de sus familiares, “no buscamos culpables ni queremos saber quién hizo eso, sólo queremos hallar a nuestros familiares, y donde nos digan que hay fosas vamos a ir a buscar”.
El integrante del comité denunció que el gobierno federal ha incumplido con las medidas de seguridad y las recomendaciones que emitieron las dependencias de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y más de cinco organizaciones defensoras que hicieron al estado mexicano en una reunión el 21 de enero.
Asimismo denunció que no han enviado a las búsquedas al agente del Ministerio Público federal y al paramédico que formaba parte de los acuerdos firmados con el gobierno federal, y sólo han cumplido con el envío de una camioneta con chofer y gasolina que el gobierno estatal dispone para los familiares.